18 diciembre 2009
16 diciembre 2009
Ventajas de hacer un contrato en el servicio domestico
10 noviembre 2009
II Campaña Anual Niños Solidarios en Navidad
Es muy sencillo (de verdad, realmente sencillo) y son muchos los niños que no tienen nada, a los que vamos a ayudar.
La iniciativa es la siguiente: Cualquiera de nosotros (no, cualquiera no, todo el que reciba este email, por favor) debe coger una simple caja de zapatos, envolverla con papel de regalo a modo de caja de regalos, de forma que tenga la apariencia de un paquete de Navidad... ¿Sencillo verdad?
Bien. Dentro depositáis un juguete (Cualquier juguete... no importa su coste, ni si está usado o si ya no lo quiere nuestro hijo o nuestro sobrino... Es para niños que no tienen nada, imaginaos si es importante...)
Vale cualquier cosa que le pueda gustar a un niño en Navidad, de verdad: Una pelota; caramelos; algún peluche... cualquier cosa. Un regalo para un niño que no tiene juguetes..
Posiblemente no tendrá padres... y no digamos Navidad ni regalos.
Bien. Pues cerráis esa caja con ese regalo y fuera ponéis si el regalo interior es para un "niño"o una "niña"y la edad aproximadaa la que corresponde lo que habéis introducido. Así sabrán a quien entregar el paquete sin necesidad de abrirlo.
Y lleváis esa caja a cualquier tienda IMAGINARIUM de cualquier centro comercial o calle de vuestra ciudad
DEL 1 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2009 (sábado).
¿Y sabéis qué hacen estas fundaciones?... Llevarán esas cajas con esos regalos a niños sin padres o sin recursos, para que estas Navidades TODOS TENGAN UN JUGUETE Y DESCUBRAN QUE EXISTE PAPÁ NOËL.
Podéis consultar toda la información en la web de Antena 3, o en
NIÑOS QUE NO TIENEN NIÑEZ, NI FAMILIA, NI RECURSOS.
Es mucho lo que podemos hacer con un poquito de nuestro tiempo. Espero que este mensaje te inspire a participar en esta iniciativa directa sobre el colectivo más desfavorecido del mundo en tiempos de crisis: LOS NIÑOS.
02 noviembre 2009
La aplicación de la Ley de Dependencia lleva al cierre de más de mil residencias
Rápido, pero en la dirección equivocada. Así parece que se ha corrido en estos casi tres años de aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Sobre todo, para algunos sectores como el residencial, que se las prometían muy felices y que ahora se ven abocados al cierre de centros.
Para el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (Fead), Alejandro Echevarría, el balance es "completamente negativo". En su opinión, la ley "se puso en marcha sin recursos, ni sostenibilidad económica y, por esta falta financiera, se está convirtiendo en una ley de subvenciones".
Y es que de las 672.000 ayudas reconocidas hasta la fecha, más de la mitad (el 51,36 por ciento) son para cuidados familiares en el domicilio del beneficiario, mucho más baratas que sufragar el coste de una residencia o apostar por la figura del cuidador profesional.
Convenio especial
Si en un principio se previó alcanzar los 15.000 cuidadores informales, en la actualidad, hay más de 240.000, de los que sólo 80.000 están dados de alta en la Seguridad Social. Esta paguita de la dependencia a la que aludió el ex ministro de Trabajo, Jesús Caldera, la cobran los jubilados y, además, no genera empleo.
Incluso se están concediendo altas laborales mediante el convenio especial previsto para los familiares a empleadas del hogar en "un claro fraude de ley", como ha reconocido el propio Imserso.
