Mostrando entradas con la etiqueta Ley de Dependencia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Ley de Dependencia. Mostrar todas las entradas
20 diciembre 2010
30 julio 2010
Cambio ubicacion del blog
Hola a todos,
Hemos cambiado de ubicacion este blog, para poder centralizar todas las noticias y actividades del sector.
Ahora puede encontrarnos en:
Hemos cambiado de ubicacion este blog, para poder centralizar todas las noticias y actividades del sector.
Ahora puede encontrarnos en:
Os esperamos a todos allí.
05 julio 2010
Madrid contará con un nuevo centro de Atención Integral para Adultos con Discapacidad Intelectual.
La construcción y puesta en marcha es posible gracias a la firma de un convenio de colaboración entre la Fundación Síndrome de Down de Madrid y Obra Social Caja Madrid, a través de su programa de construcción de Centros Singulares
- Obra Social Caja Madrid aporta 3 millones de euros para su construcción
- El centro promocionará y facilitará el desarrollo del bienestar personal y social de personas adultas con discapacidad intelectual y sus familias, desde los 18 años
Como resultado de las mejoras establecidas desde hace años tanto en la atención temprana a personas con discapacidad intelectual, como en su formación para lograr la mejora en sus habilidades y, por tanto, en su calidad de vida, se ha observado un paulatino incremento en su esperanza de vida.
En muchos casos este aumento en la edad viene, sin embargo, acompañado de un deterioro físico y/o pérdida de capacidades o habilidades más acentuado que en personas no afectadas. En el caso de edades avanzadas se hace más evidente la necesidad de recursos que apoyen a las familias o incluso suplan su labor, ya que habitualmente las tareas propias del cuidado o supervisión recaen sobre los padres que pueden no encontrarse en condiciones de cuidar a su hijo/a.
Para dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual adultas y a sus familias, la Fundación Síndrome de Down de Madrid (FSDM) y Obra Social Caja Madrid, a través de su programa de construcción de Centros Singulares, han firmado esta mañana un acuerdo de colaboración para la construcción de un nuevo centro de Atención Integral para Adultos con Discapacidad Intelectual (CAIA), que gestionará dicha Fundación y para el cual Obra Social Caja Madrid aporta 3 millones de euros.
El acuerdo, que afianza las buenas relaciones entre ambas partes, ha sido suscrito por la directora gerente de Obra Social Caja Madrid, Carmen Contreras, y la presidenta de la FSDM María Barón.
El nuevo centro se ubicará en el distrito de Fuencarral-El Pardo, zona de Tres Olivos, en una parcela de 12.000 metros cuadrados cedida a la entidad a través del plan ‘Red de Suelo Solidario’ del Ayuntamiento de Madrid.
El proyecto CAIA, que ofrecerá, en total, más de 800 plazas entre todos sus servicios y actividades, tiene como objetivo atender a personas adultas con discapacidad intelectual desde su momento de inicio en la etapa adulta, a los 18 años, hasta la tercera edad; cubriendo una variedad de necesidades diversas y cambiantes a lo largo del tiempo. Para ello, se compondrá de tres unidades funcionales de atención directa: Centro de Día, Centro Residencial y Centro Ocupacional.
El Centro de Día dará servicio a usuarios mayores de 18 años gravemente afectados o con un alto nivel de dependencia, así como a personas con discapacidad intelectual cuyo envejecimiento limite progresivamente sus capacidades funcionales.
El Centro Ocupacional, ayudará a los usuarios que se incorporen a la etapa adulta a desarrollar competencias adaptativas y conceptuales que faciliten su inserción laboral por una parte, y a mantener capacidades a aquella personas que, una vez integradas laboralmente, por la pérdida de alguna de sus facultades debido a su envejecimiento se ven forzadas a abandonar el entorno laboral.
Además, se llevará a cabo una extensa programación de actividades complementarias.
Programa de construcción de Centros Singulares Obra Social Caja Madrid
Obra Social Caja Madrid puso en marcha en el año 2008 este programa de colaboración en la construcción de Centros Singulares destinados a la atención de personas con discapacidad y en situación de desigualdad o riesgo de exclusión social.
Dicho programa pretende complementar las actuaciones que se llevan a cabo a través de las Convocatorias de Ayudas a Proyectos Sociales. Los proyectos se han llevado a cabo en colaboración con las Administraciones Públicas y entidades sin fin de lucro (centros en colaboración), o únicamente con las Administraciones Públicas (centros propios).
Con estas intervenciones singulares se pretende generar infraestructuras y recursos permanentes que permitan el desarrollo de actuaciones para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, así como la reinserción en la sociedad de las personas en situación de exclusión social, recuperando y/o manteniendo el mayor grado de independencia funcional y de autonomía personal y asegurando la plena integración de los más necesitados en la sociedad.
A través de este programa se están construyendo, entre otros, un Centro de Alojamiento y Tratamiento para personas sin hogar en colaboración con Fundación RAIS, un Centro de Rehabilitación y Comunidad Terapéutica para personas drogodependientes con la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos y un Centro Ocupacional destinado a personas con discapacidad intelectual con Fundación Prodis y un Centro de Recursos.
FSDM
La Fundación Síndrome de Down de Madrid se creó en 1989 como una entidad sin ánimo de lucro que actúa en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Madrid. Su misión es: promover, desarrollar y potenciar todo tipo de actividades encaminadas a la plena integración familiar, escolar, laboral y social de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, con el fin de mejorar la calidad de vida de este colectivo y sus familias.
OBRA SOCIAL CAJA MADRID
Obra Social Caja Madrid colabora con distintos proyectos como apoyo a distintos colectivos de personas con discapacidad. Estos proyectos contemplan el apoyo a acciones dirigidas a promover su autonomía, sin olvidar la atención a sus familias.
Concretamente, ha colaborado en diferentes proyectos con la Fundación Síndrome de Down de Madrid, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y autonomía personal de las personas con Síndrome de Down y sus familias. Entre los apoyos más destacadas se encuentra la mejora y rehabilitación de centros con el objeto de mejorar las condiciones de los afectados, realización de cursos de Informática para niños y jóvenes con Síndrome de Down en La Casa Encendida y la colaboración en el Concurso Internacional de Pintura y Dibujo desde el año 1999.
13 mayo 2010
El Gobierno cifra en 670 millones el ahorro en dependencia y en 300 el de gasto farmacéutico
El Gobierno calcula que el recorte que ha anunciado este miércoles el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Pleno del Congreso de los Diputados en materia de dependencia supondrá un ahorro de 670 millones de euros para las cuentas públicas, mientras que la rebaja del gasto farmacéutico conllevará un ahorro de 300 millones de euros, según han informado fuentes del Ejecutivo socialista.
Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Zapatero ha afirmado que se eliminará la retroactividad en la aplicación de la Ley de Dependencia, es decir, no se pagarán los meses que han transcurrido desde que el dependiente presentó la solicitud hasta que le fue concedida.
A cambio, el Gobierno central se compromete a adjudicar la prestación a aquellos dependientes que la soliciten "en un plazo máximo de seis meses". El Ejecutivo defiende que esta medida no sólo permitirá un "importante ahorro" sino que además "incentivará la solicitud de servicios", lo que, a su vez, generará empleo.
Durante su turno de réplica, el presidente ha explicado que la medida busca que los recursos del Estado y de las comunidades autónomas se dediquen "preferentemente a la asistencia, a la contratación de cuidadores, y, por tanto, al empleo".
ADMITE "LIMITACIÓN" DE DERECHOS
"Es cierto que ahora limitamos algunos derechos en relación con la dependencia, pero permítanme recordar que este Gobierno es el que ha puesto en marcha el derecho social a la dependencia" a través de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Zapatero ha admitido que ahora se propone "una limitación" a la norma, pero asegura que es "imprescindible para el ahorro". En cualquier caso, ha destacado que "ningún Gobierno había hecho ningún esfuerzo en favor de la dependencia".
En este misma línea, el Gobierno sostiene que cuando entre en vigor esta medida se atenderán a más personas en situación de dependencia, porque una parte importante de los recursos que ahora están destinándose al pago de la retroactividad se dedicarán al pago de estos servicios. Los derechos de retroactividad que ya se hayan generando podrán pagarse en un plazo máximo de cinco años.
Por otro lado, el presidente anunció planes para reducir el gasto farmacéutico logrando un consumo de medicamentos más eficiente y vinculado a las necesidades reales de los pacientes. Así, se adecuará el número de unidades de los envases de los medicamentos a la duración de los tratamientos, pudiendo dispensarse los medicamentos en unidosis, de acuerdo a las indicadores de la comunidad científica.
De este modo, sostiene el Gobierno de Zapatero, el paciente podrá comprar así la cantidad exacta de unidades que necesite el paciente para cumplir con el tratamiento indicado por su médico. Las medidas en este ámbito supondrán un ahorro de 300 millones.
04 mayo 2010
Los pleitos por la ley de dependencia, en la jurisdicción social
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) aconseja plantear ante la jurisdicción social los pleitos por la Ley de Autonomía Personal y Dependencia, a partir de la consideración de Torcuato Recover, miembro de la Red de Defensa Legal de la Discapacidad del Cermi, en relación a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña.
La reciente sentencia supone el reconocimiento del derecho del demandante a que su Programa de Atención Individual (P.I.A.) consista en una prestación de cuidador no profesional, con efectos económicos desde la fecha en que se implantó la Ley de Autonomía Personal y Dependencia (1 de enero de 2007), y no desde la fecha en que el actor interpuso la demanda.
Asimismo, se falla el abono de la prestación correspondiente al periodo comprendido entre la fecha en que se implantó la Ley de Autonomía Personal y Dependencia y la que el demandante solicitó al Institut Catalá d’Assitència i Serveis Socials el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a los servicios y prestaciones correspondientes.
