La vivienda, un aspecto fundamental en la vida de cualquier persona, nacional o no nacional, regular o irregular. Toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y los Poderes Públicos deben promover las acciones necesarias para hacer efectivo este derecho. Entendiéndose, así mismo, que los extranjeros ejercitarán sus derechos en condiciones de igualdad con los españoles. Sin embargo, esto no se plasma en la realidad porque la vivienda no tiene ya la consideración de "bien social" sino de objeto de inversión, de especulación, una forma más de negocio.
En la actualidad la vivienda no se mira desde la óptica del interés público y por tanto las políticas de suelo tienden a liberalizarlo y sacarlo a concurso para vivienda libre en vez de consolidar y aumentar el patrimonio público. La enorme demanda de vivienda ha supuesto un incremento brutal del precio del suelo que, en definitiva encarece el precio final de la vivienda.
Cuando es el Estado el que actúa como constructor, incumple los plazos y cuando subcontrata no ejercita los controles pertinentes para garantizar una gestión transparente.
Es claro y conocido que el precio de la vivienda ha ido aumentando y la tendencia es al alza. Uno de los factores que influyen es el aumento de la demanda por la población inmigrante además de afectar al precio, satura la oferta de viviendas baratas y saca al mercado inmobiliario unidades de alojamiento muy precarias.
Hoy por hoy, los inmigrantes vienen a ocupar aquellos nichos de vivienda que han quedado vacíos. Así, se ven abocados a vivir en infraviviendas o en zonas degradadas de las ciudades, alquilando habitaciones e incluso camas en condiciones insalubres, ocasionando esta situación como consecuencia la entrada en procesos de exclusión y es el Estado quien debería asumir proyectos de integración que tengan en cuenta las dificultades reales y objetivas de estos colectivos, descentralizando los recursos para su gestión coordinada por las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Los inmigrantes suman a la complicada situación actual de vivienda, dificultades añadidas consecuencia directa de su inestabilidad tanto administrativa como laboral. Además se constata que se endeudan enormemente para llegar y envían la mayor parte de sus ingresos a sus familiares.
En términos generales la vivienda social no ha cumplido su función de facilitar el acceso a sectores más desfavorecidos ya que la oferta pública ha sido prácticamente nula. Además los baremos que se manejan excluyen muchos supuestos en que incurren los inmigrantes tanto regulares como irregulares.
Tal y como está planteado el sistema de las viviendas de protección oficial, hoy, son casi una lotería. Esto unido al insuficiente control sobre las mismas hace que se hayan convertido en fuentes de financiación de segundas residencias o de pura especulación.
La falta de un marco político común acerca de la vivienda, el aumento de la demanda por parte de los inmigrantes, la falta de vivienda social, la imposibilidad de alquilar tiene como consecuencia el que los inmigrantes se aglutinen en zonas concretas de las ciudades. Este fenómeno es mucho más evidente en las zonas rurales con una división clara entre los autóctonos y los extranjeros.
Esto ha producido dos fenómenos, la concentración y
Las viviendas de protección oficial ¿un derecho, una necesidad social ó un negocio? Piénsenlo.
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