Aguirre y la Ley de Dependencia: Sin pruebas no hay delito

Las triquiñuelas de la presidenta de la CAM están a la orden del día cuando se trata de la Ley de Dependencia. La capital sigue en los últimos puestos a la hora de aplicar los procedimientos y los tiempos de espera son récord. Sin embargo la lideresa hace folletos publicitarios en los que manipula las cifras y elimina documentos para evitar denuncias.

Mientras la comunidad de Madrid mantiene su puesto de cola en lo que ayuda a la Dependencia se refiere, en otras comunidades autónomas como la catalana, aparecen sentencias en las que sí defienden los intereses de los pacientes. Es el caso de Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) quien ha reconocido a una persona dependiente su derecho a cobrar los atrasos de la ayuda que le corresponde desde el mismo día que entró en vigor la Ley de Dependencia (el 1 de enero de 2007), aunque la solicitud de la ayuda se presentó cinco meses después (el 29 de mayo del mismo año).

La sentencia se ha recurrido y la administración catalana se defiende y argumenta que hasta el mes de abril de 2007 no se estableció un baremo para fijar los grados de dependencia, por lo que no se podía evaluar a las víctimas. En los próximos meses se sabrá si la sentencia del TSJC es firme, sin embargo la importancia del caso es la posibilidad que tienen en otras comunidades autónomas de recurrir lo que no está bien hecho.

Volviendo a la Comunidad de Madrid, hay que reconocer que pese a los alarmantes retrasos de la puesta en marcha de la Ley, el principio de retroactividad siempre se ha contemplado en el procedimiento. “Aquí el problema no es ése. Es cierto que Madrid lo contempla, sin embargo sólo se puede producir cuando la ayuda es una prestación económica, ya que una plaza en una residencia no se puede ofrecer de forma retroactiva. Son justamente las prestaciones económicas las que menos se ofrecen, con lo cual el principio de retroactividad que ampara la Ley apenas se aplica, porque saben que si lo tuvieran que aplicar bien tendrían una deuda inimaginable”, le cuenta a nuevatribuna.es la secretaria de Política Social e Igualdad de CCOO Madrid, Ana González.

Los malabares de Esperanza Aguirre a la hora de aplicar la Ley son el campo de batalla de sindicatos y de la oposición , quienes ejercen de vigilantes ante una aplicación que “se mueve en el terreno de la ambigüedad”, especifica González. Pero lo peor es que apenas hay documentación que pueda servir a los dependientes y a sus familiares para denunciar el trabajo mal hecho.

Hace seis meses este periódico se hacía eco de cómo la Comunidad de Madrid una vez que reconocía una solicitud con su respectivo grado de dependencia se lo comunicaba al enfermo por teléfono y no a través de ninguna carta o documento que lo certificara. En esa ocasión Ana González explicó que era una fórmula para poder prolongar el plazo a la hora de darle la prestación o el servicio que necesitara: “Si el dependiente no tiene un papel con la fecha en la que dice que le dan la dependencia no puede denunciar en un juzgado que la Comunidad de Madrid ha superado el plazo para darle su prestación”. Sin pruebas no hay delito.

Actualmente a las llamadas telefónicas se le ha sumado una nueva triquiñuela, y es que hasta ahora el dependiente podía declarar en un papel que tipo de servicio preferiría recibir: “Ahora ese documento tampoco existe por lo que lo tienen muy difícil para demostrar qué tipo de ayuda habían solicitado”, señala González, quien insiste: “Las posibilidades de reclamar de los ciudadanos se ven muy limitadas”.

FALSOS DEPENDIENTES

La Comunidad de Madrid sigue ocupando los últimos puestos en el desarrollo de la norma. Es la última región en número de solicitudes registradas con una media del 1,12% frente al 2,69% nacional y la penúltima en dictámenes (personas valoradas), con un 1,10%, cuando la media nacional es de un 2,34%.

Según los últimos datos del mes de abril existen 71.629 personas registradas que han hecho la solicitud de dependencia. De este número hay un total de 70.291 que han sido dictaminadas (evaluadas), de las cuales sólo 51.257 podrían recibir en estos momentos la ayuda (la prestación de dependencia se está haciendo en función de los grados y en esta primera etapa sólo se ofrecen las prestaciones a los ‘gran dependientes’). Del total que ya podrían recibir la ayuda, sólo la tienen 31.852 personas, por lo que el 40% de los ciudadanos que en estos momentos deberían gozar de una prestación, no pueden acceder a ella, pese haber realizado los pasos adecuados.

En este sentido, CCOO le exigió hace una semana a Esperanza Aguirre que respetara el plazo máximo de 6 meses que establece el Consejo de Territorialidad, en el que se obliga a que el procedimiento de solicitud de la prestación no exceda estos 6 meses. “Los procedimientos para ser valorado como dependiente y recibir las prestaciones en la región duran entre 12 y 18 meses”, nos cuenta Ana González.

Desde CCOO Madrid, su secretaria de Política Social e Igualdad, también solicitó a la Comunidad de Madrid que retirara “de inmediato” los folletos donde Aguirre presumía aplicación de Ley de Dependencia: “Publicitaba que más de 115.000 personas reciben teleasistencia, mientras que los datos oficiales señalan que son 1.457 las personas dependientes beneficiaras. En cuanto a la ayuda a domicilio el panfleto afirmaba que la reciben más de 75.000 personas frente a las 2.936 oficiales y 45.000 plazas residenciales y centros de día cuando los datos oficiales registran 22.812 personas dependientes beneficiarias de estos servicios”, explica González, quien además recuerda que estos datos son de atención en el ámbito de servicios sociales y no de atención a la dependencia: “Son los mismos datos que el propio Gobierno publicó en el año 2007 lo que lleva a pensar que la Comunidad de Madrid no ha realizado ningún esfuerzo extraordinario tal y como nos quiere hacer creer, más bien han utilizado datos de personas que ya eran atendidas en servicios sociales enmascarándolos como nuevos dependientes”.

Fuente: nuevatribuna.es

Laura Mañá retrata con humor en ‘La vida empieza hoy’ el buen sexo en la tercera edad

A la gente que practica el buen sexo le brillan la piel y los ojos. Esta no es la conclusión de ningún peregrino estudio científico sino el mensaje de La vida empieza hoy, una digna y simpática comedia firmada por Laura Mañá (Barcelona, 1968), donde se reivindica que nuestros abuelos también hacen el amor. La película se presentó ayer en el marco más idóneo para ello: el Festival de cine español de Málaga, que adora las propuestas comerciales que arrancan sonrisas al público.

Laura Mañá (Sexo por compasión, Morir en San Hilario) es una mujer desenvuelta que cuando tenía 15 años ya vendía mecheros para pagarse las vacaciones. Actriz, directora y madre de dos hijos, decidió volver a echar la mirada a las personas mayores, esos grandes olvidados de la sociedad y del cine. Su objetivo fue dar solución a una incómoda pregunta: ¿Los mayores todavía hacen el amor?, algo que no hace mucho contestó el director alemán Andreas Dresen en El séptimo cielo, infinitamente más cruda que la película de Mañá pero con un mensaje de fondo similar: somos sexuales desde que nacemos hasta que morimos.
La cineasta barcelonesa acudió a unas clases de sexo para mayores. Y allí descubrió la ignorancia brutal de muchas alumnas. Inspirándose en esa experiencia, se puso a escribir el guión de La vida empieza hoy, donde Rosa Maria Sardá da vida a la profesora, y Pilar Bardem, a una viuda amargada que no ha tenido un orgasmo en toda su vida.

DESNUDANDO A BARDEM / La cinta muestra mucha carne, pero sin ánimo de provocar. «He intentado ser exquisita en el tratamiento del sexo. Podía haber hecho un drama, pero he hecho una película de sensaciones con un mensaje optimista. Quiero arrancar sonrisas al público porque me da la impresión de que está aburguesado», reflexionó la directora. «Hagamos el amor y no la guerra», concluyó Bardem, orgullosa de que a sus 69 años una cineasta la haya desnudado.

Un reciente estudio de la Fundación Alternativas aseguraba que los extranjeros aprecian el cine español porque es variado, algo que no se termina de creer el público. Efectivamente, el Festival de Málaga demostró ayer que sí lo es. La siguiente película de la jornada, lejos de ser una comedia, fue un interesante e inclasificable filme (quizá thriller es lo más adecuado) titulado Rabia, que se estrena en salas el 28 de mayo.
El director Sebastián Cordero (Quito, 1972) adapta una novela para narrar la relación entre Rosa (Martina García), una inmigrante que trabaja para un matrimonio en un escalofriante caserío de Euskadi, y su novio, al que da vida Gustavo Sánchez Parra, que adelgazó 13 kilos para el papel. El reparto se completa con Concha Velasco, Xavier Elorriaga y Álex Brendemühl. Detrás del proyecto está Guillermo del Toro, que ya trabajó con Sebastián Cordero en Crónicas, premiada en el Festival de Sundance.

