La Comunidad abre una oficina de información de la Dependencia y refuerza el teléfono 012 para atender a 400.000 personas

Los madrileños disponemos de una nueva Oficina de Información de la Dependencia, que atenderá a una media de 400.000 personas al año. Se refuerza el teléfono de atención 012 Dependencia con doce profesionales que intentarán resolver las dudas sobre la materia en un horario ininterrumpido de lunes a viernes, de 9 a 19 horas.

 

La consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la Oficina de Dependencia, ubicadas en la calle Agustín de Foxá 31, explicó que se prevé que pasen alrededor de 30.000 personas al año por las instalaciones.

Además, el Ejecutivo regional reforzará el teléfono de atención 012 Dependencia con doce profesionales que permitirán atender alrededor de 370.000 llamadas al año (unas 30.000 al mes) en un horario ininterrumpido de lunes a viernes, de 9 a 19 horas.

Según aseguró Hidalgo, estas dos medidas "ejemplifican el compromiso y el esfuerzo que el Gobierno regional está realizando para desarrollar la Ley de Dependencia en la región con las máximas garantías y con la mayor eficacia posible para los ciudadanos".

Además, la consejera incidió que este mismo esfuerzo se plasma "en los casi 900 millones de euros que el Ejecutivo autonómico destinará este año a políticas de atención a la Dependencia y que se centrarán en mantener el compromiso de calidad y de especialización de los recursos que caracteriza a la red asistencial de la Comunidad de Madrid".

"Este Gobierno regional, lejos de alentar supuestas plataformas, con el único propósito de colapsar la Administración pública o de desinformar a los ciudadanos en nuestras oficinas con normativa derogada, tiene la vocación de seguir trabajando por los ciudadanos con recursos y servicios de calidad como el que hoy inauguramos", indicó la consejera, que apuntó que Madrid "ha entendido la Ley de Dependencia como una norma que venía a complementar los servicios y prestaciones que desde hace bastantes años viene otorgando la Comunidad de Madrid a aquellas personas que más lo necesitan".

50.000 PLAZAS RESIDENCIALES Y 115.000 TELEASISTENCIAS

En este sentido, afirmó que la región cuenta con una red asistencial con casi 50.000 plazas residenciales y de centro de día para mayores, personas con discapacidad o con enfermedad mental, y que además presta más de 70.000 ayudas domiciliarias y 115.000 teleasistencias.

Estas cifras permiten que, según datos de la Administración General del Estado, Madrid lidere los índices de cobertura asistencial a personas en situación de dependencia, defendió el Ejecutivo regional.

La nueva Oficina de Atención de la Dependencia está ubicada muy cerca de la estación de Chamartín y del intercambiador de Plaza de Castilla, una zona perfectamente comunicada por Metro, Cercanías y autobuses urbanos e interurbanos, lo que facilitará el desplazamiento en transporte público de los ciudadanos desde cualquier punto de la región.

Cuenta con 400 metros cuadrados de superficie en los que se distribuirán ocho puestos de información, dos despachos para asesoramiento especializado y para atender a los trabajadores de los ayuntamientos y un registro donde los ciudadanos podrán presentar documentación necesaria para la tramitación de los expedientes. Un total de diez trabajadores sociales, supervisados por un coordinador, atenderán a los ciudadanos en un horario de 10 a 14 horas, de lunes a viernes.

Así, los dependientes madrileños y sus familiares podrán resolver in situ todas las dudas que tengan acerca de la aplicación de la normativa, recibir asesoramiento sobre los servicios, recursos y prestaciones recogidas en el catálogo de la Ley, así como solicitar información especializada sobre el estado de tramitación de los expedientes.

TELEFONO DE ASISTENCIA 012 DEPENDENCIA

Por otra parte, y de forma complementaria, la Comunidad de Madrid ha ampliado el teléfono de atención 012 Dependencia, de manera que un total de 18 trabajadores sociales y psicólogos asistirán telefónicamente a los usuarios para resolver cuestiones generales sobre dependencia, concederán cita previa a los ciudadanos para realizar el trámite de consulta y elaboración del Programa Individual de Atención (PIA) y asesorarán sobre cualquier servicio o prestación del catálogo.

Estos recursos se sumarán a la oficina de atención situada en la sede de la Dirección General de Coordinación a la Dependencia, en la calle de Espartinas. En esta instalación, los técnicos de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales elaboran y ofrecen información acerca de los PIA y atienden a más de 4.000 personas al mes, de lunes a viernes en horario de 9 a 20 horas.

Además, la Comunidad de Madrid tiene habilitados para los servicios sociales municipales una herramienta informática destinada a la gestión e intercambio de información sobre vecinos que tengan reconocida la situación de dependencia y un correo electrónico al que los técnicos municipales pueden dirigir sus consultas.

La herramienta informática es un sistema que permite a los técnicos municipales tener constancia on line mediante un sencillo sistema de alertas de los datos correspondientes a los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio que concede el Gobierno regional a través de los Programas Individuales de Atención.

Por último, la consejera aseguró que el Gobierno regional "seguir trabajando, volcando todos sus esfuerzos y empleando cuantos recursos sean necesarios para seguir mejorando y reforzando la red asistencial de la Comunidad de Madrid para avanzar en la especialización de los recursos, de manera que la Administración pueda dar a cada usuario aquél que necesita y en agilizar la tramitación de los expedientes administrativos de los dependientes". 

Trinidad Jiménez asegura que la proporción entre prestaciones económicas y servicios se corregirá "con el tiempo"

CiU acusa al Gobierno de no contar con la Dependencia para la creación de empleo y la ministra defiende que se han generado 112.000

 La ministra de Sanidad y Consumo, Trinidad Jiménez, explicó hoy en el Congreso que "con el tiempo" y por "la incorporación de la mujer al mercado de trabajo" y la progresiva "mejora en la calidad", cada vez serán más los dependientes que opten por un servicio asistencial en lugar de una prestación económica, algo que la Ley de Dependencia contempla como medida excepcional, pero que en la actualidad percibe el 48 por ciento de los beneficiarios.

   Jiménez contestaba así al diputado de CiU, Carles Campuzano, quien en una interpelación sobre la Ley de Dependencia afirmó que primar las prestaciones económicas por encima de los servicios "va en contra de una política que pretende generar empleo" y tiene el riesgo de convertir el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en "una renta complementaria" o "una paga más que reciben los familiares, pero que no genera la calidad de vida ni los servicios que se deberían desarrollar". 

   Según explicó la ministra, aunque la Ley establece la prioridad en la concesión de servicios, "la realidad" que se ha "ido encontrando" el Gobierno es que "muchas personas que estaban siendo atendidas en su domicilio han expresado su deseo de continuar con los cuidados que venían recibiendo", lo que Jiménez atribuye a una "tradición cultural" y a una "estructura de servicios sociales preexistente que no ha facilitado el cambio de modelo". 

   "Poco a poco, esta situación irá ajustándose tanto por la incorporación de la mujer al mercado laboral como por la mejora en la calidad de los servicios", apuntó Jiménez, para poner como ejemplo la trayectoria de Alemania donde, según dijo, la evolución se produjo en este sentido.

   Para Campuzano, es "una ingenuidad" pensar que el tiempo corregirá el desequilibrio ya que, "va a depender de las políticas que se impulsen para fortalecer las iniciativas privadas" y "de la orientación de las políticas de empleo", porque "un modelo más profesionalizado y que crea empleo o es impulsado por las políticas de gobierno o difícilmente se produce".

   En este sentido, acusó al Ejecutivo de no tener en cuenta la Dependencia como sector generador de empleo porque, según dijo, en el documento que ha propuesto a los grupos parlamentarios para acordar una salida de la crisis económica "en ningún momento" figura el SAAD, lo que es "de una miopía considerable y una contradicción" con lo que planteó el Ejecutivo cuando impulsó la ley.

112.000 EMPLEOS DIRECTOS EN 3 AÑOS

   En respuesta, Jiménez dijo coincidir en que la puesta en marcha del SAAD "suscitó grandes expectativas de creación de empleo" pero "no tenían en cuenta" que las familias escogerían mayoritariamente la prestación económica. "Necesitamos un poco más de tiempo para hacer ese ajuste. No soy ingenua. Estamos en condiciones de hacer esa previsión", dijo la ministra. 

   Asimismo, Jiménez defendió el impacto laboral de la ley y aseguró que en la actualidad, hay 112.000 personas ocupando empleos directamente relacionados con el sistema, de las que casi 43.000 se dedican a la atención residencial, más de 38.700 a la ayuda domiciliaria, 16.500 están empleadas en servicios vinculados, más de 9.200 trabajan en centros de día y más de 500, en teleasistencia. 