Plazas vacías
El resultado hasta ahora es una bomba de relojería para el sector residencial. Las plazas vacías entre estas empresas son un 8 por ciento más que cuando entró en vigor la ley, porque se está sacando a personas mayores de las residencias. En total, hay 60.000 camas menos de las 150.000 plazas existentes, y se han cerrado 1.000 centros en los últimos dos años, debido en buena parte al retraso de los pagos de los convenios firmados por las comunidades autónomas "que están poniendo al borde de la quiebra al sector", asegura Alejandro Echevarría.Lo peor es que la deriva de la ley está comprometiendo la calidad de la prestación al ser los propios jubilados o personas sin experiencia quienes asumen el cuidado de grandes dependientes y dependientes severos. En opinión del diputado de CiU, Carles Campuzano, "estamos gastando mucho dinero sin garantizar la calidad en los servicios".
Porque no hay que olvidar que, al final, se trata de "un mayor cuidando de otro mayor", recuerda el presidente de la Fead, que representa a un total de 14 patronales autonómicas, con 150.000 plazas residenciales, 28.000 plazas en centros de día, 230.000 beneficiarios de ayuda a domicilio y 315.000 usuarios de teleasistencia.
198 euros al mes
La partida de 1.598 millones de euros consignada en los Presupuestos de 2010 para dependencia es "insuficiente", según la diputada popular, Lourdes Méndez. Apenas suponen 198 euros al mes por cada una de las 672.000 personas que tienen reconocido el derecho, cuando el coste medio mensual de una plaza en una residencia es de 1.800 euros. Además la subida en un punto del IVA reducido que se aplicará a partir de mayo al sector residencial tampoco ayudará a enderezar la situación. Los usuarios tendrán que desembolsar 70 millones de euros más, 105 euros al año para los dependientes, "la misma cantidad que van a recibir por la subida de sus pensiones", denuncia Echevarría, que cifra el coste para el sector en más de 210 millones de euros.
Es un diagnóstico que también comparte el grupo de expertos que ha evaluado la aplicación de la Ley. En el informe presentado en el Congreso de los Diputados el 21 de octubre se constatan, entre otros desvíos, la desigualdad en la cartera autonómica de servicios, el sesgo hacia la concesión de prestaciones económicas que la propia norma considera excepcionales y la falta de sostenibilidad financiera del nuevo sistema de protección social a largo plazo.
El Gobierno, en cambio, pide tiempo y presenta el millón de solicitudes presentadas como aval de la ley, si bien reconoce la necesidad de ajustes para asignar con más precisión el tipo de servicio que necesita el dependiente, si una plaza residencial, un centro de día o una ayuda domiciliaria.
Fuente: eleconomista.es
Cuidados para los cuidadores
24 septiembre 2009
03 septiembre 2009
Decalogo sobre la enfermedad H1N1
Como sobrevivir a la Gripe A (H1N1)
27 agosto 2009
Los centros de día para mayores están medio vacíos
La patronal calcula que hay un 60% de plazas libres - El servicio es poco demandado por inflexible, desconocido y por cuestión de mentalidad.
Los centros de día, que se perfilaron como un servicio "fundamental" para implantar la Ley de Dependencia, se han quedado, sin embargo, como una prestación minoritaria. La patronal calcula que cerca de un 60% de las plazas están libres. Es la que menos se utiliza de todas las previstas en el catálogo de ayudas de la ley, por debajo de los geriátricos, la ayuda a domicilio, la teleasistencia o la muy recurrida prestación económica al cuidador familiar. Esta última, por cierto, es la más utilizada, cuando debería ser un recurso excepcional. Pero le sale barata y cómoda a las Administraciones. Y los ciudadanos también la demandan más.
Las personas de edad prefieren estar en casa, cuidadas por la familia
Algunas regiones sólo dan una ayuda: domiciliaria o institucional
Con las miles de mujeres que están hipotecando sus vidas al cuidado de ancianos, sin vacaciones ni apenas días de descanso, que un servicio como éste no llene sus plazas es algo insólito. Alberto Echevarría, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), cree que los ciudadanos no eligen este servicio por una cuestión de mentalidad. Prefieren estar en sus casas, al cuidado de sus hijos. "No creo que sea culpa de la Administración, simplemente es que las personas no lo demandan, pese a ser una de las mejores opciones", dice.