En este sentido, la sentencia constituye un refrendo de la posición que el movimiento asociativo ha sostenido con respecto a la Ley de Autonomía Personal y Dependencia.
“Ratifica la procedencia del criterio propuesto en su día por el Cermi de que se solicitase el reconocimiento y las prestaciones desde la entrada en vigor de la Ley, sin que, como reconoce aquella resolución, la efectividad de los derechos que la misma confirma quedase subordinada a la existencia de impresos, ni a la regulación específica de su tramitación”.
Otra de las razones que presenta la plataforma para demostrar que esta sentencia revalida su postura es que ésta ha sido dictada en la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña, “lo que evidencia que la posición mantenida por el Cermi, respecto de la que la jurisdicción social debe ser la que conozca las acciones que se ejerciten en relación con los derechos a la aplicación de la Ley, no sólo es correcta, si no que es la más atinada”.
Según lña institución, “es interesante comprobar que ni aún la propia Generalitat cuestiona en ningún momento del proceso, la competencia de la Jurisdicción Social para conocer de la pretensión en la que se solicitaban acciones básicas derivadas de la aplicación de la Ley: el reconocimiento de la situación de dependencia y la determinación de la prestación procedente”.
Por ello, asegura que “lo que hace esta sentencia es mostrar lo adecuado de nuestro planteamiento y, por otro lado, nos permite esbozar una posible estrategia para conseguir nuestro objetivo: podríamos aconsejar que todas las demandas o reclamaciones que se generen en la aplicación de la Ley, se presenten ante la jurisdicción social, obligando así a que los Juzgados de tal ámbito se pronuncien sobre su competencia”.
La reciente sentencia supone el reconocimiento del derecho del demandante a que su Programa de Atención Individual (P.I.A.) consista en una prestación de cuidador no profesional, con efectos económicos desde la fecha en que se implantó la Ley de Autonomía Personal y Dependencia (1 de enero de 2007), y no desde la fecha en que el actor interpuso la demanda.
Asimismo, se falla el abono de la prestación correspondiente al periodo comprendido entre la fecha en que se implantó la Ley de Autonomía Personal y Dependencia y la que el demandante solicitó al Institut Catalá d’Assitència i Serveis Socials el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a los servicios y prestaciones correspondientes.
En este sentido, la sentencia constituye un refrendo de la posición que el movimiento asociativo ha sostenido con respecto a la Ley de Autonomía Personal y Dependencia.
“Ratifica la procedencia del criterio propuesto en su día por el Cermi de que se solicitase el reconocimiento y las prestaciones desde la entrada en vigor de la Ley, sin que, como reconoce aquella resolución, la efectividad de los derechos que la misma confirma quedase subordinada a la existencia de impresos, ni a la regulación específica de su tramitación”.
Otra de las razones que presenta la plataforma para demostrar que esta sentencia revalida su postura es que ésta ha sido dictada en la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña, “lo que evidencia que la posición mantenida por el Cermi, respecto de la que la jurisdicción social debe ser la que conozca las acciones que se ejerciten en relación con los derechos a la aplicación de la Ley, no sólo es correcta, si no que es la más atinada”.
Según lña institución, “es interesante comprobar que ni aún la propia Generalitat cuestiona en ningún momento del proceso, la competencia de la Jurisdicción Social para conocer de la pretensión en la que se solicitaban acciones básicas derivadas de la aplicación de la Ley: el reconocimiento de la situación de dependencia y la determinación de la prestación procedente”.
Por ello, asegura que “lo que hace esta sentencia es mostrar lo adecuado de nuestro planteamiento y, por otro lado, nos permite esbozar una posible estrategia para conseguir nuestro objetivo: podríamos aconsejar que todas las demandas o reclamaciones que se generen en la aplicación de la Ley, se presenten ante la jurisdicción social, obligando así a que los Juzgados de tal ámbito se pronuncien sobre su competencia”.
03 mayo 2010
Gasto social o inversión social
La expresión gasto social sugiere que todo recurso que se destina a ello debe considerarse a fondo perdido. No se justifica en rentabilidades de carácter económico o productivo, sino en valores de solidaridad o la necesidad de cohesión social. Estas consideraciones adquieren más relevancia cuando se trata de atender a las personas más necesitadas, por sus dificultades de autonomía personal, de convivencia familiar o de integración social.
No sólo falta dinero para la dependencia, falta control
Aunque en situaciones de crisis tan acusada como la actual, la solidaridad con los más necesitados o la apuesta por la cohesión social tienen un límite, pues como todo el mundo sabe, la capacidad de gasto de una sociedad tiene que estar acorde con su capacidad para generar riqueza. Es, ni más ni menos, la cuestión de la sostenibilidad del gasto social. Por eso, a la hora de asignar recursos a gasto social, hay que ser cautos para no superar el límite que lo haga insostenible.
Otra cosa es si se trata de inversiones. De una inversión se espera rentabilidad en forma de empleo, riqueza, desarrollo tecnológico y bienestar. En época de crisis nadie cuestiona la necesidad de destinar el máximo de recursos a inversiones productivas.
Pues bien, en época de crisis también es necesario revisar paradigmas que se fraguaron en el modelo económico y social afectado. Uno de ellos es el concepto de gasto social, que debe ser sustituido por el de inversión social. Porque sólo así podrán aflorar nuevas oportunidades de desarrollo, tan necesarias para superar la crisis con un nuevo modelo productivo.
Los servicios sociales constituyen actualmente una gran oportunidad inversora. Más aún, con la implantación del Sistema para la Atención a la Dependencia. Son soporte imprescindible para el desarrollo económico, proporcionando protección social adecuada a las nuevas formas de vida y convivencia personal y familiar, y para prevenir la marginación y favorecer la cohesión social, sin la cual no puede existir un desarrollo sostenible.
Las nuevas formas de producción han hecho saltar por los aires los antiguos modelos de vida familiar, trasladando a la responsabilidad pública responsabilidades y cuidados que antes se satisfacían en la familia. Servicios para el cuidado de los menores, de las personas mayores y en situación de dependencia, resultan imprescindibles actualmente para que la sociedad desarrolle todo su potencial productivo, especialmente para la incorporación plena de las mujeres, superando su tradicional vinculación a los cuidados de esas personas en el ámbito familiar.
Pero la capacidad de los servicios sociales para incidir en el desarrollo económico también puede medirse en términos de sector productivo, con incidencia directa en la generación de empleo y riqueza.
Podríamos recordar el efecto que desde los años 80 tiene sobre el sector turístico los viajes de la Tercera Edad que, junto a la eclosión de actividades para personas mayores, ha hecho aflorar un importantísimo sector de consumo cada vez más potente.
Pero si un elemento es hoy relevante en este sentido, es la implantación de los servicios del catálogo de la Ley de Dependencia: La memoria económica de esta Ley consideraba que supondría un punto del PIB una vez que se encontrara plenamente desarrollada. Y valoraba su incidencia directa sobre el empleo en unos 300.000 puestos de trabajo.
Bien es cierto que, hasta el momento, la sobredimensión de las prestaciones económicas sobre los servicios (en una proporción aproximada de 6 a 4), hace difícil alcanzar ese objetivo. Pero el potencial sigue intacto, esperando que las cosas en este sentido puedan cambiar.
La capacidad de generar empleo y riqueza vinculada a la autonomía personal y la protección de la dependencia, no sólo está en la atención a estas personas, sino en la innovación y desarrollo tecnológico: la domótica, la robótica, las nuevas tecnologías de la comunicación... ofrecen en este nuevo escenario de protección una oportunidad importante de desarrollo de I+D+I.
La implantación de servicios sociales para la protección a la dependencia es también oportunidad de racionalizar el gasto sanitario, con alternativas de menor coste y socialmente más eficaces. Los cuidados paliativos o la rehabilitación cuestan más del doble en un hospital que en un centro residencial, en condiciones más favorables para la persona y sus familiares, y sin merma de los cuidados sanitarios.
Otra forma de ahorro en el gasto sanitario, sería gestionar el consumo de fármacos en las residencias para mayores, desde la provisión directa por parte del servicio de farmacia de hospitales públicos de referencia.
Y no es en absoluto retórico afirmar que promover la actividad y la convivencia en las personas mayores, contribuye a reducir su consumo de servicios y productos sanitarios, con el consiguiente ahorro para el sistema. De la misma manera, servicios que promueven sus cuidados, la prevención del deterioro de sus capacidades, la higiene, la correcta alimentación..., contribuyen a mejorar su salud y a reducir, en consecuencia, el gasto sanitario. Invertir en servicios sociales puede resultar rentable en términos de reducción del gasto sanitario.
Como todo sector productivo, los servicios sociales necesitan gestionar sus estructuras con racionalidad y adaptarse a las nuevas condiciones. Se impone una profunda reconversión, uno de cuyos principales retos es conjugar la responsabilidad pública, como garante del nuevo escenario de derechos subjetivos, con la necesaria inversión privada para crear y gestionar dispositivos que los hagan posible.
Facilitaría mucho las cosas la existencia de un marco normativo estatal, ante la fragmentación que se deriva de las competencias autonómicas en la materia. Y un papel más activo del Ministerio de Sanidad y Política Social para liderar acuerdos con las comunidades para el desarrollo de la Ley de Dependencia y de los servicios sociales de los ayuntamientos, cuyas dificultades económicas los hacen inviables sin el apoyo de sus Comunidades y del Ministerio. Sin embargo, el Plan Concertado, instrumento para esta cooperación, que nació en los años 80, languidece tanto por la congelación de la financiación estatal como por la falta de liderazgo técnico capaz de lograr algo tan elemental como un sistema de información homogéneo.