   A estos 112.000 empleos habría que sumar, según Jiménez, los más de 115.000 cuidadores no profesionales dados de alta en el convenio especial y los 35.000 empleos directos e indirectos que se han generado con los créditos adicionales del Fondo Especial para la Dependencia.

 Fuente: europapress.es

El PP obtiene luz verde del Senado para que el Gobierno dote de cualificación y recursos a los cuidadores

El Partido Popular ha conseguido el pasado 3 de Marzo que el Senado secunde una propuesta suya para que se establezca como cualificación académica y profesional, con más recursos públicos estatales y mejorando el sistema, la labor que desempeñan los cuidadores de personas dependientes. Esta moción del PP salió adelante, con el apoyo de CiU, BNG y PAR, en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Cámara Alta.

   La senadora palentina, María José de la Fuente, que defendió la propuesta popular, se congratuló de la aprobación de la moción que, aseguró, "no debe quedar en papel mojado" e instó al Gobierno a dotar "con el presupuesto específico y necesario a las comunidades autónomas para que puedan llevar a cabo los planes de formación para cuidadores". Asimismo, señaló que el mandato al Gobierno exige el "reconocimiento y acreditación" de la formación recibida y la experiencia en el cuidado para el desempeño profesional de estas tareas, tanto en servicios de ayuda a domicilio como en los de asistencia personal e institucional.

   De la Fuente esgrimió datos del IMSERSO que reflejan que en el convenio especial de cuidadores no profesionales se encuentran "más de 69.000 mujeres y unos 4.000 hombres que se verían beneficiados con esta medida". 

   La parlamentaria popular argumentó que es una "evidencia la feminización" del cuidado, como lo es, según apuntó, que en 2005 el porcentaje de abandono del mercado de trabajo por causas familiares en el caso de las mujeres fuera del 76,07 por ciento y en 2006 del 95,82 por ciento. "El dato es relevante, por cuanto estamos hablando de un colectivo de más de 3,3 millones de mujeres sobre el total de 9.770.000 mujeres inactivas", aseveró.

   En concreto, las exigencias para el Gobierno contenidas en la moción aprobada hoy son la revisión, en el seno del Consejo Territorial de la Dependencia, de los contenidos formativos que deben conocer los cuidadores, para que sean asimilables a lo establecido en la certificación de profesionalidad para la atención a personas dependientes (Real Decreto 1379/2008).

   Además, la dotación presupuestaria específica y necesaria para que las comunidades autónomas puedan llevar a cabo los planes de formación para cuidadores que se acuerden, de manera que se garantice una cobertura mínima de la formación y un plazo máximo para obtenerla desde que se es cuidador. En esto habrán de tenerse en cuenta cuestiones relacionadas con la territorialidad y número de cuidadores.

   Por último, reclama el ajuste de éstos al contenido de la formación profesional asociada a las cualificaciones, según el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP), en la familia de servicios socioculturales y a la comunidad, módulo 'Higiene y atención sanitaria domiciliaria', equivalente al nivel 1, y el reconocimiento y acreditación de la formación recibida, así como de la experiencia en el cuidado para el desempeño profesional de estas tareas, en servicios de ayuda a domicilio o de asistencia personal e institucional.

 

Fuente: europapress.es

CaixaFórum aborda mañana la dependencia con la proyección de 'Otro día juntos', de Elías Querejeta

CaixaFórum Madrid abordará mañana, día 10, el tema de la dependencia con la proyección del documental 'Otro día juntos' de Elías Querejeta, elaborado para la Fundación La Caixa, según informaron los organizadores del evento en un comunicado.

   Y es que la sociedad cambia a un ritmo muy rápido, y esa movilidad provoca muchas veces que unas determinadas personas, grupos o colectivos que por diversas circunstancias necesitan un apoyo más intenso de la sociedad queden al margen y corran el riesgo de sentirse excluidas. 

    Dar una señal de alerta, provocar la reflexión y la reacción activa ante temas como la inmigración o la dependencia es la finalidad de esta iniciativa, que se enmarca en el Ciclo Cine y Compromiso Social, de carácter gratuito, y que ya supuso la proyección de 'Otro día fuera de casa', sobre la inmigración.

   Así, mañana, 10 de marzo, a las 19 horas se podrá ver 'Otro día juntos', que aborda el tema de la dependencia a través de la historia de Esteban, Julio y Rosi, quienes conviven de una manera muy cercana con la enfermedad. Todos ellos intentan seguir con su vida, mantener las esperanzas y superar o asumir sus dificultades, pero no es fácil. La fuerza, la compañía y la atención de un grupo de familiares, amigos y profesionales les ayudan a ello.

Una mujer se planta en la sede de la atención a la dependencia de la Comunidad de Madrid para cobrar su ayuda

Rosa Pérez Carbajo explotó ayer. Sentada en la sede de la atención a la dependencia de la Comunidad de Madrid, esta madrileña de 70 años despedía una energía imponente. Sólo sus piernecitas de niña, herencia de la poliomelitis que padeció a los cinco años, mostraban la razón de su lucha. No se movió de su silla hasta que la policía la forzó a abandonar el edificio.

"Hace más de tres años que pedí la ayuda por la Ley de Dependencia y aún sigo esperando el dinero", denuncia. Rosa, dependiente de grado 2, con una ristra de enfermedades que le impiden moverse con normalidad, insiste en que la Comunidad de Madrid sólo le hace caso cuando su situación salta a los medios. Hasta el pasado noviembre, seguía esperando que la Consejería de Asuntos Sociales determinara qué tipo de ayuda le corresponde (PIA). Estaba tan desesperada que también entonces se sentó en una silla y amenazó con encerrarse en el edificio si no se la atendía, acompañada por un periodista. La dirección del centro tardó unos días en citarla y concederle el PIA.

Ahora Rosa lleva cuatro meses aguardando a cobrar la ayuda económica para que la cuide su marido. Harta de la espera, ayer repitió la operación. Tenía cita por la mañana pero, según explica, en el centro no le supieron decir cuándo cobrará. Ella respondió que no se iría hasta obtener una respuesta. Y allí se quedó, sentada en una esquina, con las piernas en alto y su marido animándola.

Cobro inminente

En la consejería aseguran que Rosa cobrará su ayuda este mes y denuncian que la mujer sólo quería llevarse el dinero en mano. La negativa de Rosa a abandonar el edificio cuando este cierra al público, a las 19 horas, llevó a los dos guardias civiles que filtran la entrada al centro a llamar a la policía. 

Pasó casi una hora hasta que los agentes convencieron a Rosa para que saliera, apoyada en sus muletas, del edificio. Según la mujer, los agentes le aseguraron que su acción tendría consecuencias negativas en la tramitación de su expediente. Además, dice, la amenazaron con llevársela a comisaría. En la consejería insisten en que ella incluso provocaba para que la esposaran, sabedora de que la prensa esperaba abajo.

Hoy llega a "Cuatro" el programa «21 días con personas dependientes»

Hoy llega a Cuatro (23.15 horas) una nueva entrega de «21 días...», producido por BocaBoca, pero en esta ocasión bajo el título «21 días con personas dependientes», donde muestran cómo funciona realmente la Ley de Dependencia. Samanta Villar convive con Sonia y su hijo Marco, que padece la enfermedad de Duchenne. Ellos dos, junto a Marta, la pequeña, dan un ejemplo de amor, alegría y entrega. La periodista vive 21 días las 24 horas de Sonia, que no sólo cuida de hijo sino que, además, con un sueldo de mileurista, paga la hipoteca y saca adelante sola a su familia, una lucha sin descanso de sol a sol.

Pero no se han centrado sólo en Marco y su familia, también han buscado otros casos de dependencia, cargados de ejemplos de superación y sacrificio, pero siempre con una sonrisa, para intentar ofrecer una imagen lo más fidedigna posible de las diferentes problemáticas que ayudaría a aliviar, que no paliar, la Ley de Dependencia si funcionara correctamente. En todos los casos de dependientes del programa han solicitado algún tipo de ayuda, unas veces monetarias y otras asistenciales, pero los trámites se demoran años y la ayuda nunca llega...

La meta del espacio no sólo es denunciar sino también informar. Para la periodista, hoy, «mucha gente se va a dar cuenta de que tenemos que cambiar de aptitud a la hora de relacionarnos con gente discapacitada y con sus cuidadores. Al mismo tiempo, las instituciones se tienen que dar cuenta de que las ayudas son necesarias, se tienen que gestionar en los plazos que marca la ley y no saltárselos a la torera como está pasando en algunas CC.AA.».