En esos establecimientos es donde el anciano pasa unas horas mientras sus familiares trabajan (como si se tratara de una guardería infantil) o donde está asistido si carece de ellos pero aún goza de autonomía para dormir en casa. Está considerado como un servicio que retrasa la dependencia total, y, por tanto, el ingreso en una residencia. Y, si el centro está bien dotado, el anciano encontrará compañía, rehabilitación, atención psicológica, peluquería, podología. Y los familiares, unas horas de respiro.
Pueblos pequeños
Que sobren plazas es algo sorprendente. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad y Política Social, de 2008, hablan de la existencia de 63.446 plazas en centros de día que darían cobertura al 0,83% de la población mayor de 65 años, el doble que en 2004. A pesar de esas endebles cifras, hay plazas vacantes. "Es por desconocimiento, sobre todo en los pueblos pequeños. Es un servicio muy reciente en algunas autonomías, como en Galicia, y la gente no lo conoce", afirma Eladio de Vicente, trabajador social en el concello de Vilalba (Lugo).
El servicio, efectivamente, no estaba muy extendido hace unos años, y era más común en ámbitos urbanos. Para llegar a ellos había que recorrer no cortas distancias, aunque el transporte está incorporado. Ahora empiezan a instalarse en pueblos más pequeños, cabeceras de comarca, y De Vicente opina que "el boca a boca irá extendiendo" las bondades de este servicio, una de cuyas ventajas es que no separa a la persona de su entorno, sus casas, la familia. "Los que han aceptado ir a un centro de día están encantados, nadie renuncia a ellos", dice el trabajador social.
El Gobierno asturiano ha puesto en marcha una campaña de información para dar a conocer estos centros y los servicios que prestan. Se repartirán 7.000 folletos en festejos para mayores, centros sanitarios, asociaciones. Asturias tiene tres centros de día construidos, pero no los ha abierto porque la demanda está parada. En los que están funcionando aún hay casi 200 plazas libres de las 1.085 que tienen. Es sólo un ejemplo de lo que ocurre en toda España, excepción hecha de las dos grandes capitales, Madrid y Barcelona. El Libro Blanco que se redactó como una enorme radiografía de los servicios sociales en España antes de la Ley de Dependencia recogía la necesidad de "incrementar el número de centros de día" y de "combinarlos con otros servicios domiciliarios". Pero he aquí el segundo inconveniente, que está alejando a los usuarios de este servicio: la imposibilidad en algunas comunidades, como la Valenciana, de sumar a un centro de día la ayuda a domicilio. Si el anciano no dispone de apoyo familiar de ninguna clase, quién lo asea cada mañana antes de montar en el autobús para ir al centro; quién se encarga de acostarlo y quién se cuida de que todo vaya bien en las horas que pasa en casa.
En la comarca valenciana de la Ribera Alta conocen bien este problema. Una trabajadora social que no quiere dar su nombre cree que esta incompatibilidad con la ayuda a domicilio no permite a muchos ciudadanos optar por el centro de día. "De todas formas, a la comunidad tampoco le interesa, están prescribiendo mayoritariamente la paguita para el cuidador familiar, que les sale más barato. Ni siquiera la ayuda a domicilio es cómoda para los ancianos, porque no llega directamente del ayuntamiento, sino que tienen que negociarla con empresas privadas, y todas esas trabas burocráticas les abocan a la prestación económica para el familiar cuidador", afirma.
En Logroño no ocurre eso (ni en muchas otras comunidades). Allí la ayuda a domicilio es compatible con un centro de día. A pesar de ello, sobran plazas, explica la trabajadora social Ana Campos. Cree que los horarios pueden ser una de las causas: "El límite de estancia en un centro es de unas siete horas, justo la jornada de cualquier trabajador. Si además tienes que hacer la compra, acompañar a tus hijos, el horario se queda muy corto. Hay que flexibilizar eso".