No va a ser fácil esta reconversión de los servicios sociales. Pero es imprescindible. De ello depende su supervivencia y el desarrollo de todo su potencial. Es tiempo de crisis. Tiempo de oportunidades.
Fuente: GUSTAVO GARCÍA HERRERO es experto en gerencia de servicios sociales y director de la residencia geriátrica municipal de Zaragoza.
30 abril 2010
“La ley de dependencia es una gran conquista social, pero requiere un compromiso político diario”
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, asegura que “la ley de autonomía personal es una de las mayores conquistas sociales de los últimos 20 años, pero “requiere un compromiso político diario”.
Así lo asegura en el periódico ‘cermi.es’, órgano de expresión del Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad, Cermi, en una entrevista publicada en su número del mes de mayo.
De la Vega considera que “la Ley tiene aún mucho camino por recorrer, hasta 2015”, pero para su despliegue necesita “el compromiso, la coordinación y la cooperación de las comunidades autónomas”. Un compromiso político diario que “en ocasiones no hemos visto correspondido por algunas administraciones”, sentencia.
EMPLEO Y CRISIS ECONÓMICA
En el ámbito laboral, De la Vega asevera que “la recuperación económica española también pasa necesariamente por el acceso al empleo de las personas con discapacidad”. En este sentido, destaca algunas medidas que impulsará el gobierno como nuevas modalidades de empleo con apoyo, la contratación a tiempo parcial, planes de formación y de acceso a la formación profesional.
De la Vega anuncia en la entrevista que el Ministerio de Sanidad y Política Social y el Ministerio de Trabajo pondrán en marcha “muy pronto” un nuevo programa de intermediación laboral, con el que el INEM adaptará las ofertas de empleo a los perfiles de las personas con discapacidad y podrán inscribirse de manera voluntaria todas las personas que estén interesadas.
La vicepresidenta también ha destacado que “debemos aprovechar todo el potencial que nos ofrece el sector de la discapacidad para el empleo, y por tanto, para crear riqueza, con posibilidad de ofrecer valor añadido a nuestro tejido social, con posibilidad de aportar conocimiento”.
En esta línea, ha recordado que el Gobierno ya está aplicando políticas de buenas prácticas y cláusulas sociales en todos los procesos de contratación en la Administración General del Estado. Además, en los pliegos de contratos del sector público, se aplicará la preferencia en la adjudicación a aquellas que superen el dos por ciento de los trabajadores con discapacidad.
En la entrevista, De la Vega asegura que “el compromiso, solidaridad, promoción de los derechos de ciudadanía e inclusión social son los pilares sobre los que se fundamentan nuestras políticas en el ámbito de la discapacidad”.
MEDIDAS INTERNACIONALES
La vicepresidenta anuncia, además, que el Consejo de Ministros está estudiando un Informe para adaptar toda la normativa a los principios y obligaciones de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
También ha recordado que para el semestre de presidencia española de la UE, “España ha querido comprometerse firmemente con la ciudadanía y la igualdad”. Así, considera que “la crisis internacional no puede poner en cuestión, de ninguna forma, los sistemas de protección social y la apuesta por la equidad”.
De este modo, De la Vega resalta que su objetivo es impulsar políticas europeas que garanticen la igualdad de condiciones e impulsar la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. “Porque la Europa en la que creemos no se concibe sin el bienestar y la igualdad de oportunidades de todos los que formamos parte de ella”, concluye.
A través de esta publicación, el Cermi traslada a la sociedad las actividades, propuestas e inquietudes del sector de la discapacidad. Se trata de una publicación mensual de carácter gratuito, con una tirada superior a los 50.000 ejemplares. Después de cinco años, ‘cermi.es’ se ha convertido en la publicación de referencia del movimiento social de la discapacidad en España. Además de en papel, está disponible en la página web del CERMI, www.cermi.es.
Fuente: discapnet.es
Así lo asegura en el periódico ‘cermi.es’, órgano de expresión del Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad, Cermi, en una entrevista publicada en su número del mes de mayo.
De la Vega considera que “la Ley tiene aún mucho camino por recorrer, hasta 2015”, pero para su despliegue necesita “el compromiso, la coordinación y la cooperación de las comunidades autónomas”. Un compromiso político diario que “en ocasiones no hemos visto correspondido por algunas administraciones”, sentencia.
EMPLEO Y CRISIS ECONÓMICA
En el ámbito laboral, De la Vega asevera que “la recuperación económica española también pasa necesariamente por el acceso al empleo de las personas con discapacidad”. En este sentido, destaca algunas medidas que impulsará el gobierno como nuevas modalidades de empleo con apoyo, la contratación a tiempo parcial, planes de formación y de acceso a la formación profesional.
De la Vega anuncia en la entrevista que el Ministerio de Sanidad y Política Social y el Ministerio de Trabajo pondrán en marcha “muy pronto” un nuevo programa de intermediación laboral, con el que el INEM adaptará las ofertas de empleo a los perfiles de las personas con discapacidad y podrán inscribirse de manera voluntaria todas las personas que estén interesadas.
La vicepresidenta también ha destacado que “debemos aprovechar todo el potencial que nos ofrece el sector de la discapacidad para el empleo, y por tanto, para crear riqueza, con posibilidad de ofrecer valor añadido a nuestro tejido social, con posibilidad de aportar conocimiento”.
En esta línea, ha recordado que el Gobierno ya está aplicando políticas de buenas prácticas y cláusulas sociales en todos los procesos de contratación en la Administración General del Estado. Además, en los pliegos de contratos del sector público, se aplicará la preferencia en la adjudicación a aquellas que superen el dos por ciento de los trabajadores con discapacidad.
En la entrevista, De la Vega asegura que “el compromiso, solidaridad, promoción de los derechos de ciudadanía e inclusión social son los pilares sobre los que se fundamentan nuestras políticas en el ámbito de la discapacidad”.
MEDIDAS INTERNACIONALES
La vicepresidenta anuncia, además, que el Consejo de Ministros está estudiando un Informe para adaptar toda la normativa a los principios y obligaciones de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
También ha recordado que para el semestre de presidencia española de la UE, “España ha querido comprometerse firmemente con la ciudadanía y la igualdad”. Así, considera que “la crisis internacional no puede poner en cuestión, de ninguna forma, los sistemas de protección social y la apuesta por la equidad”.
De este modo, De la Vega resalta que su objetivo es impulsar políticas europeas que garanticen la igualdad de condiciones e impulsar la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. “Porque la Europa en la que creemos no se concibe sin el bienestar y la igualdad de oportunidades de todos los que formamos parte de ella”, concluye.
A través de esta publicación, el Cermi traslada a la sociedad las actividades, propuestas e inquietudes del sector de la discapacidad. Se trata de una publicación mensual de carácter gratuito, con una tirada superior a los 50.000 ejemplares. Después de cinco años, ‘cermi.es’ se ha convertido en la publicación de referencia del movimiento social de la discapacidad en España. Además de en papel, está disponible en la página web del CERMI, www.cermi.es.
Fuente: discapnet.es
29 abril 2010
Aguirre y la Ley de Dependencia: Sin pruebas no hay delito
Las triquiñuelas de la presidenta de la CAM están a la orden del día cuando se trata de la Ley de Dependencia. La capital sigue en los últimos puestos a la hora de aplicar los procedimientos y los tiempos de espera son récord. Sin embargo la lideresa hace folletos publicitarios en los que manipula las cifras y elimina documentos para evitar denuncias.
Mientras la comunidad de Madrid mantiene su puesto de cola en lo que ayuda a la Dependencia se refiere, en otras comunidades autónomas como la catalana, aparecen sentencias en las que sí defienden los intereses de los pacientes. Es el caso de Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) quien ha reconocido a una persona dependiente su derecho a cobrar los atrasos de la ayuda que le corresponde desde el mismo día que entró en vigor la Ley de Dependencia (el 1 de enero de 2007), aunque la solicitud de la ayuda se presentó cinco meses después (el 29 de mayo del mismo año).
La sentencia se ha recurrido y la administración catalana se defiende y argumenta que hasta el mes de abril de 2007 no se estableció un baremo para fijar los grados de dependencia, por lo que no se podía evaluar a las víctimas. En los próximos meses se sabrá si la sentencia del TSJC es firme, sin embargo la importancia del caso es la posibilidad que tienen en otras comunidades autónomas de recurrir lo que no está bien hecho.
Volviendo a la Comunidad de Madrid, hay que reconocer que pese a los alarmantes retrasos de la puesta en marcha de la Ley, el principio de retroactividad siempre se ha contemplado en el procedimiento. “Aquí el problema no es ése. Es cierto que Madrid lo contempla, sin embargo sólo se puede producir cuando la ayuda es una prestación económica, ya que una plaza en una residencia no se puede ofrecer de forma retroactiva. Son justamente las prestaciones económicas las que menos se ofrecen, con lo cual el principio de retroactividad que ampara la Ley apenas se aplica, porque saben que si lo tuvieran que aplicar bien tendrían una deuda inimaginable”, le cuenta a nuevatribuna.es la secretaria de Política Social e Igualdad de CCOO Madrid, Ana González.
Los malabares de Esperanza Aguirre a la hora de aplicar la Ley son el campo de batalla de sindicatos y de la oposición , quienes ejercen de vigilantes ante una aplicación que “se mueve en el terreno de la ambigüedad”, especifica González. Pero lo peor es que apenas hay documentación que pueda servir a los dependientes y a sus familiares para denunciar el trabajo mal hecho.
Hace seis meses este periódico se hacía eco de cómo la Comunidad de Madrid una vez que reconocía una solicitud con su respectivo grado de dependencia se lo comunicaba al enfermo por teléfono y no a través de ninguna carta o documento que lo certificara. En esa ocasión Ana González explicó que era una fórmula para poder prolongar el plazo a la hora de darle la prestación o el servicio que necesitara: “Si el dependiente no tiene un papel con la fecha en la que dice que le dan la dependencia no puede denunciar en un juzgado que la Comunidad de Madrid ha superado el plazo para darle su prestación”. Sin pruebas no hay delito.