La economía sumergida permite a las rumanas capear mejor la crisis

Muchas empleadas domésticas son rumanas y cobran por horas.

Las mujeres rumanas capean mejor la crisis que sus compañeros varones, --muchos de ellos dedicados hasta la fecha a la construcción-- debido a la posibilidad que tienen ellas de trabajar limpiando casas en la economía sumergida, un sector desregulado en el que aún existe trabajo. Aunque la competencia es feroz, máxime porque ahora hay menos ofertas de trabajo en el servicio doméstico y muchas personas que necesitan urgentemente trabajar.

Aunque se puede aplicar a todos los trabajos es un particular vía crucis en el colectivo de rumanas, que consiguen sobrevivir en dura competencia con sus propias compatriotas trabajando dentro de la economía sumergida como empleadas del hogar: por horas limpiando casas. La clave es sencilla y muy antigua: cobrar menos de lo que piden las demás. De esta forma han rebajado el precio hasta alcanzar la irrisoria cifra de tres euros la hora. Todo lo que sea necesario para lograr empleo y poder enviar dinero a casa.

Así de contundente y desencantada se expresa Angela Placsintar, presidenta de la Asociación de Inmigrantes de Países del Este (AIPE). “Muchos ciudadanos de Rumanía aguantan aquí la crisis porque si regresan, allí está peor, pero otros muchos se van. Aquí no pueden sobrevivir”, indica.

PRECIO EMOCIONAL ALTO // Una de las causas por las que vuelven a casa es el alto precio emocional que pagan. “Psíquicamente es muy difícil la situación, explica Plasintar. Estás fuera de tu hogar, allí tienes a tus hijos y te pierdes cómo crecen... y la situación aquí es mala”. Además, “tenemos un problema. Se roban el trabajo unas a otras y en el servicio doméstico hay conflictos entre las nuevas que llegan y que rebajan el precio hasta tres euros la hora y las antiguas. Y pierdes dinero o el trabajo”, matizó Placsintar.

¿Porqué aunque se conoce de la existencia del "trabajo sumergido", nadie hace nada para evitarlo? Conocemos que hay crisis. Sabemos que en el futuro no habrá garantías para cobrar las pensiones (algunos dicen que hablamos de 25 años). Aún así, muchas personas prefieren trabajar sin contrato, sin darse de alta en la Seguridad Social; incluso muchas de estas personas, están recibiendo ayudas del Gobierno y prefieren que se les pague en negro, para no perder estas ayudas.

¿Para cuándo se va a regularizar la situacion de las empleadas de hogar?

Formación sobre prevención de conducta suicida en mayores

La población en edad geriátrica presenta un mayor riesgo de suicidio que la población general y los intentos de suicidio en las personas de más de 65 años suelen ser más letales que en personas jóvenes. La mayor incidencia de suicidios consumados en la población geriátrica y el mal pronóstico de los casos de depresión en ancianos hace conveniente desarrollar estrategias preventivas y de temprana intervención.
Dentro de las actividades puestas en marcha por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid como desarrollo de las acciones del Plan Estratégico de Salud Mental 2010-2014, el doctor Jose Luis Ayuso Mateos, catedrático de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid y médico adjunto del Hospital Universitario de La Princesa, dirige un programa de formación para profesionales de salud y otros agentes sociales en la prevención y detección de riesgo de conducta suicida en personas mayores dada la mayor incidencia de suicidios consumados en este grupo de edad. 

Esta inicativa  formativa está dirigida a profesionales sanitarios y otros agentes sociales que trabajan con personas mayores en la Comunidad de Madrid y tiene como objetivo principal incrementar la capacidad de detección y prevención de la conducta suicida en este grupo de edad, entrenando a los profesionales sanitarios y no sanitarios en contacto con esta población en la identificación, manejo y posible derivación de los pacientes con riesgo de suicidio o intentos autolíticos.

El programa de actividades, que organiza la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario de La Princesa se oferta al personal de residencias geriátricas, hospitales y centros de día, así mismo a otros agentes sociales como los encargados del apoyo domiciliario, asociaciones de ayuda,  y en general a todos aquellos que se ocupan del cuidado de este grupo de población.

El PSM interpondrá 36 reclamaciones de fallecidos esperando la Ley de Dependencia

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, anunció hoy que los servicios jurídicos del PSM interpondrán esta semana un total de 36 reclamaciones judiciales por responsabilidad patrimonial contra la Comunidad de Madrid correspondientes a personas fallecidas mientras esperaban recibir las prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia. 

Durante la rueda de prensa al término de la Ejecutiva del PSM, Gómez hizo balance de las acciones judiciales llevadas a cabo por parte de los servicios jurídicos del partido atendiendo a ciudadanos a través de las plataformas creadas ad hoc para este cometido. En total, explicó que se han presentado 295 reclamaciones administrativas y se han abierto 486 expedientes. 

"A cada vez que ponemos una reclamación, la Comunidad suele reaccionar y suele agilizar la deuda o los trámites pendientes. Por lo tanto, más de la mitad de las reclamaciones han tenido un resultado positivo para los reclamantes", manifestó Gómez. 

Asimismo, señaló que ya son 31 demandas judiciales las interpuestas, a las que se sumarán esta semana 36 reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la Comunidad de Madrid. "Son personas que han recibido la valoración de su grado de dependencia en 2007 pero que han fallecido entre 2009 y 2010 y no han recibido ni un solo derecho ni una sola prestación a las que está obligada la Comunidad de Madrid en función de una Ley que es aplicable a todo el territorio nacional", destacó.

 

Fuente: europapress.es

La Fiscalía toma medidas para frenar el aumento de los timos a ancianos

La Fiscalía General del Estado ha detectado en los últimos años un incremento de los timos a los ancianos por parte de sus familiares y cuidadores. Esta realidad, agudizada por la crisis, ha llevado al ministerio público a intensificar la protección de este colectivo a través de una serie de medidas: más visitas de inspección a las residencias; un llamamiento a notarios, médicos y asistentes sociales para que conecten con la fiscalía a la menor sospecha y una vigilancia especial sobre los cuidadores de los ancianos, sobre todo si son ajenos a la familia, que incluye en determinados casos la inspección de su patrimonio y cuentas corrientes. Un mínimo de dos fiscales atienden en cada provincia estas actuaciones.

La mayor esperanza de vida -77,7 años para los hombres y 84,1 para las mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2008- y la prevalencia de enfermedades incapacitantes en el último tramo de la vida -en España hay contabilizados más de 800.000 enfermos de alzhéimer, el 65% de ellos, mujeres- son factores que multiplican el riesgo de expolio en el colectivo de los mayores. Según fuentes de la Fiscalía General, la enfermedad discapacita a los ancianos y merma sus facultades mentales, lo que les convierte en presa fácil de abuso por parte de sus cuidadores. Los notarios han observado en los últimos años un mayor número de irregularidades en donaciones y testamentos. A este colectivo profesional le aconseja la Fiscalía que se entrevisten a solas con el anciano para corroborar que es consciente de la donación, se halla en pleno uso de sus facultades y no ha sido objeto de engaño.

El otro factor de riesgo se deriva de los cuidados que necesitan los ancianos discapacitados y los largos años que pueden vivir postrados. Esta circunstancia exige su ingreso en residencias especializadas, o si deciden seguir en sus domicilios, un acompañamiento constante, por lo que las hipotecas inversas -la vivienda a cambio de cuidados- se han generalizado y el patrimonio de la tercera edad se ve cada día mermado. Ambos factores, añaden las citadas fuentes, están haciendo desaparecer en la práctica la legítima -la parte estipulada por ley para los hijos en las herencias- lo que "genera gran nerviosismo en las familias y contribuye a la picaresca".

La juez Rocío Pérez Puig, secretaria del Foro Justicia y Discapacidad y miembro del Consejo General del Poder Judicial, comparte la constatación de los fiscales: "El expolio económico de los ancianos se da más en las familias que en las residencias. Equivocadamente, los hijos creen que heredar es un derecho".

En unas recientes jornadas organizadas por este Foro, se evaluó una experiencia pionera llevada a cabo por la fiscalía de la Comunidad Valenciana durante el pasado año. Los representantes del Ministerio Público en esa comunidad extremaron el control sobre los ancianos y su entorno y animaron a todos los colectivos sociales que los rodean a alertar ante la policía o la fiscalía por cualquier posible anomalía.

También se facilitó el mecanismo de denuncia: "Es suficiente con un aviso verbal", dice el protocolo de actuación de los fiscales. El plan dio buenos resultados. La inspección de las cuentas corrientes de los mayores y sus cuidadores -datos obtenidos tras requerir a Hacienda- demostró un elevado número de casos en los que la pensión del anciano se transfería a la cartilla del cuidador sin conocimiento del pensionista. También aumentó el seguimiento de quienes fueron designados para actuar en nombre de los mayores. Les fue exigida rendición de cuentas como a cualquier tutor legal.