Samanta Villar tiene claro que el sacrificio de estas familias «es un gran ejercicio de amor. Los cuidadores están actuando por amor a esas personas al sacrificar su vida para que ellos puedan tener calidad de vida, hacer determinadas actividades o llevar un día a día lo más normalizado posible. Eso, al final, les provoca un sacrificio de sus propias vidas que el resto de la sociedad debería paliar».

Estas familias nos dan día a día muchas lecciones pero, para la periodista, la enseñanza que se ha lleva es la «actitud positiva con que ven la vida pese a todo. Cuando dicen: nos ha tocado vivir con esto, tenemos que asumir la situación y ser felices, y lo son. Es una lección vital. Pase lo que pase hay que sacar lo mejor y esto para ellos es que se tienen los unos a los otros, se quieren y se hacen compañía».

Fuente: cuatro.es

El empleo femenino y el envejecimiento urgen un nuevo modelo de dependencia

Investigadoras de la Universidad Carlos III de Madrid y La Caixa han elaborado un estudio sobre los cuidados de las personas en España, en el que alertan de que la incorporación generalizada de la mujer al mercado laboral y el envejecimiento de la población pueden poner en peligro dentro de unos años la atención de mayores y dependientes.

Según los autores de este trabajo, que hace el volumen 28 de la Colección de Estudios Sociales de la Fundación La Caixa, "urge la adopción de medidas" hacia un nuevo modelo en el que el cuidado aparezca como un nuevo derecho social de la mano de políticas como la Ley de Dependencia y la Ley para la Igualdad de Género.

La directora del estudio, Constanza Tobío, explicó en su presentación que a pesar de que la Ley de Dependencia y la de Igualdad de Género están ya en vigor, el paso del modelo de cuidados familiares arraigado en España desde hace muchos años al de cuidados provenientes de las administraciones públicas, al menos en parte, "no se está llevando a cabo con todos los recursos necesarios".

Según concluyen estos expertos, estos expertos, factores como la sostenibilidad del Sistema de Dependencia, la distribución desigual de recursos en las diferentes autonomías, la falta de coordinación entre las políticas sociales de las comunidades autónomas, las dificultades de coordinación laboral y familiar y la inercia del cuidado en el hogar dificultan la consolidación de un nuevo modelo de atención de personas que se hace "imprescindible".

En peligro
Tobío, catedrática de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid, subrayó que actualmente más del 18% de la población española es mayor de 65 años, mientras que la proporción superará en 2050 el 30%. Este dato, incidió la investigadora, unido al que indica que en treinta años la tasa de ocupación de la mujer se ha duplicado en España, hace pensar que los cuidados de las personas que los precisen dentro de unos años pueden peligrar. Otro dato que confirma esta teoría es el de que en las dos últimas décadas el número de amas de casa a tiempo completo se ha reducido casi a la mitad, al haber pasado del 43% al 23% de las mayores de 16 años.

No obstante, en la actualidad el retrato robot del cuidador de personas mayores y dependientes sigue siendo el de una mujer (lo es en el 83% de los casos) casada, con estudios primarios, sin otra ocupación remunerada y en un 40% de las ocasiones hija del afectado. En este punto, la investigadora resaltó el hecho de que los hombres sólo ejercen como cuidadores de familiares "cuando no les queda más remedio" porque no haya en su entorno una mujer disponible para esta labor.

Si la persona dependiente es un hombre, detalló, la cuidadora suele ser su mujer, mientras que si es la esposa la que necesita ayuda, quien se ocupa de ella es habitualmente una hija.

La ley de Dependencia tendrá un déficit de 7.000 millones este año y de 12.000 en 2015

Las administraciones públicas prevén aportar 4.426 millones de euros para hacer frente a la ley de Dependencia en el año 2015, cuando el coste real de los servicios en dicha fecha oscilaría entre los 17.000 y los 20.000 millones de euros, según establece un estudio publicado en la revista «Estudios de Economía», realizado por Irene Albarrán y Pablo Alonso, de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad de Alcalá, respectivamente.

Las previsiones de aportación pública representan en torno al 25 por ciento del total presupuestado para 2015, año en el que las autoridades prevén que funcionará a pleno rendimiento el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en España. Según Irene Albarrán, profesora de la Carlos III , los resultados de su investigación implican para ese año «un desfase de 12.000 millones de euros, en el mejor de los casos».

El informe «La población dependiente en España» concluye que en el presente año «hay más de 890.000 personas con derecho a recibir ayudas públicas y, según las estimaciones, los costes de la población dependiente oscilan entre los 8.584 y los 9.276 millones de euros, cuando las administraciones calcularon un coste de 2.320».

La previsión se agrava para 2015, cuando el volumen de dependientes «será ligeramente inferior al millón de personas, por lo que la cifra de costes se situará entre los 15.000 y los 20.000 millones de euros, importe muy superior a los 4.426 millones que esperan aportar las administraciones, por lo que sólo se cubrirá la cuarta parte de lo que haría falta en atención asistencial, sin contar infraestructuras», explica Alonso.

El estudio estima que en 2020 el número de dependientes será ligeramente superior al millón -con un coste estimado entre los 22.000 y los 27.000 millones-. Y para 2015 pronostica que la cifra de potenciales beneficiarios oscilará entre 1,55 y 1,65 millones -algo más del tres por ciento de la población total- que acarrearán un gasto entre 135.000 y 161.000 millones.

El peso de los costes sobre el total de la actividad -prosigue la investigación-irá creciendo hasta situarse entre el 1,3 y el 1,6 por ciento del PIB en 2015 y el 2,2-2,6 por ciento en 2050. En ningún caso la aportación de la Administración supera el 30 por ciento del coste estimado, precisan los autores del trabajo.

 

Fuente: ine.es

Inaguracion del Vivero de Empresas de Carabanchel

El alcalde de la Ciudad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, inaugurará el Vivero de Empresas de Carabanchel. En este equipamiento tendrán cabida 31 proyectos para empresas de economía social. 

Esta sexta unidad de la Red de Viveros de Empresas municipal, tendrá más de 6.100 metros cuadrados de superficie, lo que lo convertirá en el más grande de todos. Nota: a las 10.15 horas saldrá un autobús desde la calle Montalbán para los medios que deseen asistir a este acto. 

Vivero de Empresas de Carabanchel 

c/ del Cidro, 3

Entre otras empresas se encuentra Serhogar System.

Listado de empresas: pinche aquí

Aprender a cuidar de personas dependientes a través de una unidad didáctica audiovisual

El 70% de los cuidadores de personasdependientes –entre ellos, de enfermos deAlzheimer y Parkinson- son mujeres preocupadas, sobre todo, por cómo atender correctamente las necesidades de sus familiares en esa situación. Lo que más les inquieta son cuestiones como la correcta movilización, el aseo y alimentación –véase, post cuidados básicos -, así como la necesidad de recibir unas nociones prácticas para detectar situaciones de urgencia en las que hay que pedir ayuda a un profesional sanitario.

Así lo constató el director general del Centro de Humanización de la Salud , José Carlos Bermejo, en una investigación con la que se ha llevado el segundo Premio Caja Madrid de Investigación Social 2009  –dotado con 12.000 euros-  y a partir del que ha creado la primera unidad didáctica audiovisual específica para el cuidado de personas mayores y dependientes.

Este trabajo mostraba la falta de tiempo y de medios que sufren los cuidadores informales y sus dificultades para relacionarse con su familiar en situación de dependencia , tanto en el manejo de actividades de la vida cotidiana como respecto a posibles trastornos de conducta, sobre todo delirios, alucinaciones y agresividad, especialmente en mayores que padecen algún tipo de demencia.

De ahí la puesta en marcha de la innovadora herramienta audiovisual de ayuda (puedes ver el vídeo y descargarlo aquí ). El  Centro Humanizar (Madrid) cuenta con un centro asistencial en el que se atiende desde 1983 a 135 personas mayores con diferentes niveles dedependencia física, psíquica o social, una residencia y centro de día, una unidad de cuidados paliativos y una fundación de ayuda a domicilio.

La reforma laboral no entra en casa

Los sindicatos exigen la inclusión "de una vez por todas" de las empleadas del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. Sujetas a una ley arcaica y discriminatoria, ahora no cuentan con ninguna protección social 

"Vengo de pedir de la iglesia porque no tengo ni para comer y trabajo como una bestia", afirma Pilar Díaz, una mujer de 60 años que lleva toda su vida limpiando casas. Nunca ha tenido derecho a paro, ni a baja por enfermedad, ni a vacaciones, ni sabe qué es un contrato. Ahora, cuando los huesos le fallan, tampoco puede jubilarse porque, al no haber cotizado, no puede cobrar una pensión. El Gobierno, en pleno debate de la reforma laboral, se ha olvidado año tras año no sólo de ella, sino del resto de las 700.000 empleadas del hogar que trabajan en España, la mayoría en la economía sumergida.