Actualmente a las llamadas telefónicas se le ha sumado una nueva triquiñuela, y es que hasta ahora el dependiente podía declarar en un papel que tipo de servicio preferiría recibir: “Ahora ese documento tampoco existe por lo que lo tienen muy difícil para demostrar qué tipo de ayuda habían solicitado”, señala González, quien insiste: “Las posibilidades de reclamar de los ciudadanos se ven muy limitadas”.
FALSOS DEPENDIENTES
La Comunidad de Madrid sigue ocupando los últimos puestos en el desarrollo de la norma. Es la última región en número de solicitudes registradas con una media del 1,12% frente al 2,69% nacional y la penúltima en dictámenes (personas valoradas), con un 1,10%, cuando la media nacional es de un 2,34%.
Según los últimos datos del mes de abril existen 71.629 personas registradas que han hecho la solicitud de dependencia. De este número hay un total de 70.291 que han sido dictaminadas (evaluadas), de las cuales sólo 51.257 podrían recibir en estos momentos la ayuda (la prestación de dependencia se está haciendo en función de los grados y en esta primera etapa sólo se ofrecen las prestaciones a los ‘gran dependientes’). Del total que ya podrían recibir la ayuda, sólo la tienen 31.852 personas, por lo que el 40% de los ciudadanos que en estos momentos deberían gozar de una prestación, no pueden acceder a ella, pese haber realizado los pasos adecuados.
En este sentido, CCOO le exigió hace una semana a Esperanza Aguirre que respetara el plazo máximo de 6 meses que establece el Consejo de Territorialidad, en el que se obliga a que el procedimiento de solicitud de la prestación no exceda estos 6 meses. “Los procedimientos para ser valorado como dependiente y recibir las prestaciones en la región duran entre 12 y 18 meses”, nos cuenta Ana González.
Desde CCOO Madrid, su secretaria de Política Social e Igualdad, también solicitó a la Comunidad de Madrid que retirara “de inmediato” los folletos donde Aguirre presumía aplicación de Ley de Dependencia: “Publicitaba que más de 115.000 personas reciben teleasistencia, mientras que los datos oficiales señalan que son 1.457 las personas dependientes beneficiaras. En cuanto a la ayuda a domicilio el panfleto afirmaba que la reciben más de 75.000 personas frente a las 2.936 oficiales y 45.000 plazas residenciales y centros de día cuando los datos oficiales registran 22.812 personas dependientes beneficiarias de estos servicios”, explica González, quien además recuerda que estos datos son de atención en el ámbito de servicios sociales y no de atención a la dependencia: “Son los mismos datos que el propio Gobierno publicó en el año 2007 lo que lleva a pensar que la Comunidad de Madrid no ha realizado ningún esfuerzo extraordinario tal y como nos quiere hacer creer, más bien han utilizado datos de personas que ya eran atendidas en servicios sociales enmascarándolos como nuevos dependientes”.
Fuente: nuevatribuna.es
Actualmente a las llamadas telefónicas se le ha sumado una nueva triquiñuela, y es que hasta ahora el dependiente podía declarar en un papel que tipo de servicio preferiría recibir: “Ahora ese documento tampoco existe por lo que lo tienen muy difícil para demostrar qué tipo de ayuda habían solicitado”, señala González, quien insiste: “Las posibilidades de reclamar de los ciudadanos se ven muy limitadas”.
FALSOS DEPENDIENTES
La Comunidad de Madrid sigue ocupando los últimos puestos en el desarrollo de la norma. Es la última región en número de solicitudes registradas con una media del 1,12% frente al 2,69% nacional y la penúltima en dictámenes (personas valoradas), con un 1,10%, cuando la media nacional es de un 2,34%.
Según los últimos datos del mes de abril existen 71.629 personas registradas que han hecho la solicitud de dependencia. De este número hay un total de 70.291 que han sido dictaminadas (evaluadas), de las cuales sólo 51.257 podrían recibir en estos momentos la ayuda (la prestación de dependencia se está haciendo en función de los grados y en esta primera etapa sólo se ofrecen las prestaciones a los ‘gran dependientes’). Del total que ya podrían recibir la ayuda, sólo la tienen 31.852 personas, por lo que el 40% de los ciudadanos que en estos momentos deberían gozar de una prestación, no pueden acceder a ella, pese haber realizado los pasos adecuados.
En este sentido, CCOO le exigió hace una semana a Esperanza Aguirre que respetara el plazo máximo de 6 meses que establece el Consejo de Territorialidad, en el que se obliga a que el procedimiento de solicitud de la prestación no exceda estos 6 meses. “Los procedimientos para ser valorado como dependiente y recibir las prestaciones en la región duran entre 12 y 18 meses”, nos cuenta Ana González.
Desde CCOO Madrid, su secretaria de Política Social e Igualdad, también solicitó a la Comunidad de Madrid que retirara “de inmediato” los folletos donde Aguirre presumía aplicación de Ley de Dependencia: “Publicitaba que más de 115.000 personas reciben teleasistencia, mientras que los datos oficiales señalan que son 1.457 las personas dependientes beneficiaras. En cuanto a la ayuda a domicilio el panfleto afirmaba que la reciben más de 75.000 personas frente a las 2.936 oficiales y 45.000 plazas residenciales y centros de día cuando los datos oficiales registran 22.812 personas dependientes beneficiarias de estos servicios”, explica González, quien además recuerda que estos datos son de atención en el ámbito de servicios sociales y no de atención a la dependencia: “Son los mismos datos que el propio Gobierno publicó en el año 2007 lo que lleva a pensar que la Comunidad de Madrid no ha realizado ningún esfuerzo extraordinario tal y como nos quiere hacer creer, más bien han utilizado datos de personas que ya eran atendidas en servicios sociales enmascarándolos como nuevos dependientes”.
Fuente: nuevatribuna.es
21 abril 2010
La economía sumergida permite a las rumanas capear mejor la crisis
Muchas empleadas domésticas son rumanas y cobran por horas.
Las mujeres rumanas capean mejor la crisis que sus compañeros varones, --muchos de ellos dedicados hasta la fecha a la construcción-- debido a la posibilidad que tienen ellas de trabajar limpiando casas en la economía sumergida, un sector desregulado en el que aún existe trabajo. Aunque la competencia es feroz, máxime porque ahora hay menos ofertas de trabajo en el servicio doméstico y muchas personas que necesitan urgentemente trabajar.
Aunque se puede aplicar a todos los trabajos es un particular vía crucis en el colectivo de rumanas, que consiguen sobrevivir en dura competencia con sus propias compatriotas trabajando dentro de la economía sumergida como empleadas del hogar: por horas limpiando casas. La clave es sencilla y muy antigua: cobrar menos de lo que piden las demás. De esta forma han rebajado el precio hasta alcanzar la irrisoria cifra de tres euros la hora. Todo lo que sea necesario para lograr empleo y poder enviar dinero a casa.
Así de contundente y desencantada se expresa Angela Placsintar, presidenta de la Asociación de Inmigrantes de Países del Este (AIPE). “Muchos ciudadanos de Rumanía aguantan aquí la crisis porque si regresan, allí está peor, pero otros muchos se van. Aquí no pueden sobrevivir”, indica.
PRECIO EMOCIONAL ALTO // Una de las causas por las que vuelven a casa es el alto precio emocional que pagan. “Psíquicamente es muy difícil la situación, explica Plasintar. Estás fuera de tu hogar, allí tienes a tus hijos y te pierdes cómo crecen... y la situación aquí es mala”. Además, “tenemos un problema. Se roban el trabajo unas a otras y en el servicio doméstico hay conflictos entre las nuevas que llegan y que rebajan el precio hasta tres euros la hora y las antiguas. Y pierdes dinero o el trabajo”, matizó Placsintar.
¿Porqué aunque se conoce de la existencia del "trabajo sumergido", nadie hace nada para evitarlo? Conocemos que hay crisis. Sabemos que en el futuro no habrá garantías para cobrar las pensiones (algunos dicen que hablamos de 25 años). Aún así, muchas personas prefieren trabajar sin contrato, sin darse de alta en la Seguridad Social; incluso muchas de estas personas, están recibiendo ayudas del Gobierno y prefieren que se les pague en negro, para no perder estas ayudas.
¿Para cuándo se va a regularizar la situacion de las empleadas de hogar?
Las mujeres rumanas capean mejor la crisis que sus compañeros varones, --muchos de ellos dedicados hasta la fecha a la construcción-- debido a la posibilidad que tienen ellas de trabajar limpiando casas en la economía sumergida, un sector desregulado en el que aún existe trabajo. Aunque la competencia es feroz, máxime porque ahora hay menos ofertas de trabajo en el servicio doméstico y muchas personas que necesitan urgentemente trabajar.
Aunque se puede aplicar a todos los trabajos es un particular vía crucis en el colectivo de rumanas, que consiguen sobrevivir en dura competencia con sus propias compatriotas trabajando dentro de la economía sumergida como empleadas del hogar: por horas limpiando casas. La clave es sencilla y muy antigua: cobrar menos de lo que piden las demás. De esta forma han rebajado el precio hasta alcanzar la irrisoria cifra de tres euros la hora. Todo lo que sea necesario para lograr empleo y poder enviar dinero a casa.
Así de contundente y desencantada se expresa Angela Placsintar, presidenta de la Asociación de Inmigrantes de Países del Este (AIPE). “Muchos ciudadanos de Rumanía aguantan aquí la crisis porque si regresan, allí está peor, pero otros muchos se van. Aquí no pueden sobrevivir”, indica.