En la Fiscalía General tienen la convicción de que dicho plan ha aumentado la protección a los más desvalidos, por lo que han decidido extender el plan experimental de la Comunidad Valenciana al resto de las autonomías.

El reto de las empleadas del hogar: ser como el resto de los trabajadores

Un día para uno de los colectivos laborales con menos voz en España. Este martes, 30 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Empleada del Hogar. Una fecha en torno a la cual sindicatos y asociaciones exigen, desde 2007, al Gobierno, la equiparación de derechos de este colectivo con el resto de los trabajadores. No es una tarea precisamente fácil, dada la informalidad en la que se encuentra el sector. En tiempos de crisis, no hay que olvidar este trabajo tan escasamente remunerado y tan duro para las que lo realizan.

Mucho trabajo, muy mal pagado y menos reconocido. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en España unas 755.000 personas (un 90%, mujeres) trabajan como empleadas del hogar. Una cifra que contrasta abultadamente con la de afiliación a la Seguridad Social: 292.000 mujeres, es decir, menos del 40% de las que declaran trabajar. Otras fuentes menos oficiales afirman que el empleo en este sector llega hasta el millón, la mayoría, en la denominada economía sumergida. 

Imprescindible: un contrato por escrito

 

Blanca Villate, adjunta a la Secretaría de Seguridad Social de Comisiones Obreras, nos explica las principales reivindicaciones que persiguen. Uno de los objetivos más importantes, fundamental, es relativo al contrato de trabajo: "Las condiciones han de estar por escrito. Es lo más importante en caso de que haya conflicto, porque, de no ser así, es la palabra de la trabajadora contra la del empleador".

Por escrito "debe quedar la contratación, los horarios, las funciones, la extinción del contrato, etc. Es imprescindible poder demostrar esas condiciones de la relación laboral". La importancia de este aspecto se incrementa si tenemos en cuenta que un alto porcentaje de empleadas del hogar son inmigrantes y pueden representar, por ello, un grupo más vulnerable.

El colectivo inmigrante, como siempre, lo tiene algo más difícil. Blanca Villate afirma que son las mujeres de esta procedencia las únicas que hoy por hoy aceptan trabajar como internas: "Esto supone una pérdida de libertad importante, además de que el salario suele ser el mismo o más bajo. Las mujeres inmigrantes que no tienen vivienda lo suelen aceptar porque les garantiza un techo".

El problema de cotizar

 

Otra reivindicación fundamental es la relativa a las cotizaciones: "Se trata de que las trabajadoras puedan cotizar desde la primera hora; en la actualidad, en caso de tener empleador, no se cotiza por debajo de 20 horas semanales y, si se trabaja para varios, la cotización se produce por encima de las 72 horas por semana". Una circunstancia que las deja desprotegidas.

El propósito es, en definitiva, hacer converger la situación de estas empleadas con la del resto de trabajadores: "Pretendemos también que coticen por el salario real, que tengan derecho a paro y que, en caso de incapacidad, empiecen a percibir la ayuda a partir de los quince días de enfermedad, como el resto de los trabajadores y no a partir de los veintinueve como hasta ahora".

Poco a poco

 

Una realidad que tiene que cambiar pero que, en tiempos de crisis, tendrá que hacerlo con pasos muy medidos. "No queremos perder lo que hemos conseguido hasta ahora y que esto repercuta en más costes para el empleador", afirma Villate

Otros problemas

 

Otra parte del conflicto reside precisamente en la concienciación de estas trabajadoras. Blanca Villate nos explica porqué muchas no cotizan: "Muchas se arrepienten a los 60 años, porque, en un principio no lo han considerado una profesión o creen que lo van a realizar por un tiempo corto, a raíz de una mala racha, menos ingresos o un bache del marido... Y, claro, como van a estar poco tiempo, creen que van a perder el dinero de la cotización y que no les compensa... Luego, muchas de ellas están quince años, incluso más, pero no generan derecho a pensión por no haber cotizado".

La tarea de los sindicatos en este campo demuestra ser vital; además, tanto CC.OO como UGT han extendido su red social a organizaciones dependientes de la Iglesia, a las que las inmigrantes, por sus creencias, se dirigen con más facilidad que a los sindicatos. La lucha continúa y estas efemérides no deben pasar en balde.

Ancianos, dependientes y estafados

La Consejería de Igualdad y Bienestar Social ha detectado la presencia en Almería de personas que, simulando ser técnicos encargados de tramitar las ayudas de la ley de Dependencia, estafan a ancianos a los que llegan a cobrar 70 euros por unos servicios que son gratuitos.

La pasada semana, la Administración andaluza tuvo conocimiento de la existencia de tres casos de estas características en la zona de Albox. Dos de los vecinos de este municipio de la comarca del Almanzora almeriense recibieron la visita en sus domicilios de estos falsos técnicos, que les reclamaron 70 y 50 euros que, según les hicieron creer, eran precisos para concederles los servicios de teleasistencia. Con la misma excusa acudieron a la casa de una tercera persona a la que sustrajeron su documentación.

Igualdad, que denunciará hoy esta presunta estafa a dependientes, tuvo constancia el viernes de la actividad de estas personas, que operan haciéndose pasar por personal de la Junta o de los servicios sociales comunitarios. El Ayuntamiento de Albox alertó entonces sobre dos de los casos, mientras que del tercero se tuvo conocimiento a través de un técnico oficial de valoración que se disponía a revisar el grado de dependencia de una de las ancianas afectadas por esta estafa.

La mujer le explicó entonces que, días atrás, había recibido la visita de sus supuestos compañeros, quienes "le pidieron dinero para ponerle la prestación".

Ante estas prácticas fraudulentas, la Junta ha contactado con los alcaldes de los 102 municipios de la provincia de Almería para alertarles de lo ocurrido e instarles a que informen a los vecinos de la gratuidad del procedimiento para el reconocimiento de la condición de dependiente y la concesión de las ayudas.

"Nunca pedimos dinero, pues todas las prestaciones son gratuitas. Los ancianos tienen que exigir la identificación de los profesionales que acudan a sus casas y, en caso de duda, denunciar", subrayó el delegado provincial de Igualdad y Bienestar Social, Luis López, quien informó de que nunca desde la entrada en vigor en 2007 de la Ley de Dependencia se había detectado en Almería un fraude de estas características.

Las empleadas del hogar reivindican sus derechos

Entre plumeros, tambores y mandiles de lunares, unas 200 trabajadoras domésticas se han concentrado a la una de la tarde en la madrileña plaza de Jacinto Benavente para reivindicar sus derechos laborales como parte del engranaje social y pedir la reforma del Régimen Especial del Empleo de Hogar.

"Estamos aquí unidas en el marco del Día Internacional de las Empleadas del Hogar, que se celebra el próximo 30 de marzo, para pedir la equiparación al Régimen General, pues no estamos amparadas en nuestro trabajo: no tenemos derecho a paro, cobramos salarios muy bajos y nuestros contratos son verbales”, ha explicado Graciela Gallego, portavoz de SEDOAC (Servicio Doméstico Activo).

"Esta manifestación tiene la finalidad de concienciar a la opinión pública de que el trabajo doméstico es muy importante, y por eso queremos hacernos visibles", ha añadido.

Bajo el lema 'Porque sin nosotras no se mueve el mundo', la manifestación ha transcurrido en un ambiente festivo y alegre, inundando el centro de Madrid de júbilo con pancartas, cánticos, palmas y danzas. Las mujeres, en su mayoría extranjeras, se cubrieron de pelucas y delantales reclamando la atención de los viandantes con un pasacalles que hacía suyas canciones infantiles tradicionales, como 'El patio de mi casa': "El trabajo que tengo es particular, cuidar de todo el mundo y te pagan fatal. Levántate, empleada del hogar, lucha por tus derechos y visibilidad".

Un proceso político de varios años

"Para ganar un sueldo digno tengo que trabajar en varias casas muchas horas al día y desempeñando todo tipo de tareas: desde planchar hasta cuidar a los niños. Me pagan seis euros la hora", ha asegurado Marlene, una de las manifestantes. "Iniciamos un proceso político de lucha hace ya tres años y el 23 de noviembre de 2008 salimos a la calle por primera vez. Ésta es la segunda y esperamos que sean muchas más, porque no vamos a parar hasta hacer valer nuestros derechos", apuntaba otra de las asistentes.