"Pero no es un olvido, es un intento de cargar el mayor tiempo posible sobre las espaldas de las mujeres pobres los costos del cuidado", puntualiza Isabel Otxoa, asesora de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia.

Desde 1985, estas mujeres se rigen por un régimen especial en el que no se aplica el Estatuto de los Trabajadores ni el del Trabajo Autónomo. "Están en desventaja con el resto de los trabajadores, por lo que el Gobierno no puede dejar fuera otra vez del nuevo Pacto de Toledo la inclusión de estas trabajadoras en el Régimen General. Ya es hora de que nos sentemos con la Administración", afirma la secretaria de política social de UGT, Carmen López.

La obligación de alta y cotización a la Seguridad Social desde la primera hora de trabajo, un contrato por escrito, la protección por accidente laboral y la prestación por desempleo son algunas de las reivindicaciones del colectivo. "Este régimen se basa en la previa situación de opresión de las mujeres, dependientes económicamente de sus maridos y en condiciones de aceptar muy malas condiciones de trabajo", añade Otxoa, que incide en la "vergonzosa utilización" de las mujeres inmigrantes.

Conciliación laboral

En Opción Luna, una asociación de Córdoba que ayuda a mujeres como Pilar a dignificar su trabajo, consideran que ese aplazamiento constante fomenta aún más la economía sumergida y refleja una discriminación "pura y dura" hacia estas trabajadoras.

"En este país no está aún resuelta la conciliación laboral y familiar"

"No tener cubiertos unos derechos básicos no es culpa del empleador, sino de una ley y de quien no controla los abusos que se producen", zanja Antonia González Ríder, presidenta de la asociación. "El otro día, viendo una película en la tele de Adolfo Suárez pensé cuando salía con Santiago Carrillo: "lo hicisteis todo muy bien, pero se os olvidó esto", reflexiona. 

Desde aquellos primeros años de la Transición, la mujer ha derribado obstáculos inimaginables. ¿Por qué esta discriminación se resiste tanto? La razón, según la secretaria de la mujer de CCOO de Andalucía, Antonia Martos, es que este trabajo no está reconocido socialmente. "Siempre lo hemos hecho las mujeres de manera altruista", afirma. Sin embargo, paradójicamente, gracias a estas trabajadoras, otras mujeres pueden acceder al mercado laboral. Y aquí Martos incide en lo que ella considera el problema de fondo: "En este país no está aún resuelta la conciliación laboral y familiar. Es evidente que se ha avanzado mucho, pero no puede ser a costa de otras mujeres, ya sean empleadas del hogar o familiares como las abuelas". 

Isabel Otxoa cree que el debate hay que plantearlo de otra forma: "Es injusto e inexacto mencionar a las mujeres como si fueran las que se benefician del empleo doméstico. Las empleadas del hogar liberan de trabajo principalmente a los hombres". ¿Qué pasaría si las mujeres se pusieran en huelga? La Administración tampoco responde esta pregunta, pero todas saben la respuesta.

 

"Veo mi futuro muy negro"

Pilar Díaz. Empleada del hogar, 60 años

Su única vía para ganarse el pan siempre ha sido trabajando en casas. Pilar Díaz, una cordobesa de 60 años y sin estudios, sólo cobra 2,5 euros la hora –la media se sitúa en los 8 y los 9 euros–. “Estoy muy mal, con mis achaques, no tengo ni una vivienda y, claro, no puedo pedir más dinero porque si no llaman a una chica más joven”, lamenta. Hace de todo: limpia, cocina, plancha... Pero no cobra más de 300 euros al mes. Es diabética y necesita los cuidados de cualquier persona mayor machacada por una vida dura. Pese a llevar trabajando desde que era muy joven, nunca ha cotizado a la Seguridad Social. “Si me hubieran hecho un contrato como a cualquier trabajador normal, ahora me podría jubilar y tener mi paga. Pero es que, con esta edad, ahora tengo que seguir echando horas como una loca”, añade. Y lo peor, asegura, está por venir: “Tampoco veo un futuro mejor. Lo veo bastante negro todo, la verdad”. 

"Estoy como si fuera extranjera"

Antonia Pedregosa. Empleada del hogar, 51 años

Antonia Pedregosa sólo ha cotizado a la Seguridad Social tres temporadas en un hotel de Menorca y cuatro años en otro establecimiento del sector, del que fue despedida con la crisis. El resto del tiempo siempre ha trabajado como empleada del hogar. Y ahora, a punto de cumplir los 52 años, vuelve a limpiar casas. “No tengo ningún derecho, soy española, pero como si fuera extranjera”, afirma.  Actualmente cobra 8 euros por hora, pero con los desplazamientos en autobús, la primera se le queda en cinco. La situación no es muy boyante: su marido lleva un año de baja por enfermedad. “No me falta para comer, pero no me podría quedar en mi casa aunque quisiera”, añade. Gana 400 euros al mes. “Tendría que cambiar nuestra situación de una vez por todas, si no voy un día porque estoy enferma, no cobro, y si la familia decide que no quiere, porque la crisis le está afectando, pues tampoco”, concluye.

"Es igual que no haber trabajado"

Patricia Sánchez. Empleada del hogar, 24 años

Con sólo 16 años, Patricia Sánchez tuvo que dejar sus estudios y ponerse a trabajar. Su madre se puso enferma y necesitaba llevar dinero a casa. Desde entonces, y ahora tiene 24 años, trabaja por horas limpiando casas. “Me hubiera gustado estudiar auxiliar de enfermería porque con todo lo que llevo trabajado es como si no hubiera hecho nada”, afirma siendo plenamente consciente de lo que supondrá en un futuro no haber cotizado para poder recibir una pensión. Ahora gana unos 750 euros al mes y ha preferido que su empleadora no le diese de alta en la Seguridad Social porque tendría que pagar ella gran parte de la cuota. “Y eso me reduciría el sueldo”, explica. A su marido se le terminó la prestación por desempleo el mes pasado y necesitan dinero para lo más urgente: pagar la hipoteca de su casa. Confía, no obstante, en poder recuperar algún día sus estudios.

Tres años sin cumplir los plazos de la ley de Dependencia

Las autoridades venden como avance su deber de dar las ayudas en seis meses 

Los responsables de política social de las comunidades llegaron la última semana de enero a un acuerdo: resolver las ayudas por Dependencia en un plazo de seis meses, desde que el ciudadano lo solicita hasta que se le concede (sobre el papel) la prestación de que se trate. Así pues, tres años después de ponerse en marcha la Ley de Dependencia, los responsables políticos se han reunido para adquirir el compromiso de cumplirla.

Porque en dicha norma ya se indica - artículo 28- que la tramitación de estas ayudas se hará de acuerdo al Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es decir, en un plazo de seis meses. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

La Ley de Dependencia está excesivamente lastrada con los procedimientos administrativos y ahí radica buena parte de los retrasos que sufren los ciudadanos. Pero algunas comunidades han ido encogiendo los trámites para aligerar el proceso.

Muy pocas, pero algunas, como Castilla y León ya tienen en marcha un expediente unificado, es decir, que en un solo paso el ciudadano conoce su grado de dependencia y la ayuda que le corresponde. Por eso tardan menos en resolver, muy lejos de la lamentable media española, que se sitúa entre los 12 y 18 meses, un periodo de tiempo excesivo para personas que requieren ayuda urgente. También en Guipúzcoa la espera es de las más reducidas. La Administración vasca habla de unos tres meses.

Pero puede afirmarse que la práctica totalidad de las comunidades emplean más que los preceptivos seis meses en conceder las ayudas a los dependientes. Y esa media española la alimentan comunidades como Madrid o Canarias, donde el usuario puede esperar casi dos años su ayuda, según el último estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Comunidades como Madrid o Valencia, que muestran algunos de los peores resultados en su gestión de la Ley de Dependencia, no sólo no aligeraron el procedimiento, sino que regularon el llamado silencio negativo: si el ciudadano no recibía respuesta se quedaba en un limbo administrativo que apenas le dejaba la opción de volver a solicitar su ayuda como si nada hubiera pasado antes. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad tumbó esa iniciativa por una cuestión de forma: no habían regulado con rango de ley.