PRECIO EMOCIONAL ALTO // Una de las causas por las que vuelven a casa es el alto precio emocional que pagan. “Psíquicamente es muy difícil la situación, explica Plasintar. Estás fuera de tu hogar, allí tienes a tus hijos y te pierdes cómo crecen... y la situación aquí es mala”. Además, “tenemos un problema. Se roban el trabajo unas a otras y en el servicio doméstico hay conflictos entre las nuevas que llegan y que rebajan el precio hasta tres euros la hora y las antiguas. Y pierdes dinero o el trabajo”, matizó Placsintar.
¿Porqué aunque se conoce de la existencia del "trabajo sumergido", nadie hace nada para evitarlo? Conocemos que hay crisis. Sabemos que en el futuro no habrá garantías para cobrar las pensiones (algunos dicen que hablamos de 25 años). Aún así, muchas personas prefieren trabajar sin contrato, sin darse de alta en la Seguridad Social; incluso muchas de estas personas, están recibiendo ayudas del Gobierno y prefieren que se les pague en negro, para no perder estas ayudas.
¿Para cuándo se va a regularizar la situacion de las empleadas de hogar?
19 abril 2010
El PSM interpondrá 36 reclamaciones de fallecidos esperando la Ley de Dependencia
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, anunció hoy que los servicios jurídicos del PSM interpondrán esta semana un total de 36 reclamaciones judiciales por responsabilidad patrimonial contra la Comunidad de Madrid correspondientes a personas fallecidas mientras esperaban recibir las prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia.
Durante la rueda de prensa al término de la Ejecutiva del PSM, Gómez hizo balance de las acciones judiciales llevadas a cabo por parte de los servicios jurídicos del partido atendiendo a ciudadanos a través de las plataformas creadas ad hoc para este cometido. En total, explicó que se han presentado 295 reclamaciones administrativas y se han abierto 486 expedientes.
"A cada vez que ponemos una reclamación, la Comunidad suele reaccionar y suele agilizar la deuda o los trámites pendientes. Por lo tanto, más de la mitad de las reclamaciones han tenido un resultado positivo para los reclamantes", manifestó Gómez.
Asimismo, señaló que ya son 31 demandas judiciales las interpuestas, a las que se sumarán esta semana 36 reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la Comunidad de Madrid. "Son personas que han recibido la valoración de su grado de dependencia en 2007 pero que han fallecido entre 2009 y 2010 y no han recibido ni un solo derecho ni una sola prestación a las que está obligada la Comunidad de Madrid en función de una Ley que es aplicable a todo el territorio nacional", destacó.
Fuente: europapress.es
31 marzo 2010
El reto de las empleadas del hogar: ser como el resto de los trabajadores
Un día para uno de los colectivos laborales con menos voz en España. Este martes, 30 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Empleada del Hogar. Una fecha en torno a la cual sindicatos y asociaciones exigen, desde 2007, al Gobierno, la equiparación de derechos de este colectivo con el resto de los trabajadores. No es una tarea precisamente fácil, dada la informalidad en la que se encuentra el sector. En tiempos de crisis, no hay que olvidar este trabajo tan escasamente remunerado y tan duro para las que lo realizan.
Mucho trabajo, muy mal pagado y menos reconocido. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en España unas 755.000 personas (un 90%, mujeres) trabajan como empleadas del hogar. Una cifra que contrasta abultadamente con la de afiliación a la Seguridad Social: 292.000 mujeres, es decir, menos del 40% de las que declaran trabajar. Otras fuentes menos oficiales afirman que el empleo en este sector llega hasta el millón, la mayoría, en la denominada economía sumergida.
Imprescindible: un contrato por escrito
Blanca Villate, adjunta a la Secretaría de Seguridad Social de Comisiones Obreras, nos explica las principales reivindicaciones que persiguen. Uno de los objetivos más importantes, fundamental, es relativo al contrato de trabajo: "Las condiciones han de estar por escrito. Es lo más importante en caso de que haya conflicto, porque, de no ser así, es la palabra de la trabajadora contra la del empleador".
Por escrito "debe quedar la contratación, los horarios, las funciones, la extinción del contrato, etc. Es imprescindible poder demostrar esas condiciones de la relación laboral". La importancia de este aspecto se incrementa si tenemos en cuenta que un alto porcentaje de empleadas del hogar son inmigrantes y pueden representar, por ello, un grupo más vulnerable.
El colectivo inmigrante, como siempre, lo tiene algo más difícil. Blanca Villate afirma que son las mujeres de esta procedencia las únicas que hoy por hoy aceptan trabajar como internas: "Esto supone una pérdida de libertad importante, además de que el salario suele ser el mismo o más bajo. Las mujeres inmigrantes que no tienen vivienda lo suelen aceptar porque les garantiza un techo".
El problema de cotizar
Otra reivindicación fundamental es la relativa a las cotizaciones: "Se trata de que las trabajadoras puedan cotizar desde la primera hora; en la actualidad, en caso de tener empleador, no se cotiza por debajo de 20 horas semanales y, si se trabaja para varios, la cotización se produce por encima de las 72 horas por semana". Una circunstancia que las deja desprotegidas.
El propósito es, en definitiva, hacer converger la situación de estas empleadas con la del resto de trabajadores: "Pretendemos también que coticen por el salario real, que tengan derecho a paro y que, en caso de incapacidad, empiecen a percibir la ayuda a partir de los quince días de enfermedad, como el resto de los trabajadores y no a partir de los veintinueve como hasta ahora".
Poco a poco
Una realidad que tiene que cambiar pero que, en tiempos de crisis, tendrá que hacerlo con pasos muy medidos. "No queremos perder lo que hemos conseguido hasta ahora y que esto repercuta en más costes para el empleador", afirma Villate
Otros problemas
Otra parte del conflicto reside precisamente en la concienciación de estas trabajadoras. Blanca Villate nos explica porqué muchas no cotizan: "Muchas se arrepienten a los 60 años, porque, en un principio no lo han considerado una profesión o creen que lo van a realizar por un tiempo corto, a raíz de una mala racha, menos ingresos o un bache del marido... Y, claro, como van a estar poco tiempo, creen que van a perder el dinero de la cotización y que no les compensa... Luego, muchas de ellas están quince años, incluso más, pero no generan derecho a pensión por no haber cotizado".
La tarea de los sindicatos en este campo demuestra ser vital; además, tanto CC.OO como UGT han extendido su red social a organizaciones dependientes de la Iglesia, a las que las inmigrantes, por sus creencias, se dirigen con más facilidad que a los sindicatos. La lucha continúa y estas efemérides no deben pasar en balde.
Ancianos, dependientes y estafados
La Consejería de Igualdad y Bienestar Social ha detectado la presencia en Almería de personas que, simulando ser técnicos encargados de tramitar las ayudas de la ley de Dependencia, estafan a ancianos a los que llegan a cobrar 70 euros por unos servicios que son gratuitos.
La pasada semana, la Administración andaluza tuvo conocimiento de la existencia de tres casos de estas características en la zona de Albox. Dos de los vecinos de este municipio de la comarca del Almanzora almeriense recibieron la visita en sus domicilios de estos falsos técnicos, que les reclamaron 70 y 50 euros que, según les hicieron creer, eran precisos para concederles los servicios de teleasistencia. Con la misma excusa acudieron a la casa de una tercera persona a la que sustrajeron su documentación.
Igualdad, que denunciará hoy esta presunta estafa a dependientes, tuvo constancia el viernes de la actividad de estas personas, que operan haciéndose pasar por personal de la Junta o de los servicios sociales comunitarios. El Ayuntamiento de Albox alertó entonces sobre dos de los casos, mientras que del tercero se tuvo conocimiento a través de un técnico oficial de valoración que se disponía a revisar el grado de dependencia de una de las ancianas afectadas por esta estafa.
La mujer le explicó entonces que, días atrás, había recibido la visita de sus supuestos compañeros, quienes "le pidieron dinero para ponerle la prestación".
Ante estas prácticas fraudulentas, la Junta ha contactado con los alcaldes de los 102 municipios de la provincia de Almería para alertarles de lo ocurrido e instarles a que informen a los vecinos de la gratuidad del procedimiento para el reconocimiento de la condición de dependiente y la concesión de las ayudas.
"Nunca pedimos dinero, pues todas las prestaciones son gratuitas. Los ancianos tienen que exigir la identificación de los profesionales que acudan a sus casas y, en caso de duda, denunciar", subrayó el delegado provincial de Igualdad y Bienestar Social, Luis López, quien informó de que nunca desde la entrada en vigor en 2007 de la Ley de Dependencia se había detectado en Almería un fraude de estas características.
29 marzo 2010
Las empleadas del hogar reivindican sus derechos
Entre plumeros, tambores y mandiles de lunares, unas 200 trabajadoras domésticas se han concentrado a la una de la tarde en la madrileña plaza de Jacinto Benavente para reivindicar sus derechos laborales como parte del engranaje social y pedir la reforma del Régimen Especial del Empleo de Hogar.
"Estamos aquí unidas en el marco del Día Internacional de las Empleadas del Hogar, que se celebra el próximo 30 de marzo, para pedir la equiparación al Régimen General, pues no estamos amparadas en nuestro trabajo: no tenemos derecho a paro, cobramos salarios muy bajos y nuestros contratos son verbales”, ha explicado Graciela Gallego, portavoz de SEDOAC (Servicio Doméstico Activo).
"Esta manifestación tiene la finalidad de concienciar a la opinión pública de que el trabajo doméstico es muy importante, y por eso queremos hacernos visibles", ha añadido.