La marcha, que se prolongó durante dos horas, se extendió por la calle Carretas dejando escaparates y vehículos relucientes a su paso, para desembocar en la Puerta del Sol bajo la atenta mirada de turistas y curiosos. Antes de la lectura del manifiesto, hubo tiempo para representaciones teatrales y careos entre empleadas y empleadoras, que buscaban sacarle una sonrisa a los allí presentes a través de la ridiculización de los roles de las empleadas domésticas. Las manifestantes, cual auténticas actrices, cosecharon grandes aplausos.

Además, las convocantes realizaron una improvisada 'pasarela Cibeles', por la cual desfilaron numerosos modelos de empleadas del hogar: la accidentada, la rockera, la 'sin papeles' cualificada... Eso sí, dejaron claro que no estaban todas: "Seríamos más si hubieran podido venir todas las internas", decía una portavoz de SEDOAC micrófono en mano. "¡Se acabó la esclavitud! La Ley de Extranjería para la Reina Sofía", coreaban todas al unísono.

"Me parece muy bien que las empleadas del hogar pidan un salario digno y tener Seguridad Social. El problema es que no van a tener ninguna repercusión", comentaba un señor que salía de la iglesia con su ramillete de olivo.

Tras los agradecimientos a las allí presentes, Graciela Gallego procedía a la lectura de las demandas del colectivo: 

Exigimos la derogación del Real Decreto 1424/85 que impone un Régimen Especial para el Empleo del Hogar y la modificación del artículo dos del Estatuto de los Trabajadores. Queremos resaltar que nuestro trabajo repercute en el bienestar de toda la sociedad. No estamos dispuestas a aceptar modificaciones que estén por debajo del resto de trabajadores".

Otros ingresos habituales en la jubilación

Menos de una cuarta parte de los jubilados han sido previsores y cuentan con complementos a su pensión –a través de productos financieros o inmobiliarios- que les aportan una media de 1 124 euros mensuales

La mayoría de los jubilados actuales no han materializado a lo largo de su vida laboral complementos adecuados que les permita mantener un nivel de vida similar al que disfrutaban antes de cobrar su pensión.
Quizás por ello, casi la mitad de los jubilados españoles considera que su situación económica ha empeorado respecto a antes de la jubilación, mientras que solo dos de cada cinco se considera que es similar, según se desprende de un estudio realizado por Deutsche Bank.

La citada entidad bancaria asegura, en un estudio sobre “Estilos de vida y necesidades en la jubilación”, que sólo el 23,2% de los jubilados cuenta con ingresos adicionales a su pensión. De ellos, casi el 52% recibe menos de 500 euros mensuales; el 12,2% ingresa entre 501 y 1 000 euros; el 5,1%, entre 1 001 y 1 500 euros; el 2,1% entre 1 501 y 2 000 euros; y el 10,8% restante, más de 2 000 euros mensuales. Por lo tanto, y a tenor de estas cifras, la media de ingresos complementarios se situaría en 1.124 euros.

Pisos arrendados y, sobre todo, productos financieros de ahorro y seguros de previsión, constituyen la forma más tradicional de asegurarse unos mejores ingresos tras la jubilación. Veamos alguno de los más habituales

Planes de pensiones
Son productos de ahorro-previsión e inversión a largo plazo cuya finalidad primordial es generar de una forma flexible un complemento a la pensión de jubilación de la Seguridad Social, a través de aportaciones durante la vida laboral activa. Existen en el mercado desde planes muy conservadores, cuyos rendimientos son prácticamente seguros, hasta aquellos que buscan una línea más agresiva en su política de inversiones, con el objetivo de proporcionar una mayor rentabilidad. Se contrata con entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro, etc.), a través de una sociedad gestora que administra el fondo. Los gestores invierten ese dinero en acciones y obligaciones, y cobran una comisión por ello.

Tienen ventajas fiscales, ya que las aportaciones se deducen de la base imponible en la declaración de renta. Los partícipes que haya cumplido 65 años pueden seguir realizando aportaciones a su plan –siempre que no hayan iniciado el cobro de la prestación- con las mismas ventajas fiscales.

Los planes de pensiones solo se pueden recuperar llegada la jubilación, o bien en caso de fallecimiento o invalidez. Otros supuestos que permiten retirar el dinero son una enfermedad grave, un paro de larga duración, un despido tras un expediente de regulación de empleo...

La fiscalidad en el momento de recuperar el dinero dependerá de si se opta por el reembolso en forma de capital o en forma de renta. Si el partícipe opta por rembolsar en forma de capital, se considerará un rendimiento del trabajo. No obstante, se le aplicará una reducción del 40% en aquella parte de la prestación ligada a las aportaciones hechas antes de 2007 siempre y cuando hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación. Esto también ocurre con la parte de capital en el sistema mixto (rescatar parte en forma de capital y el resto en renta). Si el partícipe opta por recibir el ahorro en forma de renta, el importe que reciba se considera rendimiento del trabajo y estará sujeto a retención.

Fondos de inversión
Los fondos de inversión son una institución de inversión colectiva en la que una sociedad gestora administra el patrimonio formado por las aportaciones de muchos inversores. El fondo puede realizar inversiones de distintos tipos: acciones, obligaciones, letras, divisas, inmuebles, etc. La composición de la cartera depende del tipo de fondo y de los que dicte su reglamento. El patrimonio del fondo se divide en participaciones. Los inversores, al comprar participaciones o fracciones de participación, se convierten en partícipes. Cuando un inversor quiere recuperar su dinero, pide el reembolso y recibe la cantidad en la que esté valorada su participación en ese momento (algunos fondos cobran una comisión de reembolso).

Son un producto de inversión atractivo para quienes disponen de un capital pequeño que no les permite llevar a cabo la diversificación de su ahorro, para personas que desean invertir en mercados o en títulos a los que resulta complicado acceder como inversor particular y para los que no pueden seguir sus inversiones día a día.

Antes de contratar un fondo de inversión, lo más importante es conocer su política de inversión para saber si se adapta a las propias necesidades inversoras, es decir, al plazo al que se desea invertir y al riesgo que se quiere asumir y también si esa política ha dado buenos resultados.

Seguros
Dentro de los seguros de vida destinados al ahorro podemos encontrar numerosos productos cuyo objetivo es siempre obtener un capital o una renta en el momento de la jubilación.

• Plan de Previsión Asegurada . Es un producto de ahorro-previsión e inversión a largo plazo cuya finalidad es generar un complemento a la pensión de jubilación de la Seguridad Social, a través de aportaciones durante la vida laboral activa. Tiene todas las ventajas fiscales de los planes de pensiones y una rentabilidad garantizada. Es el idóneo para personas económicamente conservadoras.

• Seguro de jubilación en forma de capital . Permite generar un ahorro que percibirá de forma única en el momento en que lo decida, sin necesidad de esperar a la jubilación. Su principal ventaja es, por tanto, la liquidez. Conviene a todos aquellos que cuentan con un bajo nivel de ingresos.

• Seguro de rentas vitalicias . Garantiza la percepción de una renta periódica hasta que se produzca el fallecimiento. La prima se calcula en función de las tablas de mortalidad, que establecen una esperanza de vida teórica en función de la edad y el sexo del asegurado.

• PIAS . De muy reciente aparición, los planes individuales de ahorro sistemático permiten ahorrar con las garantías de un seguro, generando un capital mediante el ahorro periódico. Transcurridos diez años de pago de primas, el ahorro puede transformarse en una renta vitalicia. Los rendimientos obtenidos no tributarán.

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La Comunidad abre una oficina de información de la Dependencia y refuerza el teléfono 012 para atender a 400.000 personas

Los madrileños disponemos de una nueva Oficina de Información de la Dependencia, que atenderá a una media de 400.000 personas al año. Se refuerza el teléfono de atención 012 Dependencia con doce profesionales que intentarán resolver las dudas sobre la materia en un horario ininterrumpido de lunes a viernes, de 9 a 19 horas.

 

La consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la Oficina de Dependencia, ubicadas en la calle Agustín de Foxá 31, explicó que se prevé que pasen alrededor de 30.000 personas al año por las instalaciones.

Además, el Ejecutivo regional reforzará el teléfono de atención 012 Dependencia con doce profesionales que permitirán atender alrededor de 370.000 llamadas al año (unas 30.000 al mes) en un horario ininterrumpido de lunes a viernes, de 9 a 19 horas.

Según aseguró Hidalgo, estas dos medidas "ejemplifican el compromiso y el esfuerzo que el Gobierno regional está realizando para desarrollar la Ley de Dependencia en la región con las máximas garantías y con la mayor eficacia posible para los ciudadanos".

Además, la consejera incidió que este mismo esfuerzo se plasma "en los casi 900 millones de euros que el Ejecutivo autonómico destinará este año a políticas de atención a la Dependencia y que se centrarán en mantener el compromiso de calidad y de especialización de los recursos que caracteriza a la red asistencial de la Comunidad de Madrid".