Y menciona otro escollo (ninguno de ellos son sólo propios de La Rioja): "Tienen derecho a transporte, pero si viven en el casco antiguo y hay escaleras en lugar de ascensor, ya no podrán optar por este servicio".
La crisis ha podido influir también en las preferencias de los usuarios a la hora de pedir una ayuda por dependencia: la paga al cuidador familiar "siempre es un ingresito más". "Pero las cuidadoras están sobrecargadas y van a tener una dependencia prematura ellas mismas".
19 agosto 2009
La Comunidad de Madrid pone en marcha más de 1.300 plazas para dependientes
07 agosto 2009
La nueva ordenanza de Servicios Sociales ofrecerá ayuda a quienes no estén protegidos por otros sistemas
La nueva ordenanza de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid ofrecerá ayuda a las personas "que no estén protegidas por ningún otro sistema de protección social" y garantizará " la igualdad mediante un procedimiento único de concesión de estos servicios para todos los ciudadanos, con independencia del distrito donde residan".
Así lo aseveró hoy la coordinadora general de Protección Social e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Dávila, en la comisión ordinaria del ramo, donde añadió que se establecerá un baremo de valoración que permitirá identificar las necesidades o carencias de las personas que soliciten los servicios municipales.
También se atenderán las situaciones de urgencia de forma inmediata dentro de una ordenanza de la que dijo que conllevará "el fortalecimiento de los servicios sociales municipales ya que con ella el Ayuntamiento de Madrid garantiza para el futuro los altos niveles de protección que ofrecen en la actualidad los servicios sociales municipales". La norma tiene que ser aprobada ahora por el Pleno.
Estos argumentos no fueron suficientes para la portavoz de IU de Familia, Milagros Hernández, que denunció hoy que en el nuevo texto prevalecen "los recursos presupuestarios a las necesidades sociales" y limita "la universalidad de los derechos de los menores, las familias en dificultades y los extranjeros".
PASO ATRÁS Y REDUCCIÓN DE HORAS
La nueva ordenanza municipal, que regulará buena parte de la atención social de la ciudad, desde el servicio de ayuda a domicilio, los centros de DIA y los apartamentos y residencias municipales, supone para IU "un paso atrás que perjudicará de manera notable la calidad de vida de los colectivos más vulnerables" porque "ni es el momento de redactarla ni, en ningún caso, es la ordenanza que necesita una ciudad con tantas necesidades sociales como Madrid".
La edil recordó que el nuevo texto coincide con la implantación de la Ley de Dependencia que se encuentra en un proceso aún no concluido en las autonomías y que en la Comunidad de Madrid "está siendo un auténtico desastre". En este escenario, Milagros Hernández abogó por "un convenio entre el Ayuntamiento y el Gobierno regional que acuerde el traspaso a los Servicios Sociales Generales de la financiación del sistema de dependencia.
IU criticó asimismo que entre las novedades de la nueva ordenanza se estipula la reducción de las horas de ayuda a domicilio a ancianos. De este modo podrán quedará reducidas "hasta a cinco al mes" las destinadas a mayores que residan en los apartamentos tutelados por el Ayuntamiento.
Por su parte, la coordinadora general de Protección Social e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Dávila, destacó que en los últimos años el Ayuntamiento de Madrid ha llevado a cabo un importante incremento en el número de Centros de Servicios Sociales, pasando de 26 a 31, un incremento del 83 por ciento del número de profesionales, de 325 a 595, y una mejora de los recursos materiales dedicados a estos servicios, dando paso a los 207 millones de euros de los 61 anteriores.