Bajo el lema 'Porque sin nosotras no se mueve el mundo', la manifestación ha transcurrido en un ambiente festivo y alegre, inundando el centro de Madrid de júbilo con pancartas, cánticos, palmas y danzas. Las mujeres, en su mayoría extranjeras, se cubrieron de pelucas y delantales reclamando la atención de los viandantes con un pasacalles que hacía suyas canciones infantiles tradicionales, como 'El patio de mi casa': "El trabajo que tengo es particular, cuidar de todo el mundo y te pagan fatal. Levántate, empleada del hogar, lucha por tus derechos y visibilidad".
Un proceso político de varios años
"Para ganar un sueldo digno tengo que trabajar en varias casas muchas horas al día y desempeñando todo tipo de tareas: desde planchar hasta cuidar a los niños. Me pagan seis euros la hora", ha asegurado Marlene, una de las manifestantes. "Iniciamos un proceso político de lucha hace ya tres años y el 23 de noviembre de 2008 salimos a la calle por primera vez. Ésta es la segunda y esperamos que sean muchas más, porque no vamos a parar hasta hacer valer nuestros derechos", apuntaba otra de las asistentes.
La marcha, que se prolongó durante dos horas, se extendió por la calle Carretas dejando escaparates y vehículos relucientes a su paso, para desembocar en la Puerta del Sol bajo la atenta mirada de turistas y curiosos. Antes de la lectura del manifiesto, hubo tiempo para representaciones teatrales y careos entre empleadas y empleadoras, que buscaban sacarle una sonrisa a los allí presentes a través de la ridiculización de los roles de las empleadas domésticas. Las manifestantes, cual auténticas actrices, cosecharon grandes aplausos.
Además, las convocantes realizaron una improvisada 'pasarela Cibeles', por la cual desfilaron numerosos modelos de empleadas del hogar: la accidentada, la rockera, la 'sin papeles' cualificada... Eso sí, dejaron claro que no estaban todas: "Seríamos más si hubieran podido venir todas las internas", decía una portavoz de SEDOAC micrófono en mano. "¡Se acabó la esclavitud! La Ley de Extranjería para la Reina Sofía", coreaban todas al unísono.
"Me parece muy bien que las empleadas del hogar pidan un salario digno y tener Seguridad Social. El problema es que no van a tener ninguna repercusión", comentaba un señor que salía de la iglesia con su ramillete de olivo.
Tras los agradecimientos a las allí presentes, Graciela Gallego procedía a la lectura de las demandas del colectivo:
Exigimos la derogación del Real Decreto 1424/85 que impone un Régimen Especial para el Empleo del Hogar y la modificación del artículo dos del Estatuto de los Trabajadores. Queremos resaltar que nuestro trabajo repercute en el bienestar de toda la sociedad. No estamos dispuestas a aceptar modificaciones que estén por debajo del resto de trabajadores".
15 marzo 2010
La Comunidad abre una oficina de información de la Dependencia y refuerza el teléfono 012 para atender a 400.000 personas
Los madrileños disponemos de una nueva Oficina de Información de la Dependencia, que atenderá a una media de 400.000 personas al año. Se refuerza el teléfono de atención 012 Dependencia con doce profesionales que intentarán resolver las dudas sobre la materia en un horario ininterrumpido de lunes a viernes, de 9 a 19 horas.
La consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la Oficina de Dependencia, ubicadas en la calle Agustín de Foxá 31, explicó que se prevé que pasen alrededor de 30.000 personas al año por las instalaciones.
Además, el Ejecutivo regional reforzará el teléfono de atención 012 Dependencia con doce profesionales que permitirán atender alrededor de 370.000 llamadas al año (unas 30.000 al mes) en un horario ininterrumpido de lunes a viernes, de 9 a 19 horas.
Según aseguró Hidalgo, estas dos medidas "ejemplifican el compromiso y el esfuerzo que el Gobierno regional está realizando para desarrollar la Ley de Dependencia en la región con las máximas garantías y con la mayor eficacia posible para los ciudadanos".
Además, la consejera incidió que este mismo esfuerzo se plasma "en los casi 900 millones de euros que el Ejecutivo autonómico destinará este año a políticas de atención a la Dependencia y que se centrarán en mantener el compromiso de calidad y de especialización de los recursos que caracteriza a la red asistencial de la Comunidad de Madrid".
"Este Gobierno regional, lejos de alentar supuestas plataformas, con el único propósito de colapsar la Administración pública o de desinformar a los ciudadanos en nuestras oficinas con normativa derogada, tiene la vocación de seguir trabajando por los ciudadanos con recursos y servicios de calidad como el que hoy inauguramos", indicó la consejera, que apuntó que Madrid "ha entendido la Ley de Dependencia como una norma que venía a complementar los servicios y prestaciones que desde hace bastantes años viene otorgando la Comunidad de Madrid a aquellas personas que más lo necesitan".
50.000 PLAZAS RESIDENCIALES Y 115.000 TELEASISTENCIAS
En este sentido, afirmó que la región cuenta con una red asistencial con casi 50.000 plazas residenciales y de centro de día para mayores, personas con discapacidad o con enfermedad mental, y que además presta más de 70.000 ayudas domiciliarias y 115.000 teleasistencias.
Estas cifras permiten que, según datos de la Administración General del Estado, Madrid lidere los índices de cobertura asistencial a personas en situación de dependencia, defendió el Ejecutivo regional.
La nueva Oficina de Atención de la Dependencia está ubicada muy cerca de la estación de Chamartín y del intercambiador de Plaza de Castilla, una zona perfectamente comunicada por Metro, Cercanías y autobuses urbanos e interurbanos, lo que facilitará el desplazamiento en transporte público de los ciudadanos desde cualquier punto de la región.
Cuenta con 400 metros cuadrados de superficie en los que se distribuirán ocho puestos de información, dos despachos para asesoramiento especializado y para atender a los trabajadores de los ayuntamientos y un registro donde los ciudadanos podrán presentar documentación necesaria para la tramitación de los expedientes. Un total de diez trabajadores sociales, supervisados por un coordinador, atenderán a los ciudadanos en un horario de 10 a 14 horas, de lunes a viernes.
Así, los dependientes madrileños y sus familiares podrán resolver in situ todas las dudas que tengan acerca de la aplicación de la normativa, recibir asesoramiento sobre los servicios, recursos y prestaciones recogidas en el catálogo de la Ley, así como solicitar información especializada sobre el estado de tramitación de los expedientes.
TELEFONO DE ASISTENCIA 012 DEPENDENCIA
Por otra parte, y de forma complementaria, la Comunidad de Madrid ha ampliado el teléfono de atención 012 Dependencia, de manera que un total de 18 trabajadores sociales y psicólogos asistirán telefónicamente a los usuarios para resolver cuestiones generales sobre dependencia, concederán cita previa a los ciudadanos para realizar el trámite de consulta y elaboración del Programa Individual de Atención (PIA) y asesorarán sobre cualquier servicio o prestación del catálogo.
Estos recursos se sumarán a la oficina de atención situada en la sede de la Dirección General de Coordinación a la Dependencia, en la calle de Espartinas. En esta instalación, los técnicos de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales elaboran y ofrecen información acerca de los PIA y atienden a más de 4.000 personas al mes, de lunes a viernes en horario de 9 a 20 horas.
Además, la Comunidad de Madrid tiene habilitados para los servicios sociales municipales una herramienta informática destinada a la gestión e intercambio de información sobre vecinos que tengan reconocida la situación de dependencia y un correo electrónico al que los técnicos municipales pueden dirigir sus consultas.
La herramienta informática es un sistema que permite a los técnicos municipales tener constancia on line mediante un sencillo sistema de alertas de los datos correspondientes a los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio que concede el Gobierno regional a través de los Programas Individuales de Atención.
Por último, la consejera aseguró que el Gobierno regional "seguir trabajando, volcando todos sus esfuerzos y empleando cuantos recursos sean necesarios para seguir mejorando y reforzando la red asistencial de la Comunidad de Madrid para avanzar en la especialización de los recursos, de manera que la Administración pueda dar a cada usuario aquél que necesita y en agilizar la tramitación de los expedientes administrativos de los dependientes".
Además, el Ejecutivo regional reforzará el teléfono de atención 012 Dependencia con doce profesionales que permitirán atender alrededor de 370.000 llamadas al año (unas 30.000 al mes) en un horario ininterrumpido de lunes a viernes, de 9 a 19 horas.
Según aseguró Hidalgo, estas dos medidas "ejemplifican el compromiso y el esfuerzo que el Gobierno regional está realizando para desarrollar la Ley de Dependencia en la región con las máximas garantías y con la mayor eficacia posible para los ciudadanos".
Además, la consejera incidió que este mismo esfuerzo se plasma "en los casi 900 millones de euros que el Ejecutivo autonómico destinará este año a políticas de atención a la Dependencia y que se centrarán en mantener el compromiso de calidad y de especialización de los recursos que caracteriza a la red asistencial de la Comunidad de Madrid".
"Este Gobierno regional, lejos de alentar supuestas plataformas, con el único propósito de colapsar la Administración pública o de desinformar a los ciudadanos en nuestras oficinas con normativa derogada, tiene la vocación de seguir trabajando por los ciudadanos con recursos y servicios de calidad como el que hoy inauguramos", indicó la consejera, que apuntó que Madrid "ha entendido la Ley de Dependencia como una norma que venía a complementar los servicios y prestaciones que desde hace bastantes años viene otorgando la Comunidad de Madrid a aquellas personas que más lo necesitan".
50.000 PLAZAS RESIDENCIALES Y 115.000 TELEASISTENCIAS
En este sentido, afirmó que la región cuenta con una red asistencial con casi 50.000 plazas residenciales y de centro de día para mayores, personas con discapacidad o con enfermedad mental, y que además presta más de 70.000 ayudas domiciliarias y 115.000 teleasistencias.
Estas cifras permiten que, según datos de la Administración General del Estado, Madrid lidere los índices de cobertura asistencial a personas en situación de dependencia, defendió el Ejecutivo regional.