"Este Gobierno regional, lejos de alentar supuestas plataformas, con el único propósito de colapsar la Administración pública o de desinformar a los ciudadanos en nuestras oficinas con normativa derogada, tiene la vocación de seguir trabajando por los ciudadanos con recursos y servicios de calidad como el que hoy inauguramos", indicó la consejera, que apuntó que Madrid "ha entendido la Ley de Dependencia como una norma que venía a complementar los servicios y prestaciones que desde hace bastantes años viene otorgando la Comunidad de Madrid a aquellas personas que más lo necesitan".

50.000 PLAZAS RESIDENCIALES Y 115.000 TELEASISTENCIAS

En este sentido, afirmó que la región cuenta con una red asistencial con casi 50.000 plazas residenciales y de centro de día para mayores, personas con discapacidad o con enfermedad mental, y que además presta más de 70.000 ayudas domiciliarias y 115.000 teleasistencias.

Estas cifras permiten que, según datos de la Administración General del Estado, Madrid lidere los índices de cobertura asistencial a personas en situación de dependencia, defendió el Ejecutivo regional.

La nueva Oficina de Atención de la Dependencia está ubicada muy cerca de la estación de Chamartín y del intercambiador de Plaza de Castilla, una zona perfectamente comunicada por Metro, Cercanías y autobuses urbanos e interurbanos, lo que facilitará el desplazamiento en transporte público de los ciudadanos desde cualquier punto de la región.

Cuenta con 400 metros cuadrados de superficie en los que se distribuirán ocho puestos de información, dos despachos para asesoramiento especializado y para atender a los trabajadores de los ayuntamientos y un registro donde los ciudadanos podrán presentar documentación necesaria para la tramitación de los expedientes. Un total de diez trabajadores sociales, supervisados por un coordinador, atenderán a los ciudadanos en un horario de 10 a 14 horas, de lunes a viernes.

Así, los dependientes madrileños y sus familiares podrán resolver in situ todas las dudas que tengan acerca de la aplicación de la normativa, recibir asesoramiento sobre los servicios, recursos y prestaciones recogidas en el catálogo de la Ley, así como solicitar información especializada sobre el estado de tramitación de los expedientes.

TELEFONO DE ASISTENCIA 012 DEPENDENCIA

Por otra parte, y de forma complementaria, la Comunidad de Madrid ha ampliado el teléfono de atención 012 Dependencia, de manera que un total de 18 trabajadores sociales y psicólogos asistirán telefónicamente a los usuarios para resolver cuestiones generales sobre dependencia, concederán cita previa a los ciudadanos para realizar el trámite de consulta y elaboración del Programa Individual de Atención (PIA) y asesorarán sobre cualquier servicio o prestación del catálogo.

Estos recursos se sumarán a la oficina de atención situada en la sede de la Dirección General de Coordinación a la Dependencia, en la calle de Espartinas. En esta instalación, los técnicos de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales elaboran y ofrecen información acerca de los PIA y atienden a más de 4.000 personas al mes, de lunes a viernes en horario de 9 a 20 horas.

Además, la Comunidad de Madrid tiene habilitados para los servicios sociales municipales una herramienta informática destinada a la gestión e intercambio de información sobre vecinos que tengan reconocida la situación de dependencia y un correo electrónico al que los técnicos municipales pueden dirigir sus consultas.

La herramienta informática es un sistema que permite a los técnicos municipales tener constancia on line mediante un sencillo sistema de alertas de los datos correspondientes a los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio que concede el Gobierno regional a través de los Programas Individuales de Atención.

Por último, la consejera aseguró que el Gobierno regional "seguir trabajando, volcando todos sus esfuerzos y empleando cuantos recursos sean necesarios para seguir mejorando y reforzando la red asistencial de la Comunidad de Madrid para avanzar en la especialización de los recursos, de manera que la Administración pueda dar a cada usuario aquél que necesita y en agilizar la tramitación de los expedientes administrativos de los dependientes". 

Trinidad Jiménez asegura que la proporción entre prestaciones económicas y servicios se corregirá "con el tiempo"

CiU acusa al Gobierno de no contar con la Dependencia para la creación de empleo y la ministra defiende que se han generado 112.000

 La ministra de Sanidad y Consumo, Trinidad Jiménez, explicó hoy en el Congreso que "con el tiempo" y por "la incorporación de la mujer al mercado de trabajo" y la progresiva "mejora en la calidad", cada vez serán más los dependientes que opten por un servicio asistencial en lugar de una prestación económica, algo que la Ley de Dependencia contempla como medida excepcional, pero que en la actualidad percibe el 48 por ciento de los beneficiarios.

   Jiménez contestaba así al diputado de CiU, Carles Campuzano, quien en una interpelación sobre la Ley de Dependencia afirmó que primar las prestaciones económicas por encima de los servicios "va en contra de una política que pretende generar empleo" y tiene el riesgo de convertir el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en "una renta complementaria" o "una paga más que reciben los familiares, pero que no genera la calidad de vida ni los servicios que se deberían desarrollar". 

   Según explicó la ministra, aunque la Ley establece la prioridad en la concesión de servicios, "la realidad" que se ha "ido encontrando" el Gobierno es que "muchas personas que estaban siendo atendidas en su domicilio han expresado su deseo de continuar con los cuidados que venían recibiendo", lo que Jiménez atribuye a una "tradición cultural" y a una "estructura de servicios sociales preexistente que no ha facilitado el cambio de modelo". 

   "Poco a poco, esta situación irá ajustándose tanto por la incorporación de la mujer al mercado laboral como por la mejora en la calidad de los servicios", apuntó Jiménez, para poner como ejemplo la trayectoria de Alemania donde, según dijo, la evolución se produjo en este sentido.

   Para Campuzano, es "una ingenuidad" pensar que el tiempo corregirá el desequilibrio ya que, "va a depender de las políticas que se impulsen para fortalecer las iniciativas privadas" y "de la orientación de las políticas de empleo", porque "un modelo más profesionalizado y que crea empleo o es impulsado por las políticas de gobierno o difícilmente se produce".

   En este sentido, acusó al Ejecutivo de no tener en cuenta la Dependencia como sector generador de empleo porque, según dijo, en el documento que ha propuesto a los grupos parlamentarios para acordar una salida de la crisis económica "en ningún momento" figura el SAAD, lo que es "de una miopía considerable y una contradicción" con lo que planteó el Ejecutivo cuando impulsó la ley.

112.000 EMPLEOS DIRECTOS EN 3 AÑOS

   En respuesta, Jiménez dijo coincidir en que la puesta en marcha del SAAD "suscitó grandes expectativas de creación de empleo" pero "no tenían en cuenta" que las familias escogerían mayoritariamente la prestación económica. "Necesitamos un poco más de tiempo para hacer ese ajuste. No soy ingenua. Estamos en condiciones de hacer esa previsión", dijo la ministra. 

   Asimismo, Jiménez defendió el impacto laboral de la ley y aseguró que en la actualidad, hay 112.000 personas ocupando empleos directamente relacionados con el sistema, de las que casi 43.000 se dedican a la atención residencial, más de 38.700 a la ayuda domiciliaria, 16.500 están empleadas en servicios vinculados, más de 9.200 trabajan en centros de día y más de 500, en teleasistencia. 

   A estos 112.000 empleos habría que sumar, según Jiménez, los más de 115.000 cuidadores no profesionales dados de alta en el convenio especial y los 35.000 empleos directos e indirectos que se han generado con los créditos adicionales del Fondo Especial para la Dependencia.

 Fuente: europapress.es

El PP obtiene luz verde del Senado para que el Gobierno dote de cualificación y recursos a los cuidadores

El Partido Popular ha conseguido el pasado 3 de Marzo que el Senado secunde una propuesta suya para que se establezca como cualificación académica y profesional, con más recursos públicos estatales y mejorando el sistema, la labor que desempeñan los cuidadores de personas dependientes. Esta moción del PP salió adelante, con el apoyo de CiU, BNG y PAR, en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Cámara Alta.

   La senadora palentina, María José de la Fuente, que defendió la propuesta popular, se congratuló de la aprobación de la moción que, aseguró, "no debe quedar en papel mojado" e instó al Gobierno a dotar "con el presupuesto específico y necesario a las comunidades autónomas para que puedan llevar a cabo los planes de formación para cuidadores". Asimismo, señaló que el mandato al Gobierno exige el "reconocimiento y acreditación" de la formación recibida y la experiencia en el cuidado para el desempeño profesional de estas tareas, tanto en servicios de ayuda a domicilio como en los de asistencia personal e institucional.

   De la Fuente esgrimió datos del IMSERSO que reflejan que en el convenio especial de cuidadores no profesionales se encuentran "más de 69.000 mujeres y unos 4.000 hombres que se verían beneficiados con esta medida". 