Pero aún quedan otros resquicios para burlar lo que, en principio, plantea la ley. Por ejemplo, considerar que el procedimiento no es uno solo, sino tres: uno para que el ciudadano sea valorado, otro para determinar su grado y nivel de dependencia y un tercero para prescribir la ayuda. Si se entiende que son tres, podrían contar con seis meses para cada cosa. Y eso también ha estado ocurriendo. De hecho, en Madrid hay un recurso de casación planteado en el Tribunal Supremo -pendiente de admitirse o no a trámite- para que determine si es legal retrasar el procedimiento por la vía de dividirlo en dos o tres pasos.

Los trámites también se paralizarían si la Administración solicita algún documento al dependiente. Entonces los seis meses contarían de nuevo, algo que ha pasado en numerosas ocasiones, incluso pidiendo papeles que ya se habían entregado o que ya posee la administración.

"La situación se ha subvertido de tal forma que vamos hacia un sistema de protección social que utiliza la burocracia como arma para defenderse del ciudadano y el derecho de las personas a ser atendidas y apoyadas está por encima de los procedimientos", afirma Luis Barriga de la Asociación de Gerentes. "Otros sistemas como la sanidad o la educación ofrecen respuestas más inmediatas, sin necesidad de que cada decisión del profesional, del paciente o del alumno se diriman en forma de resolución administrativa", añade.

"En cualquier caso, es obligatorio informar al ciudadano que su solicitud ha sido recibida y del plazo máximo establecido para resolver, así como de los efectos del silencio administrativo", asegura Barriga.

El abogado José Ausín, que tramita casos de afectados de Alcorcón (Madrid), es quien ha presentado el recurso ante el Supremo. Y aunque se felicita de la voluntad política de agilizar los trámites, opina que "se está llegando a tal nivel de deterioro que no se propone la sanción de los que no cumplen sino el aplauso a los que se proponen cumplir la ley".

Las ayudas

- Atendidos. Las personas que ya reciben una ayuda por Dependencia superan ya los 500.000. Pero la lista de espera se acerca a los 250.000 dependientes.

- En casa. Del total de ayudas prestadas, más de la mitad se trata de una prestación económica para cuidar en casa al anciano o discapacitado. Las comunidades han acordado inspecciones anuales para estas ayudas.
- A la espera. Canarias, Madrid, Valencia, Baleares y Murcia son las comunidades donde hay menos ciudadanos atendidos en relación con la población. Están por debajo de la media española, que es un 1,08%.

Aguirre extiende su modelo privatizador a la dependencia

La Comunidad opta por dar 'cheques residencia' en vez de construir más plazas públicas

Ahí tiene el dinero, vaya donde quiera. Con ese objetivo, el Gobierno regional va a poner en marcha esta primavera un cheque social para que las personas dependientes "puedan ir a la residencia que deseen y que esté autorizada por la Comunidad de Madrid", detalla el director general de Dependencia, Miguel Ángel García. Pero esa libertad estará limitada por el bolsillo: el cheque, de 831 euros al mes como máximo, no cubre el coste total de la plaza. Y todo indica que será sobre todo privada (su precio ronda los 2.700 euros al mes, según la Asociación Madrileña de Residencias de la Tercera Edad). El beneficiario deberá aportar el resto: la Ley de Dependencia, en cuyo cumplimiento se establece esta medida, fija el copago del usuario. El sistema de otorgar una prestación vinculada a un servicio evita a la Administración regional construir plazas públicas. Además, prefiere concertarlas con el sector privado, admite García.

La ayuda mensual, 831 euros como máximo, se cargará en una tarjeta

La puesta en marcha del cheque residencial (una tarjeta en la que se cargará la cuantía concedida al beneficiario en función de su nivel de dependencia y de su renta), anunciada por la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, en Abc el pasado lunes, será el primer paso. Habrá otros.

"En otoño se implantará también ese sistema para las personas que quieran ir a centros de día o recibir atención domiciliaria", anuncia el director general. Con estas medidas se busca desatascar la puesta en marcha de la Ley de Dependencia -Madrid es una de las regiones más retrasadas-. Y se hace recurriendo al mercado.

La medida va en línea con la doctrina liberal del Gobierno de Esperanza Aguirre y con su Ley de Servicios Sociales, que prevé este tipo de prestaciones económicas directas. Sin embargo, la Ley de Dependencia, aprobada por las Cortes en 2006, contempla ese tipo de ayudas "únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado" (artículo 17). Al apostar por ella, el Ejecutivo madrileño aparca la posibilidad de potenciar los servicios públicos de cuidado a dependientes."No hay compromiso de crear plazas públicas ni de sufragar el coste total", critica Ana Lima, presidenta del Consejo General de Trabajo Social (agrupa a los colegios de diplomados sociales). "El sistema del cheque abre la brecha de la dualidad social. Quien tenga dinero puede utilizar la ayuda para elegir una residencia mejor, y quien no lo tenga seguirá sin poder pagarla", añade. "Eso beneficiará a las empresas, que incluso podrán elegir a sus clientes, y no a los ciudadanos medios. Sería más justo concertar plazas", plantea Gustavo García, de la Asociación de Directores y Gerentes de Centros Sociales.

En cambio, para el director general de Dependencia, las ventajas son evidentes: "Este sistema da mayor libertad y capacidad de elección al usuario, que incluso puede cambiar de centro si lo desea. Además, se permite elegir si se quiere la prestación o si, por ejemplo, se prefiere una plaza en residencia concertada

[cofinanciadas entre la Administración y los usuarios]

". Este responsable ve más beneficios en el cheque: "Dará estabilidad al sector de las residencias privadas y permitirá el sostenimiento de las que están abiertas". Asegura que la cuantía de la ayuda oscilará entre los 400 y los 831 euros mensuales. Añade que se vigilará para evitar que la medida provoque una eventual subida de precios.

El anuncio ha caído como agua de mayo en el sector de la atención residencial privada. La Asociación Madrileña de Residencias de Tercera Edad y Centros de Día (AMRTE) venía demandando este "flexicheque" (así lo llaman) desde que se aprobó la Ley de Dependencia. Lo asegura, por correo electrónico, su presidente, José Luis Palacios: "Nos parece una buena iniciativa, porque da capacidad de elección al dependiente, que es quien va a recibir el servicio".

El representante de las residencias ve más ventajas en el cheque social: "Fomentará una competencia sana entre los operadores del sector" y servirá para "agilizar el acceso de los dependientes a la atención residencial". También podría empujar a nuevos clientes. El 20% de las plazas privadas están vacías. Entre las concertadas, el 15%, según AMRTE. Estos huecos se deben a la crisis, a las expectativas ante las ayudas previstas y al incremento de residencias en los últimos años, dice Palacios. La Administración regional sostiene 21.711 plazas en residencias de mayores públicas y concertadas.

Por la vía del cheque, la Comunidad busca dejar de ser el farolillo rojo a escala nacional en la aplicación de la Ley de Dependencia. Ahora, sólo 178 de las 26.287 personas que reciben alguna prestación cobran una ayuda económica vinculada al servicio (para lo que está previsto el cheque). Además, otras 28.228 tienen reconocida ayuda, pero aún no la reciben.

Establecimiento en Carabanchel de Serhogar System

SerHogarsystem empresa cuya misión es la prestación de servicios domésticos y asistenciales, conscientes de las necesidades que van surgiendo en los hogares para atender las necesidades en el entorno familiar, 1º.- Con la aprobación de la Ley de Dependencia, y 2º.- Con la aprobación de la Ley de Igualdad, ha decidido después de 5 años instalados en la Calle Illescas, nº: 5-Local 11, el trasladar su sede social al Polígono Industrial de Aguacate en el Vivero de Empresas de Carabanchel; Calle del Cidro, nº: 3 – Dpcho 217, para dar también una mejor  cobertura a todos los residentes del distrito, de una forma integral y profesional, con los valores asumidos por la enseña de:

•          Calidad,
•          Flexibilidad
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•          Seguridad

Nuestro slogan: HACEMOS MÁS FÁCIL SU VIDA.

Madrid pide que no se haga un uso partidista de la Ley de Dependencia

• La Federación cree que se está frivolizando con la Ley de Dependencia
• Cree estar legitimada para representar a miles de personas con discapacidad

La Federación de Organizaciones en favor de personas con discapacidad intelectual(Feaps Madrid) se ha unido a la postura del CERMI Comunidad de Madrid, que sostiene que este comité es la única institución representativa del sector de la discapacidad en Madrid.

Ambas entidades se expresan así en respuesta a las llamadas recibidas por parte de los medios de comunicación en referencia a una nueva "Plataforma de representación de asociaciones", creada por el Partido Socialista Madrileño en defensa de las personas beneficiarias de la Ley de Dependencia, entre las que se encuentran ciudadanos con discapacidad.