La nueva Oficina de Atención de la Dependencia está ubicada muy cerca de la estación de Chamartín y del intercambiador de Plaza de Castilla, una zona perfectamente comunicada por Metro, Cercanías y autobuses urbanos e interurbanos, lo que facilitará el desplazamiento en transporte público de los ciudadanos desde cualquier punto de la región.
Cuenta con 400 metros cuadrados de superficie en los que se distribuirán ocho puestos de información, dos despachos para asesoramiento especializado y para atender a los trabajadores de los ayuntamientos y un registro donde los ciudadanos podrán presentar documentación necesaria para la tramitación de los expedientes. Un total de diez trabajadores sociales, supervisados por un coordinador, atenderán a los ciudadanos en un horario de 10 a 14 horas, de lunes a viernes.
Así, los dependientes madrileños y sus familiares podrán resolver in situ todas las dudas que tengan acerca de la aplicación de la normativa, recibir asesoramiento sobre los servicios, recursos y prestaciones recogidas en el catálogo de la Ley, así como solicitar información especializada sobre el estado de tramitación de los expedientes.
TELEFONO DE ASISTENCIA 012 DEPENDENCIA
Por otra parte, y de forma complementaria, la Comunidad de Madrid ha ampliado el teléfono de atención 012 Dependencia, de manera que un total de 18 trabajadores sociales y psicólogos asistirán telefónicamente a los usuarios para resolver cuestiones generales sobre dependencia, concederán cita previa a los ciudadanos para realizar el trámite de consulta y elaboración del Programa Individual de Atención (PIA) y asesorarán sobre cualquier servicio o prestación del catálogo.
Estos recursos se sumarán a la oficina de atención situada en la sede de la Dirección General de Coordinación a la Dependencia, en la calle de Espartinas. En esta instalación, los técnicos de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales elaboran y ofrecen información acerca de los PIA y atienden a más de 4.000 personas al mes, de lunes a viernes en horario de 9 a 20 horas.
Además, la Comunidad de Madrid tiene habilitados para los servicios sociales municipales una herramienta informática destinada a la gestión e intercambio de información sobre vecinos que tengan reconocida la situación de dependencia y un correo electrónico al que los técnicos municipales pueden dirigir sus consultas.
La herramienta informática es un sistema que permite a los técnicos municipales tener constancia on line mediante un sencillo sistema de alertas de los datos correspondientes a los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio que concede el Gobierno regional a través de los Programas Individuales de Atención.
Por último, la consejera aseguró que el Gobierno regional "seguir trabajando, volcando todos sus esfuerzos y empleando cuantos recursos sean necesarios para seguir mejorando y reforzando la red asistencial de la Comunidad de Madrid para avanzar en la especialización de los recursos, de manera que la Administración pueda dar a cada usuario aquél que necesita y en agilizar la tramitación de los expedientes administrativos de los dependientes".
10 marzo 2010
Trinidad Jiménez asegura que la proporción entre prestaciones económicas y servicios se corregirá "con el tiempo"
CiU acusa al Gobierno de no contar con la Dependencia para la creación de empleo y la ministra defiende que se han generado 112.000
La ministra de Sanidad y Consumo, Trinidad Jiménez, explicó hoy en el Congreso que "con el tiempo" y por "la incorporación de la mujer al mercado de trabajo" y la progresiva "mejora en la calidad", cada vez serán más los dependientes que opten por un servicio asistencial en lugar de una prestación económica, algo que la Ley de Dependencia contempla como medida excepcional, pero que en la actualidad percibe el 48 por ciento de los beneficiarios.
Jiménez contestaba así al diputado de CiU, Carles Campuzano, quien en una interpelación sobre la Ley de Dependencia afirmó que primar las prestaciones económicas por encima de los servicios "va en contra de una política que pretende generar empleo" y tiene el riesgo de convertir el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en "una renta complementaria" o "una paga más que reciben los familiares, pero que no genera la calidad de vida ni los servicios que se deberían desarrollar".
Según explicó la ministra, aunque la Ley establece la prioridad en la concesión de servicios, "la realidad" que se ha "ido encontrando" el Gobierno es que "muchas personas que estaban siendo atendidas en su domicilio han expresado su deseo de continuar con los cuidados que venían recibiendo", lo que Jiménez atribuye a una "tradición cultural" y a una "estructura de servicios sociales preexistente que no ha facilitado el cambio de modelo".
"Poco a poco, esta situación irá ajustándose tanto por la incorporación de la mujer al mercado laboral como por la mejora en la calidad de los servicios", apuntó Jiménez, para poner como ejemplo la trayectoria de Alemania donde, según dijo, la evolución se produjo en este sentido.
Para Campuzano, es "una ingenuidad" pensar que el tiempo corregirá el desequilibrio ya que, "va a depender de las políticas que se impulsen para fortalecer las iniciativas privadas" y "de la orientación de las políticas de empleo", porque "un modelo más profesionalizado y que crea empleo o es impulsado por las políticas de gobierno o difícilmente se produce".
En este sentido, acusó al Ejecutivo de no tener en cuenta la Dependencia como sector generador de empleo porque, según dijo, en el documento que ha propuesto a los grupos parlamentarios para acordar una salida de la crisis económica "en ningún momento" figura el SAAD, lo que es "de una miopía considerable y una contradicción" con lo que planteó el Ejecutivo cuando impulsó la ley.
112.000 EMPLEOS DIRECTOS EN 3 AÑOS
En respuesta, Jiménez dijo coincidir en que la puesta en marcha del SAAD "suscitó grandes expectativas de creación de empleo" pero "no tenían en cuenta" que las familias escogerían mayoritariamente la prestación económica. "Necesitamos un poco más de tiempo para hacer ese ajuste. No soy ingenua. Estamos en condiciones de hacer esa previsión", dijo la ministra.
Asimismo, Jiménez defendió el impacto laboral de la ley y aseguró que en la actualidad, hay 112.000 personas ocupando empleos directamente relacionados con el sistema, de las que casi 43.000 se dedican a la atención residencial, más de 38.700 a la ayuda domiciliaria, 16.500 están empleadas en servicios vinculados, más de 9.200 trabajan en centros de día y más de 500, en teleasistencia.
A estos 112.000 empleos habría que sumar, según Jiménez, los más de 115.000 cuidadores no profesionales dados de alta en el convenio especial y los 35.000 empleos directos e indirectos que se han generado con los créditos adicionales del Fondo Especial para la Dependencia.
Fuente: europapress.es
09 marzo 2010
CaixaFórum aborda mañana la dependencia con la proyección de 'Otro día juntos', de Elías Querejeta
CaixaFórum Madrid abordará mañana, día 10, el tema de la dependencia con la proyección del documental 'Otro día juntos' de Elías Querejeta, elaborado para la Fundación La Caixa, según informaron los organizadores del evento en un comunicado.
Y es que la sociedad cambia a un ritmo muy rápido, y esa movilidad provoca muchas veces que unas determinadas personas, grupos o colectivos que por diversas circunstancias necesitan un apoyo más intenso de la sociedad queden al margen y corran el riesgo de sentirse excluidas.
Dar una señal de alerta, provocar la reflexión y la reacción activa ante temas como la inmigración o la dependencia es la finalidad de esta iniciativa, que se enmarca en el Ciclo Cine y Compromiso Social, de carácter gratuito, y que ya supuso la proyección de 'Otro día fuera de casa', sobre la inmigración.
Así, mañana, 10 de marzo, a las 19 horas se podrá ver 'Otro día juntos', que aborda el tema de la dependencia a través de la historia de Esteban, Julio y Rosi, quienes conviven de una manera muy cercana con la enfermedad. Todos ellos intentan seguir con su vida, mantener las esperanzas y superar o asumir sus dificultades, pero no es fácil. La fuerza, la compañía y la atención de un grupo de familiares, amigos y profesionales les ayudan a ello.
05 marzo 2010
Una mujer se planta en la sede de la atención a la dependencia de la Comunidad de Madrid para cobrar su ayuda
Rosa Pérez Carbajo explotó ayer. Sentada en la sede de la atención a la dependencia de la Comunidad de Madrid, esta madrileña de 70 años despedía una energía imponente. Sólo sus piernecitas de niña, herencia de la poliomelitis que padeció a los cinco años, mostraban la razón de su lucha. No se movió de su silla hasta que la policía la forzó a abandonar el edificio.
"Hace más de tres años que pedí la ayuda por la Ley de Dependencia y aún sigo esperando el dinero", denuncia. Rosa, dependiente de grado 2, con una ristra de enfermedades que le impiden moverse con normalidad, insiste en que la Comunidad de Madrid sólo le hace caso cuando su situación salta a los medios. Hasta el pasado noviembre, seguía esperando que la Consejería de Asuntos Sociales determinara qué tipo de ayuda le corresponde (PIA). Estaba tan desesperada que también entonces se sentó en una silla y amenazó con encerrarse en el edificio si no se la atendía, acompañada por un periodista. La dirección del centro tardó unos días en citarla y concederle el PIA.
Ahora Rosa lleva cuatro meses aguardando a cobrar la ayuda económica para que la cuide su marido. Harta de la espera, ayer repitió la operación. Tenía cita por la mañana pero, según explica, en el centro no le supieron decir cuándo cobrará. Ella respondió que no se iría hasta obtener una respuesta. Y allí se quedó, sentada en una esquina, con las piernas en alto y su marido animándola.
Cobro inminente
En la consejería aseguran que Rosa cobrará su ayuda este mes y denuncian que la mujer sólo quería llevarse el dinero en mano. La negativa de Rosa a abandonar el edificio cuando este cierra al público, a las 19 horas, llevó a los dos guardias civiles que filtran la entrada al centro a llamar a la policía.