   La parlamentaria popular argumentó que es una "evidencia la feminización" del cuidado, como lo es, según apuntó, que en 2005 el porcentaje de abandono del mercado de trabajo por causas familiares en el caso de las mujeres fuera del 76,07 por ciento y en 2006 del 95,82 por ciento. "El dato es relevante, por cuanto estamos hablando de un colectivo de más de 3,3 millones de mujeres sobre el total de 9.770.000 mujeres inactivas", aseveró.

   En concreto, las exigencias para el Gobierno contenidas en la moción aprobada hoy son la revisión, en el seno del Consejo Territorial de la Dependencia, de los contenidos formativos que deben conocer los cuidadores, para que sean asimilables a lo establecido en la certificación de profesionalidad para la atención a personas dependientes (Real Decreto 1379/2008).

   Además, la dotación presupuestaria específica y necesaria para que las comunidades autónomas puedan llevar a cabo los planes de formación para cuidadores que se acuerden, de manera que se garantice una cobertura mínima de la formación y un plazo máximo para obtenerla desde que se es cuidador. En esto habrán de tenerse en cuenta cuestiones relacionadas con la territorialidad y número de cuidadores.

   Por último, reclama el ajuste de éstos al contenido de la formación profesional asociada a las cualificaciones, según el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP), en la familia de servicios socioculturales y a la comunidad, módulo 'Higiene y atención sanitaria domiciliaria', equivalente al nivel 1, y el reconocimiento y acreditación de la formación recibida, así como de la experiencia en el cuidado para el desempeño profesional de estas tareas, en servicios de ayuda a domicilio o de asistencia personal e institucional.

 

Fuente: europapress.es

CaixaFórum aborda mañana la dependencia con la proyección de 'Otro día juntos', de Elías Querejeta

CaixaFórum Madrid abordará mañana, día 10, el tema de la dependencia con la proyección del documental 'Otro día juntos' de Elías Querejeta, elaborado para la Fundación La Caixa, según informaron los organizadores del evento en un comunicado.

   Y es que la sociedad cambia a un ritmo muy rápido, y esa movilidad provoca muchas veces que unas determinadas personas, grupos o colectivos que por diversas circunstancias necesitan un apoyo más intenso de la sociedad queden al margen y corran el riesgo de sentirse excluidas. 

    Dar una señal de alerta, provocar la reflexión y la reacción activa ante temas como la inmigración o la dependencia es la finalidad de esta iniciativa, que se enmarca en el Ciclo Cine y Compromiso Social, de carácter gratuito, y que ya supuso la proyección de 'Otro día fuera de casa', sobre la inmigración.

   Así, mañana, 10 de marzo, a las 19 horas se podrá ver 'Otro día juntos', que aborda el tema de la dependencia a través de la historia de Esteban, Julio y Rosi, quienes conviven de una manera muy cercana con la enfermedad. Todos ellos intentan seguir con su vida, mantener las esperanzas y superar o asumir sus dificultades, pero no es fácil. La fuerza, la compañía y la atención de un grupo de familiares, amigos y profesionales les ayudan a ello.

Una mujer se planta en la sede de la atención a la dependencia de la Comunidad de Madrid para cobrar su ayuda

Rosa Pérez Carbajo explotó ayer. Sentada en la sede de la atención a la dependencia de la Comunidad de Madrid, esta madrileña de 70 años despedía una energía imponente. Sólo sus piernecitas de niña, herencia de la poliomelitis que padeció a los cinco años, mostraban la razón de su lucha. No se movió de su silla hasta que la policía la forzó a abandonar el edificio.

"Hace más de tres años que pedí la ayuda por la Ley de Dependencia y aún sigo esperando el dinero", denuncia. Rosa, dependiente de grado 2, con una ristra de enfermedades que le impiden moverse con normalidad, insiste en que la Comunidad de Madrid sólo le hace caso cuando su situación salta a los medios. Hasta el pasado noviembre, seguía esperando que la Consejería de Asuntos Sociales determinara qué tipo de ayuda le corresponde (PIA). Estaba tan desesperada que también entonces se sentó en una silla y amenazó con encerrarse en el edificio si no se la atendía, acompañada por un periodista. La dirección del centro tardó unos días en citarla y concederle el PIA.

Ahora Rosa lleva cuatro meses aguardando a cobrar la ayuda económica para que la cuide su marido. Harta de la espera, ayer repitió la operación. Tenía cita por la mañana pero, según explica, en el centro no le supieron decir cuándo cobrará. Ella respondió que no se iría hasta obtener una respuesta. Y allí se quedó, sentada en una esquina, con las piernas en alto y su marido animándola.

Cobro inminente

En la consejería aseguran que Rosa cobrará su ayuda este mes y denuncian que la mujer sólo quería llevarse el dinero en mano. La negativa de Rosa a abandonar el edificio cuando este cierra al público, a las 19 horas, llevó a los dos guardias civiles que filtran la entrada al centro a llamar a la policía. 

Pasó casi una hora hasta que los agentes convencieron a Rosa para que saliera, apoyada en sus muletas, del edificio. Según la mujer, los agentes le aseguraron que su acción tendría consecuencias negativas en la tramitación de su expediente. Además, dice, la amenazaron con llevársela a comisaría. En la consejería insisten en que ella incluso provocaba para que la esposaran, sabedora de que la prensa esperaba abajo.

Hoy llega a "Cuatro" el programa «21 días con personas dependientes»

Hoy llega a Cuatro (23.15 horas) una nueva entrega de «21 días...», producido por BocaBoca, pero en esta ocasión bajo el título «21 días con personas dependientes», donde muestran cómo funciona realmente la Ley de Dependencia. Samanta Villar convive con Sonia y su hijo Marco, que padece la enfermedad de Duchenne. Ellos dos, junto a Marta, la pequeña, dan un ejemplo de amor, alegría y entrega. La periodista vive 21 días las 24 horas de Sonia, que no sólo cuida de hijo sino que, además, con un sueldo de mileurista, paga la hipoteca y saca adelante sola a su familia, una lucha sin descanso de sol a sol.

Pero no se han centrado sólo en Marco y su familia, también han buscado otros casos de dependencia, cargados de ejemplos de superación y sacrificio, pero siempre con una sonrisa, para intentar ofrecer una imagen lo más fidedigna posible de las diferentes problemáticas que ayudaría a aliviar, que no paliar, la Ley de Dependencia si funcionara correctamente. En todos los casos de dependientes del programa han solicitado algún tipo de ayuda, unas veces monetarias y otras asistenciales, pero los trámites se demoran años y la ayuda nunca llega...

La meta del espacio no sólo es denunciar sino también informar. Para la periodista, hoy, «mucha gente se va a dar cuenta de que tenemos que cambiar de aptitud a la hora de relacionarnos con gente discapacitada y con sus cuidadores. Al mismo tiempo, las instituciones se tienen que dar cuenta de que las ayudas son necesarias, se tienen que gestionar en los plazos que marca la ley y no saltárselos a la torera como está pasando en algunas CC.AA.».

Samanta Villar tiene claro que el sacrificio de estas familias «es un gran ejercicio de amor. Los cuidadores están actuando por amor a esas personas al sacrificar su vida para que ellos puedan tener calidad de vida, hacer determinadas actividades o llevar un día a día lo más normalizado posible. Eso, al final, les provoca un sacrificio de sus propias vidas que el resto de la sociedad debería paliar».

Estas familias nos dan día a día muchas lecciones pero, para la periodista, la enseñanza que se ha lleva es la «actitud positiva con que ven la vida pese a todo. Cuando dicen: nos ha tocado vivir con esto, tenemos que asumir la situación y ser felices, y lo son. Es una lección vital. Pase lo que pase hay que sacar lo mejor y esto para ellos es que se tienen los unos a los otros, se quieren y se hacen compañía».

Fuente: cuatro.es

El empleo femenino y el envejecimiento urgen un nuevo modelo de dependencia

Investigadoras de la Universidad Carlos III de Madrid y La Caixa han elaborado un estudio sobre los cuidados de las personas en España, en el que alertan de que la incorporación generalizada de la mujer al mercado laboral y el envejecimiento de la población pueden poner en peligro dentro de unos años la atención de mayores y dependientes.

Según los autores de este trabajo, que hace el volumen 28 de la Colección de Estudios Sociales de la Fundación La Caixa, "urge la adopción de medidas" hacia un nuevo modelo en el que el cuidado aparezca como un nuevo derecho social de la mano de políticas como la Ley de Dependencia y la Ley para la Igualdad de Género.

La directora del estudio, Constanza Tobío, explicó en su presentación que a pesar de que la Ley de Dependencia y la de Igualdad de Género están ya en vigor, el paso del modelo de cuidados familiares arraigado en España desde hace muchos años al de cuidados provenientes de las administraciones públicas, al menos en parte, "no se está llevando a cabo con todos los recursos necesarios".