También detalló algunas de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular a la nueva ordenanza, como la relativa a evitar la extinción del servicio por ausencia del beneficiario durante un periodo superior a tres meses si se debe a causas de carácter sanitario y la posibilidad de prestar estos servicios a personas que hubieran sido reconocidas como dependientes por la Comunidad de Madrid a través de los convenios que se suscriban entre ambas administraciones.
Fuente: adn.es
08 julio 2009
Diseñan un sistema de teleasistencia para personas mayores sordas
En España, hay más de 460.000 mayores de 65 años con problemas de audición MADRID, 8 (SERVIMEDIA)
El Plan Avanza del Ministerio de industria, Turismo y Comercio está trabajando en un programa de teleasistencia para personas mayores sordas que pretende solucionar los problemas de comunicación que tiene esta parte de la población con los sistemas convencionales de asistencia remota.
El proyecto, denominado Telpes (Teleasistencia para personas sordas), se ha presentado dentro del curso de verano de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) "El Hogar Digital Accesible para Personas Discapacitadas", dirigido por el profesor Miguel Ángel Valero.
Además de la UPM, participan en el proyecto Cruz Roja, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y la Fundación Vodafone.
Según explicó a Servimedia Valero, Telpes, evaluado durante un mes por diez personas mayores sordas, integra luces, vibraciones y sistemas de videollamada y de videointerpretación con lengua de signos, con lo que permite a los ancianos con problemas graves de audición beneficiarse de la teleasistencia, como lo hace el resto de la población a la que va dirigido el servicio.
La iniciativa, desarrollada ya en sus tres cuartas partes, explicó Valero, pretende "resolver el problema de la teleasistencia inaccesible" a las personas mayores sordas, que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) son un total de 463.990, aunque no todas precisarán de este servicio por no vivir solas.
Para ello, el usuario dispone de una unidad de videollamada conectada a la televisión que le permite comunicarse con las personas de Cruz Roja a través de lengua de signos, si la conoce, imágenes y pictogramas sencillos diseñados para tal efecto.
Para terminar de probar y evaluar este sistema, un total de 30 personas de Madrid, Valladolid, Zaragoza y Valencia lo utilizarán el próximo mes de septiembre y, si todo va bien, la idea "es que forme parte de la teleasistencia real", concluyó Valero.
Fuente: economista.es
06 julio 2009
Un informe oficial insta al Gobierno a denunciar a las autonomías por la Dependencia
Un documento recomienda llevar ante el juez a algunas comunidades - El estudio plantea dudas sobre los fondos que dedican a las personas dependientes.
El Gobierno conocía las "desviaciones" que se estaban produciendo en varias comunidades al aplicar la Ley de Dependencia, pero se ha limitado a enviar algunas cartas, "renunciando a emprender la vía del recurso jurisdiccional" para corregirlas. Un informe encargado por el propio Gobierno para evaluar algunos aspectos del funcionamiento de esta ley afirma que la Administración central "debería ejercer su potestad" y acudir a los tribunales en caso de "flagrante incumplimiento por parte de las comunidades autónomas" de la ley.
Conceder ayudas económicas es más rentable para las Administraciones
Se ha incluido entre los beneficiarios a ciudadanos que no lo habían solicitado
El informe de la Agencia de Evaluación y Calidad, al que ha tenido acceso este periódico, afirma que ni siquiera "hay constancia de que se hayan entablado discusiones de carácter bilateral" con las comunidades para que realicen "los ajustes normativos correspondientes".
Que algunas comunidades estaban actuando al margen de la ley en la gestión de la dependencia era por todos conocido, y lo han denunciado los medios de comunicación y algunos colectivos en numerosas ocasiones. Pero han tenido que ser los propios ciudadanos, en algunos casos después de meses de total desamparo, los que se han organizado para acudir a los tribunales a denunciar. O el propio Defensor del Pueblo, que también lo ha hecho. Es política prioritaria del actual Ministerio de Sanidad y Política Social, como de los anteriores, no incomodar a las comunidades en aras del consenso.