Feaps Madrid rechazó la polémica generada en torno a la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, a la vista de que surge de un impulso partidista.

La Federación cree que se está frivolizando con la Ley de Dependencia, convirtiéndola en una guerra de cifras electoralista sin tener en cuenta que detrás de cada caso existe una familia en una situación distinta y generalmente difícil.

También recordó que cuenta con más de 30 años de existencia lo que la legitima para representar los intereses de miles de personas con discapacidad intelectual en la Comunidad de Madrid, entre los que hay muchos en situación de dependencia.

Precisamente por ello, cuenta con el Observatorio de la Dependencia, un importante instrumento de trabajo cuyo objetivo es analizar las situaciones concretas de las personas con discapacidad intelectual y contribuir en la búsqueda de soluciones.

La Federación indicó que la pasada semana se mantuvo una reunión de trabajo con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales para entre otras cuestiones dar salida a los inconvenientes que la Ley de Dependencia está planteando a personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Fuente: elmundo.es

Un teléfono de la esperanza para los dependientes

El PSOE lanza su servicio para gestionar las quejas contra Aguirre

Rafaela Rey y Maite Muñoz están cansadas de esperar. No hay forma de que reciban las ayudas de la Ley de Dependencia que la Comunidad de Madrid ha reconocido a sus respectivas madres. Ambas presentaron la solicitud en el verano de 2007, unos meses después de que entrara en vigor la norma, pero como muchos otros miles de madrileños de momento sólo han recibido largas de la Administración autonómica.

Sus quejas son las primeras que ha tramitado el recién creado servicio jurídico de las 38 plataformas de la dependencia de la región, coordinadas por el PSM-PSOE. Los abogados enviaron las reclamaciones de Rafaela y Maite el viernes pasado a la Consejería de Asuntos Sociales después de analizar sus expedientes.

Una plataforma remite decenas de protestas al Gobierno regional.

El martes de la semana pasada, el Partido Socialista de Madrid anunció la puesta en marcha del servicio jurídico de atención a los dependientes. Para atender las quejas, habilitó un número de teléfono (900 10 14 71) que, en teoría, iba a empezar a funcionar ayer. No obstante, al hacerse público el servicio, decenas de personas empezaron a llamar y se adelantó su puesta en marcha.

Desde el miércoles pasado, se han recibido unas 300 llamadas, de las cuales los abogados ya han empezado a tramitar los expedientes de 80 personas. Entre hoy y mañana, los responsables de este servicio presentarán al Gobierno regional otras 30 reclamaciones, similares a las deRafaela y Maite.

La madre de Rafaela, Antonia, sufrió un ictus en 1999 que la dejó inmóvil en una silla de ruedas. Las esperanzas que Rafaela depositó en la ley cuando presentó la solicitud de su madre, en junio de 2007, se han ido desvaneciendo con el paso de los meses.

Un 47% de las ayudas concedidas aún no se ha hecho efectivo

Primero la evaluaron mal, reconociéndole un grado y nivel de dependencia mínimo, sin ni siquiera haber visitado a la mujer, de 81 años. Solucionado el error y dictaminado el máximo grado y nivel, su queja se centra ahora en el retraso de las subvenciones.

El mes de agosto pasado, la Comunidad de Madrid comunicó que le concedía la ayuda económica para el cuidador familiar, en este caso, Rafaela. Su madre no quiere salir de casa y ella está en el paro desde hace unos meses. Pero esa ayuda no llega.

Queja común

La madre de Maite, de 88 años, está en una situación similar. También se le ha concedido la ayuda al cuidador familiar, el pasado julio, pero no se ha hecho efectiva. El abogado de las plataformas que ha analizado sus casos, Wilfredo Jurado, explica que la mayoría de quejas que reciben se debe a este tipo de retrasos.

Los expedientes quedan "en punto muerto, en un limbo administrativo"

La ley establece que, una vez dictaminado el grado de dependencia, cuyo trámite se ha agilizado desde los inicios de la norma, se debe determinar el Proyecto Individual de Atención (PIA), que determina el tipo de ayuda que se concede. Y es ahí donde se amontonan los expedientes. Un 47% de los madrileños con PIA aún espera que se haga efectiva. La media en el resto de España se reduce al 35%.

Jurado explica que, técnicamente, hasta que el dependiente no percibe la protección, para la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid se trata de una propuesta de PIA, que no es firme. De esta manera, los expedientes quedan "en punto muerto, en un limbo administrativo", como explica el abogado.

Fuente: publico.es

El Cermi Madrid aclara que es la única entidad representativa de los discapacitados

Ante el equívoco provocado por la 'Plataforma de representación de asociaciones', creada por los socialistas para defender la ley de dependencia

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (Cermi Comunidad de Madrid) ha afirmado que esta entidad es la única institución representativa del sector de la discapacidad en la región.

"La única institución representativa del sector Discapacidad ante las diferentes Administraciones de Madrid ante cualquier tipo de negociación, acuerdo, denuncia o colaboración pasa por el Comité legalmente constituido, eficazmente gestionado y suficientemente representado por todas y cada una de las Federaciones que atienden y representan a las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid", señaló el citado comité.

Cermi Comunidad de Madrid se expresó así en respuesta a las llamadas recibidas por parte de los medios de comunicación en referencia a una nueva "Plataforma de representación de asociaciones", creada por el Partido Socialista Madrileño en defensa de las personas beneficiarias de la Ley de Dependencia, entre las que se encuentran ciudadanos con discapacidad.

En opinión de este comité, cualquier tipo de asociación, plataforma, grupo de presión, o representación de asociaciones o de personas con discapacidad que actúe sin el conocimiento o aprobación del Cermi Comunidad de Madrid "no es más que un intento fútil de suplantar una actuación por la que el Cermi Comunidad de Madrid lleva trabajando hace ya más de 10 años".

Desde esta perspectiva, el Cermi Comunidad de Madrid invitó a las asociaciones o grupos de representantes del sector que no estén articulados en torno a este comité a mantener su autonomía e independencia política y a unirse a esta plataforma, "que estará encantada de colaborar con todos ellos en la lucha diaria para conseguir la mejor calidad de vida para sus integrantes".

Por otra parte, Cermi Comunidad de Madrid recordó tanto al Gobierno central, como al autonómico, la corresponsabilidad que ambas administraciones tienen respecto al cumplimiento y desarrollo de la Ley de Dependencia, por lo que aseguró que no aceptará "bajo ningún concepto, cualquier uso partidista" de la norma.

Regimen Laboral de las Trabajadoras del Hogar

1.- ¿Quienes se encuentran comprendidos en el régimen de los Trabajadores del Hogar?
Se encuentran comprendidos dentro de éste régimen aquellos trabajadores que efectúan labores de aseo, cocina, lavado, asistencia, cuidado de niños y demás propias de la conservación de una residencia o casa-habitación y del desenvolvimiento de la vida de un hogar que no importen lucro o negocio para el empleador o sus familiares.
Se consideran comprendidos en este régimen los choferes, jardineros así como las enfermeras técnicas. En este último caso, al no tener una regulación propia y debido a la naturaleza del servicio que brindan como es el cuidado de pacientes miembros de un hogar, se consideran como trabajadores del hogar. De tratarse de enfermeras profesionales, éstas se regulan por la Ley Nº 27669, Ley del Trabajo de la Enfermera.

Referencias: Artículo 2 de la Ley 27986.

2.- ¿Qué servicios no son considerados propios de los trabajadores del hogar?
No se consideran a quienes prestan las mismas o análogas actividades que las descritas para los trabajadores del hogar, cuando son realizadas para empresas o empleadores que obtienen un lucro o beneficio económico con tales actividades.
Ejemplo de ello son los hoteles, restaurantes, instituciones sociales o religiosas, etc.

Referencias: Artículo 2 de la Ley 27986.

3.- ¿A cuánto asciende el monto de la remuneración de los trabajadores del hogar?
El monto de la remuneración en cualquiera de sus modalidades será la señalada por acuerdo libre de las partes, la misma que puede ser inferior a la remuneración mínima vital.

4.- ¿Está obligado el empleador a proporcionar alimentación al trabajador del hogar?
El empleador se encuentra en la obligación de proporcionar alimentación y/o alojamiento del trabajador del hogar adecuado al nivel económico del empleador. Tales conceptos no serán considerados como parte integrante de la remuneración.

Referencias: Artículo 5 de la Ley 27986.

5.- ¿Cómo debe ser pagada la remuneración?
La remuneración será pagada por periodos mensuales, quincenales o semanales. Los trabajadores del hogar deberán extender constancia de los pagos que recibe, la cual servirá como prueba del otorgamiento de la remuneración.