Según concluyen estos expertos, estos expertos, factores como la sostenibilidad del Sistema de Dependencia, la distribución desigual de recursos en las diferentes autonomías, la falta de coordinación entre las políticas sociales de las comunidades autónomas, las dificultades de coordinación laboral y familiar y la inercia del cuidado en el hogar dificultan la consolidación de un nuevo modelo de atención de personas que se hace "imprescindible".

En peligro
Tobío, catedrática de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid, subrayó que actualmente más del 18% de la población española es mayor de 65 años, mientras que la proporción superará en 2050 el 30%. Este dato, incidió la investigadora, unido al que indica que en treinta años la tasa de ocupación de la mujer se ha duplicado en España, hace pensar que los cuidados de las personas que los precisen dentro de unos años pueden peligrar. Otro dato que confirma esta teoría es el de que en las dos últimas décadas el número de amas de casa a tiempo completo se ha reducido casi a la mitad, al haber pasado del 43% al 23% de las mayores de 16 años.

No obstante, en la actualidad el retrato robot del cuidador de personas mayores y dependientes sigue siendo el de una mujer (lo es en el 83% de los casos) casada, con estudios primarios, sin otra ocupación remunerada y en un 40% de las ocasiones hija del afectado. En este punto, la investigadora resaltó el hecho de que los hombres sólo ejercen como cuidadores de familiares "cuando no les queda más remedio" porque no haya en su entorno una mujer disponible para esta labor.

Si la persona dependiente es un hombre, detalló, la cuidadora suele ser su mujer, mientras que si es la esposa la que necesita ayuda, quien se ocupa de ella es habitualmente una hija.

La ley de Dependencia tendrá un déficit de 7.000 millones este año y de 12.000 en 2015

Las administraciones públicas prevén aportar 4.426 millones de euros para hacer frente a la ley de Dependencia en el año 2015, cuando el coste real de los servicios en dicha fecha oscilaría entre los 17.000 y los 20.000 millones de euros, según establece un estudio publicado en la revista «Estudios de Economía», realizado por Irene Albarrán y Pablo Alonso, de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad de Alcalá, respectivamente.

Las previsiones de aportación pública representan en torno al 25 por ciento del total presupuestado para 2015, año en el que las autoridades prevén que funcionará a pleno rendimiento el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en España. Según Irene Albarrán, profesora de la Carlos III , los resultados de su investigación implican para ese año «un desfase de 12.000 millones de euros, en el mejor de los casos».

El informe «La población dependiente en España» concluye que en el presente año «hay más de 890.000 personas con derecho a recibir ayudas públicas y, según las estimaciones, los costes de la población dependiente oscilan entre los 8.584 y los 9.276 millones de euros, cuando las administraciones calcularon un coste de 2.320».

La previsión se agrava para 2015, cuando el volumen de dependientes «será ligeramente inferior al millón de personas, por lo que la cifra de costes se situará entre los 15.000 y los 20.000 millones de euros, importe muy superior a los 4.426 millones que esperan aportar las administraciones, por lo que sólo se cubrirá la cuarta parte de lo que haría falta en atención asistencial, sin contar infraestructuras», explica Alonso.

El estudio estima que en 2020 el número de dependientes será ligeramente superior al millón -con un coste estimado entre los 22.000 y los 27.000 millones-. Y para 2015 pronostica que la cifra de potenciales beneficiarios oscilará entre 1,55 y 1,65 millones -algo más del tres por ciento de la población total- que acarrearán un gasto entre 135.000 y 161.000 millones.

El peso de los costes sobre el total de la actividad -prosigue la investigación-irá creciendo hasta situarse entre el 1,3 y el 1,6 por ciento del PIB en 2015 y el 2,2-2,6 por ciento en 2050. En ningún caso la aportación de la Administración supera el 30 por ciento del coste estimado, precisan los autores del trabajo.

 

Fuente: ine.es

Inaguracion del Vivero de Empresas de Carabanchel

El alcalde de la Ciudad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, inaugurará el Vivero de Empresas de Carabanchel. En este equipamiento tendrán cabida 31 proyectos para empresas de economía social. 

Esta sexta unidad de la Red de Viveros de Empresas municipal, tendrá más de 6.100 metros cuadrados de superficie, lo que lo convertirá en el más grande de todos. Nota: a las 10.15 horas saldrá un autobús desde la calle Montalbán para los medios que deseen asistir a este acto. 

Vivero de Empresas de Carabanchel 

c/ del Cidro, 3

Entre otras empresas se encuentra Serhogar System.

Listado de empresas: pinche aquí

Aprender a cuidar de personas dependientes a través de una unidad didáctica audiovisual

El 70% de los cuidadores de personasdependientes –entre ellos, de enfermos deAlzheimer y Parkinson- son mujeres preocupadas, sobre todo, por cómo atender correctamente las necesidades de sus familiares en esa situación. Lo que más les inquieta son cuestiones como la correcta movilización, el aseo y alimentación –véase, post cuidados básicos -, así como la necesidad de recibir unas nociones prácticas para detectar situaciones de urgencia en las que hay que pedir ayuda a un profesional sanitario.

Así lo constató el director general del Centro de Humanización de la Salud , José Carlos Bermejo, en una investigación con la que se ha llevado el segundo Premio Caja Madrid de Investigación Social 2009  –dotado con 12.000 euros-  y a partir del que ha creado la primera unidad didáctica audiovisual específica para el cuidado de personas mayores y dependientes.

Este trabajo mostraba la falta de tiempo y de medios que sufren los cuidadores informales y sus dificultades para relacionarse con su familiar en situación de dependencia , tanto en el manejo de actividades de la vida cotidiana como respecto a posibles trastornos de conducta, sobre todo delirios, alucinaciones y agresividad, especialmente en mayores que padecen algún tipo de demencia.

De ahí la puesta en marcha de la innovadora herramienta audiovisual de ayuda (puedes ver el vídeo y descargarlo aquí ). El  Centro Humanizar (Madrid) cuenta con un centro asistencial en el que se atiende desde 1983 a 135 personas mayores con diferentes niveles dedependencia física, psíquica o social, una residencia y centro de día, una unidad de cuidados paliativos y una fundación de ayuda a domicilio.

La reforma laboral no entra en casa

Los sindicatos exigen la inclusión "de una vez por todas" de las empleadas del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. Sujetas a una ley arcaica y discriminatoria, ahora no cuentan con ninguna protección social 

"Vengo de pedir de la iglesia porque no tengo ni para comer y trabajo como una bestia", afirma Pilar Díaz, una mujer de 60 años que lleva toda su vida limpiando casas. Nunca ha tenido derecho a paro, ni a baja por enfermedad, ni a vacaciones, ni sabe qué es un contrato. Ahora, cuando los huesos le fallan, tampoco puede jubilarse porque, al no haber cotizado, no puede cobrar una pensión. El Gobierno, en pleno debate de la reforma laboral, se ha olvidado año tras año no sólo de ella, sino del resto de las 700.000 empleadas del hogar que trabajan en España, la mayoría en la economía sumergida.

"Pero no es un olvido, es un intento de cargar el mayor tiempo posible sobre las espaldas de las mujeres pobres los costos del cuidado", puntualiza Isabel Otxoa, asesora de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia.

Desde 1985, estas mujeres se rigen por un régimen especial en el que no se aplica el Estatuto de los Trabajadores ni el del Trabajo Autónomo. "Están en desventaja con el resto de los trabajadores, por lo que el Gobierno no puede dejar fuera otra vez del nuevo Pacto de Toledo la inclusión de estas trabajadoras en el Régimen General. Ya es hora de que nos sentemos con la Administración", afirma la secretaria de política social de UGT, Carmen López.

La obligación de alta y cotización a la Seguridad Social desde la primera hora de trabajo, un contrato por escrito, la protección por accidente laboral y la prestación por desempleo son algunas de las reivindicaciones del colectivo. "Este régimen se basa en la previa situación de opresión de las mujeres, dependientes económicamente de sus maridos y en condiciones de aceptar muy malas condiciones de trabajo", añade Otxoa, que incide en la "vergonzosa utilización" de las mujeres inmigrantes.

Conciliación laboral

En Opción Luna, una asociación de Córdoba que ayuda a mujeres como Pilar a dignificar su trabajo, consideran que ese aplazamiento constante fomenta aún más la economía sumergida y refleja una discriminación "pura y dura" hacia estas trabajadoras.

"En este país no está aún resuelta la conciliación laboral y familiar"

"No tener cubiertos unos derechos básicos no es culpa del empleador, sino de una ley y de quien no controla los abusos que se producen", zanja Antonia González Ríder, presidenta de la asociación. "El otro día, viendo una película en la tele de Adolfo Suárez pensé cuando salía con Santiago Carrillo: "lo hicisteis todo muy bien, pero se os olvidó esto", reflexiona. 