01 marzo 2010
Hoy llega a "Cuatro" el programa «21 días con personas dependientes»
Hoy llega a Cuatro (23.15 horas) una nueva entrega de «21 días...», producido por BocaBoca, pero en esta ocasión bajo el título «21 días con personas dependientes», donde muestran cómo funciona realmente la Ley de Dependencia. Samanta Villar convive con Sonia y su hijo Marco, que padece la enfermedad de Duchenne. Ellos dos, junto a Marta, la pequeña, dan un ejemplo de amor, alegría y entrega. La periodista vive 21 días las 24 horas de Sonia, que no sólo cuida de hijo sino que, además, con un sueldo de mileurista, paga la hipoteca y saca adelante sola a su familia, una lucha sin descanso de sol a sol.
Pero no se han centrado sólo en Marco y su familia, también han buscado otros casos de dependencia, cargados de ejemplos de superación y sacrificio, pero siempre con una sonrisa, para intentar ofrecer una imagen lo más fidedigna posible de las diferentes problemáticas que ayudaría a aliviar, que no paliar, la Ley de Dependencia si funcionara correctamente. En todos los casos de dependientes del programa han solicitado algún tipo de ayuda, unas veces monetarias y otras asistenciales, pero los trámites se demoran años y la ayuda nunca llega...
La meta del espacio no sólo es denunciar sino también informar. Para la periodista, hoy, «mucha gente se va a dar cuenta de que tenemos que cambiar de aptitud a la hora de relacionarnos con gente discapacitada y con sus cuidadores. Al mismo tiempo, las instituciones se tienen que dar cuenta de que las ayudas son necesarias, se tienen que gestionar en los plazos que marca la ley y no saltárselos a la torera como está pasando en algunas CC.AA.».
Samanta Villar tiene claro que el sacrificio de estas familias «es un gran ejercicio de amor. Los cuidadores están actuando por amor a esas personas al sacrificar su vida para que ellos puedan tener calidad de vida, hacer determinadas actividades o llevar un día a día lo más normalizado posible. Eso, al final, les provoca un sacrificio de sus propias vidas que el resto de la sociedad debería paliar».
Estas familias nos dan día a día muchas lecciones pero, para la periodista, la enseñanza que se ha lleva es la «actitud positiva con que ven la vida pese a todo. Cuando dicen: nos ha tocado vivir con esto, tenemos que asumir la situación y ser felices, y lo son. Es una lección vital. Pase lo que pase hay que sacar lo mejor y esto para ellos es que se tienen los unos a los otros, se quieren y se hacen compañía».
Fuente: cuatro.es
Fuente: cuatro.es
26 febrero 2010
El empleo femenino y el envejecimiento urgen un nuevo modelo de dependencia
Investigadoras de la Universidad Carlos III de Madrid y La Caixa han elaborado un estudio sobre los cuidados de las personas en España, en el que alertan de que la incorporación generalizada de la mujer al mercado laboral y el envejecimiento de la población pueden poner en peligro dentro de unos años la atención de mayores y dependientes.
Según los autores de este trabajo, que hace el volumen 28 de la Colección de Estudios Sociales de la Fundación La Caixa, "urge la adopción de medidas" hacia un nuevo modelo en el que el cuidado aparezca como un nuevo derecho social de la mano de políticas como la Ley de Dependencia y la Ley para la Igualdad de Género.
La directora del estudio, Constanza Tobío, explicó en su presentación que a pesar de que la Ley de Dependencia y la de Igualdad de Género están ya en vigor, el paso del modelo de cuidados familiares arraigado en España desde hace muchos años al de cuidados provenientes de las administraciones públicas, al menos en parte, "no se está llevando a cabo con todos los recursos necesarios".
Según concluyen estos expertos, estos expertos, factores como la sostenibilidad del Sistema de Dependencia, la distribución desigual de recursos en las diferentes autonomías, la falta de coordinación entre las políticas sociales de las comunidades autónomas, las dificultades de coordinación laboral y familiar y la inercia del cuidado en el hogar dificultan la consolidación de un nuevo modelo de atención de personas que se hace "imprescindible".
En peligro
Tobío, catedrática de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid, subrayó que actualmente más del 18% de la población española es mayor de 65 años, mientras que la proporción superará en 2050 el 30%. Este dato, incidió la investigadora, unido al que indica que en treinta años la tasa de ocupación de la mujer se ha duplicado en España, hace pensar que los cuidados de las personas que los precisen dentro de unos años pueden peligrar. Otro dato que confirma esta teoría es el de que en las dos últimas décadas el número de amas de casa a tiempo completo se ha reducido casi a la mitad, al haber pasado del 43% al 23% de las mayores de 16 años.
Tobío, catedrática de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid, subrayó que actualmente más del 18% de la población española es mayor de 65 años, mientras que la proporción superará en 2050 el 30%. Este dato, incidió la investigadora, unido al que indica que en treinta años la tasa de ocupación de la mujer se ha duplicado en España, hace pensar que los cuidados de las personas que los precisen dentro de unos años pueden peligrar. Otro dato que confirma esta teoría es el de que en las dos últimas décadas el número de amas de casa a tiempo completo se ha reducido casi a la mitad, al haber pasado del 43% al 23% de las mayores de 16 años.
No obstante, en la actualidad el retrato robot del cuidador de personas mayores y dependientes sigue siendo el de una mujer (lo es en el 83% de los casos) casada, con estudios primarios, sin otra ocupación remunerada y en un 40% de las ocasiones hija del afectado. En este punto, la investigadora resaltó el hecho de que los hombres sólo ejercen como cuidadores de familiares "cuando no les queda más remedio" porque no haya en su entorno una mujer disponible para esta labor.
Si la persona dependiente es un hombre, detalló, la cuidadora suele ser su mujer, mientras que si es la esposa la que necesita ayuda, quien se ocupa de ella es habitualmente una hija.
25 febrero 2010
La ley de Dependencia tendrá un déficit de 7.000 millones este año y de 12.000 en 2015
Las administraciones públicas prevén aportar 4.426 millones de euros para hacer frente a la ley de Dependencia en el año 2015, cuando el coste real de los servicios en dicha fecha oscilaría entre los 17.000 y los 20.000 millones de euros, según establece un estudio publicado en la revista «Estudios de Economía», realizado por Irene Albarrán y Pablo Alonso, de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad de Alcalá, respectivamente.
Las previsiones de aportación pública representan en torno al 25 por ciento del total presupuestado para 2015, año en el que las autoridades prevén que funcionará a pleno rendimiento el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en España. Según Irene Albarrán, profesora de la Carlos III , los resultados de su investigación implican para ese año «un desfase de 12.000 millones de euros, en el mejor de los casos».
El informe «La población dependiente en España» concluye que en el presente año «hay más de 890.000 personas con derecho a recibir ayudas públicas y, según las estimaciones, los costes de la población dependiente oscilan entre los 8.584 y los 9.276 millones de euros, cuando las administraciones calcularon un coste de 2.320».
La previsión se agrava para 2015, cuando el volumen de dependientes «será ligeramente inferior al millón de personas, por lo que la cifra de costes se situará entre los 15.000 y los 20.000 millones de euros, importe muy superior a los 4.426 millones que esperan aportar las administraciones, por lo que sólo se cubrirá la cuarta parte de lo que haría falta en atención asistencial, sin contar infraestructuras», explica Alonso.
El estudio estima que en 2020 el número de dependientes será ligeramente superior al millón -con un coste estimado entre los 22.000 y los 27.000 millones-. Y para 2015 pronostica que la cifra de potenciales beneficiarios oscilará entre 1,55 y 1,65 millones -algo más del tres por ciento de la población total- que acarrearán un gasto entre 135.000 y 161.000 millones.
El peso de los costes sobre el total de la actividad -prosigue la investigación-irá creciendo hasta situarse entre el 1,3 y el 1,6 por ciento del PIB en 2015 y el 2,2-2,6 por ciento en 2050. En ningún caso la aportación de la Administración supera el 30 por ciento del coste estimado, precisan los autores del trabajo.
Las previsiones de aportación pública representan en torno al 25 por ciento del total presupuestado para 2015, año en el que las autoridades prevén que funcionará a pleno rendimiento el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en España. Según Irene Albarrán, profesora de la Carlos III , los resultados de su investigación implican para ese año «un desfase de 12.000 millones de euros, en el mejor de los casos».
El informe «La población dependiente en España» concluye que en el presente año «hay más de 890.000 personas con derecho a recibir ayudas públicas y, según las estimaciones, los costes de la población dependiente oscilan entre los 8.584 y los 9.276 millones de euros, cuando las administraciones calcularon un coste de 2.320».
La previsión se agrava para 2015, cuando el volumen de dependientes «será ligeramente inferior al millón de personas, por lo que la cifra de costes se situará entre los 15.000 y los 20.000 millones de euros, importe muy superior a los 4.426 millones que esperan aportar las administraciones, por lo que sólo se cubrirá la cuarta parte de lo que haría falta en atención asistencial, sin contar infraestructuras», explica Alonso.
El estudio estima que en 2020 el número de dependientes será ligeramente superior al millón -con un coste estimado entre los 22.000 y los 27.000 millones-. Y para 2015 pronostica que la cifra de potenciales beneficiarios oscilará entre 1,55 y 1,65 millones -algo más del tres por ciento de la población total- que acarrearán un gasto entre 135.000 y 161.000 millones.
El peso de los costes sobre el total de la actividad -prosigue la investigación-irá creciendo hasta situarse entre el 1,3 y el 1,6 por ciento del PIB en 2015 y el 2,2-2,6 por ciento en 2050. En ningún caso la aportación de la Administración supera el 30 por ciento del coste estimado, precisan los autores del trabajo.
Fuente: ine.es
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