Referencias: Artículo 2 del Decreto Supremo 015-2003-TR.

6.- ¿Cuál es la formalidad que debe cumplir el empleador para contratar?
El empleador tiene la opción de suscribir un contrato de trabajo por escrito o solamente verbal, salvo en el caso que se contrate a un trabajador adolescente, en este caso se observarán las formalidades previstas en el Código de Niños y Adolescentes.

Referencias: Artículo 3 de la Ley 27986.

7.- ¿El empleador tiene la obligación de llevar planillas?
No existe la obligación de llevar planillas. La prueba del pago de los derechos laborales le corresponde a la trabajadora del hogar

Referencias: Artículo 6º de la Ley Nº 27986

8.- ¿Tienen derecho a descanso semanal remunerado?
Si, tienen derecho a (24) veinticuatro horas continuas de descanso semanal.

9.- ¿Cuáles son los días feriados de los trabajadores del hogar?
Tienen derecho al descanso remunerado todos los días feriados señalados para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada que son los siguientes: 1 de enero, Jueves y Viernes Santo, 1 de mayo, 29 de junio, 28 y 29 de julio, 30 de agosto, 8 de octubre, 1 de noviembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.
No obstante, previo acuerdo, se puede compensar el día de descanso trabajado mediante el pago de una sobretasa equivalente a un adicional del 50% de remuneración, adicional a la remuneración de un día.

Referencia: Artículo 11º de la Ley Nº 27986

10.- ¿Los trabajadores del hogar tienen derecho a vacaciones?
Si tienen derecho a un descanso anual remunerado de quince días luego de un año continuo de servicios y sujeto al cumplimiento del récord siguiente: trabajadores cuya jornada es de 6 días a la semana, haber realizado labor efectiva por lo menos 260 días y si la jornada es de 5 días a la semana por lo menos 210 días.

Referencia: Artículo 12º de la Ley 27986 y Art. 6º del D.S. 015-2003-TR.

11.- ¿Los trabajadores del hogar tienen derecho a gratificaciones?
Si tienen derecho a una gratificación por Fiestas Patrias y a otra por Navidad. Las gratificaciones serán abonadas en la primera quincena de los meses de julio y diciembre. El monto de las mismas es equivalente al 50% de la remuneración mensual.

Referencia: Artículo 13º de la Ley 27986

12.- ¿Los trabajadores del hogar tienen derecho a la Compensación por Tiempo de Servicios?
Si tienen derecho al pago de su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), cuyo monto equivale a quince días de remuneración por cada año de servicios o la parte proporcional de dicha cantidad por la fracción de un año. Será pagada directamente por el empleador al trabajador al terminar la relación laboral dentro del plazo de cuarenta y ocho horas o al finalizar cada año de servicios con carácter cancelatorio.

Para efectos del cálculo de la CTS deberá tomarse en consideración la remuneración mensual percibida en el mes calendario anterior al del cese. En el supuesto que el beneficio sea pagado anualmente éste será calculado sobre la base de un año calendario. En este supuesto se tomará en consideración la remuneración del mes de diciembre del año correspondiente. Las fracciones de año se calculan por dozavos o treintavos según corresponda.

Referencias: Artículo 9º de Ley 27986 y 9 del Decreto Supremo 015-2003-TR.

13.- ¿Qué obligaciones tienen los trabajadores del hogar?
Los trabajadores están obligados a prestar sus servicios con diligencia y a guardar reserva sobre la vida e incidentes en el hogar.

Referencias: Artículo 4° de la Ley 27986.

14.- ¿Qué modalidades de contratación de un trabajador del hogar existen?
Existen dos modalidades de contratación:

• Cama afuera: el trabajador no vive en la casa o domicilio donde labora. 
• Cama adentro: el trabajador vive en el domicilio donde presta servicios. 
  

Referencias: Artículo 14º y 15º de la Ley 27986.

15.- ¿Cuál es la jornada de trabajo de los trabajadores del hogar?
El trabajador no puede laborar más de 8 horas diarias y 48 horas semanales en cualquiera de las modalidades.
Para la determinación de esta jornada máxima en la modalidad cama adentro se tomará en cuenta la suma de los períodos de trabajo efectivo prestado durante el día y la semana. Es período de trabajo efectivo aquel en el cual el trabajador se encuentra desempeñando las órdenes impartidas por el empleador.

Referencias: Artículo 15º de la Ley 27986. Artículo 9 del D.S Nº 015-2003-TR.

16.- ¿En la modalidad cama adentro, el empleador está obligado a proporcionar hospedaje?
Cuando el trabajador permanezca en el hogar todo el tiempo, el empleador deberá proporcionarle un hospedaje adecuado al nivel económico del centro de trabajo en el cual presta servicios y alimentación.

Referencias: Artículo 16 de la Ley 27986.

17.- ¿Los trabajadores del hogar tienen derecho a la educación?
Si, además el empleador debe brindar las facilidades correspondientes para que se garantice la asistencia del trabajador al centro de estudios fuera de la jornada de trabajo.

Referencias: Artículo 17º de la Ley 27986.

18.- ¿Cuáles son las formas de terminación del contrato de trabajo de los trabajadores del hogar?
El contrato de trabajo puede terminar por las siguientes causas:

• Acuerdo de las partes.
• Por muerte de una de las partes.
• Por jubilación del trabajador.
• Decisión del trabajador (renuncia). En este caso deberá dar un preaviso de quince días, no obstante, el empleador puede exonerarlo de este plazo.
• Por falta grave.

Referencias: Artículo 8º de la Ley 27986.

19.- ¿Puede el empleador por decisión propia terminar la relación laboral?
Si por la naturaleza de confianza del trabajo, el empleador podrá separar del empleo sin expresión de causa dándole un preaviso de quince días o pagándole una indemnización equivalente a la remuneración total de quince días si prescindiera de este preaviso.

Referencias: Artículo 7º de la Ley 27986.

20.- ¿Los trabajadores del hogar deben ser afiliados al Seguro Social de Salud?Si, son considerados afiliados obligatorios del Seguro Social de Salud siempre que laboren una jornada mínima de cuatro horas diarias. El pago del seguro del trabajador corresponde al empleador y el aporte es de 9% de la remuneración asegurable del trabajador. La remuneración mínima que se tendrá en cuenta para la determinación del aporte es equivalente a la remuneración mínima vital (S/.550).

Referencias: Artículo 18º de la Ley 27986 10° del D.S. Nº 015-2003-TR

21.- ¿Los trabajadores del hogar deben afiliarse a los Sistemas Pensionarios?
Si, pueden optar por el Sistema Nacional de Pensiones (ONP) o por el Sistema privado de Pensiones (AFP). La remuneración mínima que se tendrá en cuenta para la determinación del aporte es equivalente a la remuneración mínima vital (S/.500.00).

Referencias: Artículo 18 de la Ley 27986. Artículo 10° del D.S. Nº 015-2003-TR

22.- ¿Los trabajadores del hogar tienen derecho a percibir una liquidación de beneficios sociales al término de la relación laboral?
Si, aquella comprende el pago de beneficios sociales como son la Compensación por Tiempo de Servicios, Vacaciones Truncas y Gratificaciones Truncas así como cualquier otro beneficio social que esté pendiente de pago.
El récord trunco vacacional será compensado a razón de tanto dozavos y treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiere laborado.
La gratificación trunca se determina de manera proporcional a los meses calendarios completos laborados en el período en el que se produzca el cese.

El nuevo régimen del empleo doméstico se queda corto

El Gobierno de España anunciaba a finales de 2009 su intención de retomar el cambio del régimen laboral de las empleadas de hogar, que ya planteó en 2007 sin que se llegara a concretar entonces, y cuyo principal punto de interés sería la obligación para trabajadoras y empleadores de cotizar a la Seguridad Social desde la primera hora trabajada.

Ante esta posibilidad, tanto las asociaciones que representan al sector como los sindicatos dan muestras de un optimismo moderado, reconociendo que es un paso en la dirección correcta pero que todavía se queda corto respecto a las aspiraciones del colectivo.

En la provincia de Ciudad Real, quien más desconfianza muestra al respecto es la presidenta de la Asociación de Empleadas de Hogar, Magdalena López, debido al mal recuerdo que le dejó la primera vez que se propuso esta medida: “Creíamos que iba en serio”, dice, “pero aquello pasó”, dejándoles la conclusión de que la idea era “totalmente electoralista”.