Desde aquellos primeros años de la Transición, la mujer ha derribado obstáculos inimaginables. ¿Por qué esta discriminación se resiste tanto? La razón, según la secretaria de la mujer de CCOO de Andalucía, Antonia Martos, es que este trabajo no está reconocido socialmente. "Siempre lo hemos hecho las mujeres de manera altruista", afirma. Sin embargo, paradójicamente, gracias a estas trabajadoras, otras mujeres pueden acceder al mercado laboral. Y aquí Martos incide en lo que ella considera el problema de fondo: "En este país no está aún resuelta la conciliación laboral y familiar. Es evidente que se ha avanzado mucho, pero no puede ser a costa de otras mujeres, ya sean empleadas del hogar o familiares como las abuelas". 

Isabel Otxoa cree que el debate hay que plantearlo de otra forma: "Es injusto e inexacto mencionar a las mujeres como si fueran las que se benefician del empleo doméstico. Las empleadas del hogar liberan de trabajo principalmente a los hombres". ¿Qué pasaría si las mujeres se pusieran en huelga? La Administración tampoco responde esta pregunta, pero todas saben la respuesta.

 

"Veo mi futuro muy negro"

Pilar Díaz. Empleada del hogar, 60 años

Su única vía para ganarse el pan siempre ha sido trabajando en casas. Pilar Díaz, una cordobesa de 60 años y sin estudios, sólo cobra 2,5 euros la hora –la media se sitúa en los 8 y los 9 euros–. “Estoy muy mal, con mis achaques, no tengo ni una vivienda y, claro, no puedo pedir más dinero porque si no llaman a una chica más joven”, lamenta. Hace de todo: limpia, cocina, plancha... Pero no cobra más de 300 euros al mes. Es diabética y necesita los cuidados de cualquier persona mayor machacada por una vida dura. Pese a llevar trabajando desde que era muy joven, nunca ha cotizado a la Seguridad Social. “Si me hubieran hecho un contrato como a cualquier trabajador normal, ahora me podría jubilar y tener mi paga. Pero es que, con esta edad, ahora tengo que seguir echando horas como una loca”, añade. Y lo peor, asegura, está por venir: “Tampoco veo un futuro mejor. Lo veo bastante negro todo, la verdad”. 

"Estoy como si fuera extranjera"

Antonia Pedregosa. Empleada del hogar, 51 años

Antonia Pedregosa sólo ha cotizado a la Seguridad Social tres temporadas en un hotel de Menorca y cuatro años en otro establecimiento del sector, del que fue despedida con la crisis. El resto del tiempo siempre ha trabajado como empleada del hogar. Y ahora, a punto de cumplir los 52 años, vuelve a limpiar casas. “No tengo ningún derecho, soy española, pero como si fuera extranjera”, afirma.  Actualmente cobra 8 euros por hora, pero con los desplazamientos en autobús, la primera se le queda en cinco. La situación no es muy boyante: su marido lleva un año de baja por enfermedad. “No me falta para comer, pero no me podría quedar en mi casa aunque quisiera”, añade. Gana 400 euros al mes. “Tendría que cambiar nuestra situación de una vez por todas, si no voy un día porque estoy enferma, no cobro, y si la familia decide que no quiere, porque la crisis le está afectando, pues tampoco”, concluye.

"Es igual que no haber trabajado"

Patricia Sánchez. Empleada del hogar, 24 años

Con sólo 16 años, Patricia Sánchez tuvo que dejar sus estudios y ponerse a trabajar. Su madre se puso enferma y necesitaba llevar dinero a casa. Desde entonces, y ahora tiene 24 años, trabaja por horas limpiando casas. “Me hubiera gustado estudiar auxiliar de enfermería porque con todo lo que llevo trabajado es como si no hubiera hecho nada”, afirma siendo plenamente consciente de lo que supondrá en un futuro no haber cotizado para poder recibir una pensión. Ahora gana unos 750 euros al mes y ha preferido que su empleadora no le diese de alta en la Seguridad Social porque tendría que pagar ella gran parte de la cuota. “Y eso me reduciría el sueldo”, explica. A su marido se le terminó la prestación por desempleo el mes pasado y necesitan dinero para lo más urgente: pagar la hipoteca de su casa. Confía, no obstante, en poder recuperar algún día sus estudios.

Tres años sin cumplir los plazos de la ley de Dependencia

Las autoridades venden como avance su deber de dar las ayudas en seis meses 

Los responsables de política social de las comunidades llegaron la última semana de enero a un acuerdo: resolver las ayudas por Dependencia en un plazo de seis meses, desde que el ciudadano lo solicita hasta que se le concede (sobre el papel) la prestación de que se trate. Así pues, tres años después de ponerse en marcha la Ley de Dependencia, los responsables políticos se han reunido para adquirir el compromiso de cumplirla.

Porque en dicha norma ya se indica - artículo 28- que la tramitación de estas ayudas se hará de acuerdo al Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es decir, en un plazo de seis meses. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

La Ley de Dependencia está excesivamente lastrada con los procedimientos administrativos y ahí radica buena parte de los retrasos que sufren los ciudadanos. Pero algunas comunidades han ido encogiendo los trámites para aligerar el proceso.

Muy pocas, pero algunas, como Castilla y León ya tienen en marcha un expediente unificado, es decir, que en un solo paso el ciudadano conoce su grado de dependencia y la ayuda que le corresponde. Por eso tardan menos en resolver, muy lejos de la lamentable media española, que se sitúa entre los 12 y 18 meses, un periodo de tiempo excesivo para personas que requieren ayuda urgente. También en Guipúzcoa la espera es de las más reducidas. La Administración vasca habla de unos tres meses.

Pero puede afirmarse que la práctica totalidad de las comunidades emplean más que los preceptivos seis meses en conceder las ayudas a los dependientes. Y esa media española la alimentan comunidades como Madrid o Canarias, donde el usuario puede esperar casi dos años su ayuda, según el último estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Comunidades como Madrid o Valencia, que muestran algunos de los peores resultados en su gestión de la Ley de Dependencia, no sólo no aligeraron el procedimiento, sino que regularon el llamado silencio negativo: si el ciudadano no recibía respuesta se quedaba en un limbo administrativo que apenas le dejaba la opción de volver a solicitar su ayuda como si nada hubiera pasado antes. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad tumbó esa iniciativa por una cuestión de forma: no habían regulado con rango de ley.

Pero aún quedan otros resquicios para burlar lo que, en principio, plantea la ley. Por ejemplo, considerar que el procedimiento no es uno solo, sino tres: uno para que el ciudadano sea valorado, otro para determinar su grado y nivel de dependencia y un tercero para prescribir la ayuda. Si se entiende que son tres, podrían contar con seis meses para cada cosa. Y eso también ha estado ocurriendo. De hecho, en Madrid hay un recurso de casación planteado en el Tribunal Supremo -pendiente de admitirse o no a trámite- para que determine si es legal retrasar el procedimiento por la vía de dividirlo en dos o tres pasos.

Los trámites también se paralizarían si la Administración solicita algún documento al dependiente. Entonces los seis meses contarían de nuevo, algo que ha pasado en numerosas ocasiones, incluso pidiendo papeles que ya se habían entregado o que ya posee la administración.

"La situación se ha subvertido de tal forma que vamos hacia un sistema de protección social que utiliza la burocracia como arma para defenderse del ciudadano y el derecho de las personas a ser atendidas y apoyadas está por encima de los procedimientos", afirma Luis Barriga de la Asociación de Gerentes. "Otros sistemas como la sanidad o la educación ofrecen respuestas más inmediatas, sin necesidad de que cada decisión del profesional, del paciente o del alumno se diriman en forma de resolución administrativa", añade.

"En cualquier caso, es obligatorio informar al ciudadano que su solicitud ha sido recibida y del plazo máximo establecido para resolver, así como de los efectos del silencio administrativo", asegura Barriga.

El abogado José Ausín, que tramita casos de afectados de Alcorcón (Madrid), es quien ha presentado el recurso ante el Supremo. Y aunque se felicita de la voluntad política de agilizar los trámites, opina que "se está llegando a tal nivel de deterioro que no se propone la sanción de los que no cumplen sino el aplauso a los que se proponen cumplir la ley".

Las ayudas

- Atendidos. Las personas que ya reciben una ayuda por Dependencia superan ya los 500.000. Pero la lista de espera se acerca a los 250.000 dependientes.

- En casa. Del total de ayudas prestadas, más de la mitad se trata de una prestación económica para cuidar en casa al anciano o discapacitado. Las comunidades han acordado inspecciones anuales para estas ayudas.
- A la espera. Canarias, Madrid, Valencia, Baleares y Murcia son las comunidades donde hay menos ciudadanos atendidos en relación con la población. Están por debajo de la media española, que es un 1,08%.