El Estado es el garante de la igualdad de todos los españoles al ejercer sus derechos, pero en este caso no ha actuado como tal. Hay comunidades que han redactado una normativa (silencio negativo) para alargar los plazos, ya de por sí extensos, que debían pasar los ciudadanos dependientes para obtener una ayuda. Así lo han hecho en la Comunidad Valenciana y en la de Madrid, por ejemplo. Hay otras dos autonomías y una diputación foral en las que se ha utilizado un baremo propio para determinar el grado de dependencia de algunos solicitantes, haciendo caso omiso de la existencia de un baremo único para todas. En algunas regiones se han incluido de oficio en las listas de la dependencia a ciudadanos que no lo habían solicitado. El Imserso sólo envió cartas a estas comunidades.
La realización de este informe por parte de la Agencia de Evaluación (que ahora depende de la vicepresidencia) fue aprobado por Consejo de Ministros, siendo la voluntad del Gobierno la total "transparencia". Sin embargo, seis meses después de concluido, aún no se ha hecho público.
Algunas de las críticas que en él se recogen se han ido corrigiendo en ese tiempo. Por ejemplo, ya no se puede inscribir a personas dependientes, aunque estén atendidas en geriátricos, si no lo han solicitado ellas mismas o sus familiares.
Las comunidades tienen que dedicar el mismo dinero que el Gobierno a la Ley de Dependencia, pero el informe plantea dudas sobre las aportaciones que están haciendo al sistema y sobre cómo se está utilizando el dinero que el Gobierno les da para financiar la ley. "No es posible identificar en los presupuestos las dotaciones que dedica cada comunidad a la Ley de Dependencia", se afirma. Las dos vías de financiación del Gobierno plantean inconvenientes. Por un lado, el Ejecutivo da a las comunidades una cuantía fija por cada persona en función de su grado de dependencia sin tener en cuenta el coste del servicio. Por eso, las comunidades cada vez conceden más ayudas, que le salen "financieramente más favorables" que una plaza en un geriátrico, por ejemplo. La ley deja bien claro que las ayudas económicas deben darse sólo en casos excepcionales.
Además, si son grandes dependientes, la comunidad recibirá más dinero que si son dependientes moderados. "Esto puede suponer un incentivo para que las comunidades reconozcan dependientes en grado superior, obteniendo, de ese modo, mayores recursos" del Estado.
En segundo lugar, el Gobierno reparte unos fondos en función de la población potencialmente dependiente, no del número de personas atendidas. Y eso, dice el informe, tiene el efecto perverso de que "favorece a aquellas comunidades que han dado de alta a un menor número de beneficiarios", como ha sido el caso de las comunidades de Madrid, Valencia o Canarias. O sea, que han recibido más las que peor hacían los deberes. Eso se ha corregido recientemente en parte, porque ahora el 20% de estos fondos se reparten en función de las personas que tienen reconocido el derecho a una prestación. Pero hay comunidades con muchas personas dictaminadas, pero pocas atendidas.
02 julio 2009
¿Residencias o Aparcamiento de Ancianos?
29 junio 2009
Alternativas de ocio para los mayores este verano
Bailoterapia, Gimnasia, Ofimática, Escritura Creativa, Corte y Confección, Manualidades, Inglés Básico e Internet configuran nuestra propuesta para este verano, a un precio simbólico de 5 euros por taller. Los interesados en estas temáticas tendrán desde el 22 al 26 de junio para inscribirse, en el Centro de Mayores Reina Sofía (C/ Infanta Mercedes, 26), de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h..
Esta iniciativa forma parte del proyecto Envejecimiento Saludable con el que se pretende ofrecer a los mayores de 60 años una serie de pautas y habilidades que garanticen un envejecimiento activo, participativo, y un afrontamiento positivo de la jubilación. Obra Social Caja Madrid es la principal entidad que colabora en el desarrollo de esta iniciativa, que comenzó a funcionar en agosto de 2002.