El anuncio llegaba además después de que la asociación hiciera llegar a la directora del Instituto de la Mujer, Concha Tolosa, un proyecto de transformación del régimen laboral de las empleadas de hogar, para que lo hiciera llegar al Gobierno regional; Tolosa les informó posteriormente “que lo habían recogido y todo eso, pero que no se había movido nada”. De ahí que la reacción de López a la propuesta gubernamental sea la de considerarla “fenomenal, si se llevara a cabo”.

UGT y CC OO
En UGT, la noticia se recibía con algo más de optimismo, sin dejar de reconocer sus defectos. El secretario provincial del sindicato, Juan Jiménez Contreras, explicaba que lo consideran un paso en la dirección correcta, pero que “hay que ir intentando que tanto los trabajadores del hogar como los del régimen especial agrario se pasen al régimen general”.

En el mismo sentido se expresaba su homólogo en Comisiones Obreras, Felipe Pérez: “Lo que defendemos es la desaparición de los regímenes especiales”, afirma, “por una pura razón de equidad”, dado que “otros trabajos también tienen circunstancias especiales, y eso no genera ningún tipo de especialidad en el régimen de jubilaciones o de cobro de prestaciones de cualquier tipo”.

Entre las “especialidades” que conservará reste régimen frente al general, destacan dos: el tipo de cotización a la Seguridad Social, que empezará siendo del 22% para luego ir subiendo al 28,3% del régimen general, y la regulación del contrato verbal, que permite al empleador establecer un período de prueba de dos meses. Jiménez Contreras comprende el primer aspecto, como parte de la adaptación de un régimen a otro, pero critica el segundo, por considerar que la cualificación profesional no es suficiente para exigir más allá de los 15 días habituales.

Lo que aún queda por hacer
Ese es uno de los aspectos sobre el que los sindicatos centrarán su acción en favor de las empleadas de hogar en el futuro, adelanta el secretario provincial de UGT. Otros son el del pago en especie (alojamiento y manutención) de parte del sueldo y la igualación de la indemnización por despido a la que reciben el resto de trabajadores.

A esto añade Felipe Pérez la lucha contra el fraude que supone contratar a empleadas de hogar para hacerles desarrollar funciones relacionadas con la dependencia, para así ahorrarse lo que costaría contratar a un trabajador especializado en estos temas; algo que se podría evitar, subraya de nuevo, si las empleadas de hogar estuvieran en el régimen general.

Por su parte, Magdalena López enfatiza la necesidad de concienciar a las trabajadoras de estos derechos mediante cursos y jornadas, ya que muchas prefieren trabajar en situaciones de economía sumergida por ganar un poco más de dinero.

Fuente: eldiariodeciudadreal.com

Los cinco retos de la Ley de Dependencia

La norma, en vigor desde hace tres años, beneficia a 463.303 personas. No obstante, su implantación es lenta.

Las expectativas que se generaron cuando el 1 de enero de 2007 entró en vigor la Ley de Dependencia han desilusionado a miles de ciudadanos. Se quejan, sobre todo, de que las ayudas tardan demasiado en llegar. El 84% de la población cree que la Ley creó expectativas incumplidas, según un estudio de la Fundación Caser del pasado noviembre.

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, admite que "aún hay que dar respuesta a muchas situaciones pendientes", pero destaca que, en el último año, "los casos atendidos se han incrementado en un 140%". Un total de 463.303 personas ya reciben las ayudas.

Pese a las críticas, también los sindicatos, las asociaciones de dependientes y los profesionales de los servicios sociales aplauden la Ley, que por primera vez configura el derecho subjetivo a beneficiarse de un sistema de atención integral.

Aunque la norma entró en vigor en enero de 2007, la primera mitad de ese año se dedicó a preparar la estructura del sistema. Su implantación ha puesto de manifiesto que es imprescindible la coordinación entre los ayuntamientos, responsables de los servicios sociales tradicionales, y las autonomías, a quien corresponde aplicar la Ley.

Servicios sociales locales

Pero la realidad no es así. El hecho de que se considere la Ley como el cuarto pilar del Estado de Bienestar ha dejado de lado a los servicios sociales locales, según la presidenta del Consejo General de Trabajo Social, Ana Lima.

Hay notables diferencias entre autonomías en cómo funciona la Ley

Un ejemplo de la descoordinación entre administraciones es que desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia los ayuntamientos han visto dispararse las solicitudes de atención a domicilio, una ayuda que prestan sus servicios sociales desde hace décadas. Esta prestación está ahora en la cartera de servicios para los dependientes. Por ello, el Estado transfiere el dinero por este concepto a las autonomías y no a los municipios.

"El mayor reto que tiene la ley es la ley en sí misma. Con la configuración de este derecho es necesaria la cooperación interadministrativa", explica la secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha.

También es necesaria una mayor cohesión territorial. Según la autonomía donde vivan, los dependientes están mejor o peor atendidos. Canarias y la Comunidad Valenciana son quienes peor aplican la ley, según el último dictamen de la Asociación de Gerentes y Directores en Servicios Sociales. Esta asociación puntuó con un 0,5 a ambas. Les siguen Murcia y Madrid, con un 1 y un 2 sobre 10, respectivamente. Donde mejor funciona el sistema es en Andalucía, Castilla-La Mancha y el País Vasco, que obtuvieron un 8.

Financiación del sistema

Las diferentes "interpretaciones de la Ley limitan y lesionan el objeto de asegurar iguales y suficientes garantías públicas en la valoración" del sistema, destaca la secretaria de Política Social de CCOO, Rosana Costa. Así, mientras en Castilla y León un 85% de las personas con derecho a una ayuda ya la recibe, en Canarias el porcentaje cae al 39%.

La Agencia de Evaluación y Calidad recomendó en un informe que el Ministerio acuda "a la vía jurisdiccional" cuando una comunidad incumpla de forma "flagrante" la Ley. Por su parte, la ministra evita el conflicto: "Hay comunidades que han avanzado más que otras, pero creo que todas tienen un compromiso con la Ley".

La financiación del sistema también se ha puesto en tela de juicio. Las autonomías denuncian que el presupuesto es insuficiente y plantean cambios en el reparto de los fondos. El Estado da a las autonomías una cantidad por dependiente evaluado, al margen de que la ayuda se haya hecho efectiva. La Asociación de Gerentes y Directores en Servicios Sociales denuncia que Canarias "incluso está haciendo caja".

Fuente: publico.es

¡¡ Feliz Navidad !!

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Ventajas de hacer un contrato en el servicio domestico

«Nadie hace un contrato»

Entre las conclusiones del informe presentado ayer por el Defensor del Ciudadano llama la atención la siguiente: «La ley de prevención de riesgos laborales no se aplica al colectivo de empleadas del hogar, por lo que cobran más importancia las medidas preventivas». Francisca y Pedro no han leído aún el citado documento, pero saben de sobra lo caro que puede costar tener trabajando en casa a alguien sin un contrato en regla.

Este matrimonio -ambos funcionarios- lleva toda la vida organizando las tareas domésticas y los cuidados a sus cuatro hijos con empleadas de hogar. «Nunca vimos la necesidad de hacer un contrato: además de que nadie se complica con ella, a nosotros lo que nos parecía más importante era cultivar la confianza con la persona que atendiera nuestra casa, además de, lógicamente, pagarle por sus servicios lo que determinara un acuerdo entre las dos partes», explica Francisca.

Pero un mal día la empleada doméstica tuvo un tropiezo. Y grande. «Estaba limpiando las persianas subida en una escalera, puso mal el pie al bajar y cayó al suelo, con tan mala suerte que se lesionó la pierna y tuvieron que operarla: estuvo cinco meses de baja».

Amenazas

No tardaron en llegar las tensiones. «Cuando vio que no iba a poder trabajar en tanto tiempo amenazó sutilmente con denunciarnos si no nos hacíamos cargo de una indemnización», añade Pedro. Dos semanas de tira y afloja acabaron por aclarar la situación: «Convinimos que mientras estuviera recuperándose le pagaríamos íntegro el sueldo que percibía en casa, aunque no pudiera venir a trabajar, y nos exigió nuestra palabra de readmitirla cuando su convalecencia hubiera finalizado», tercia Francisca.

Le guardaron el sitio, aseguran, tirando mientras tanto como pudieron de la casa, con los tres niños y con el gasto añadido de otra cuidadora para el menor de ellos, que apenas gateaba entonces. «Ella no quiso volver: desde entonces hemos prescindido completamente de empleadas de hogar, preferimos reventar de trabajo a correr más riesgos».

Fuente:  abc.es

Conclusion: Contrate un servicio domestico siempre legalmente. Hay diversas empresas que brindan este servicio, entre ellas Serhogar System, que dispone de oficinas en toda España.