Aunque la sombra de la crisis ya planeaba el pasado 29 de julio, cuando el presidente del Gobierno firmó con los líderes empresariales y sindicales la «Declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social», entonces se decidió que en esta legislatura los acuerdos deben contribuir a reactivar la economía y crear empleo en un marco económico tremendamente difícil. Por este motivo, la renovación del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (ANC) para 2009 se ha convertido en una de las prioridades de agentes sociales y Gobierno.
En los últimos años la fórmula del ANC, donde se fijan los criterios básicos que deben contener los convenios de empresas y sectores, ha sido fructífera. Con este acuerdo se ha conseguido la moderación salarial y la paz social durante los últimos siete años. Por este motivo, en esta situación de crisis, con la economía casi en recesión y creciendo el número de parados, su papel será fundamental.
El problema es que mientras que los empresarios consideran que los salarios no deberían incrementarse, para no introducir mayor presión a las empresas, los responsables de UGT y CC.OO. siguen apostando por mantener el poder adquisitivo de los salarios (inflación más incremento de productividad y cláusula de revisión), a fin de evitar que la demanda interna no siga cayendo, reactivar la economía y crear empleo.
En la congelación salarial defendida por la CEOE también coinciden el Banco de España y el Ministerio de Economía, por entender que las empresas no pueden soportar más presión en sus costes.
De momento, el próximo 1 de diciembre se producirá la primera toma de contacto, en una de las pocas mesas del diálogo social en la que el Gobierno no está presente. En este primer encuentro, según las fuentes consultadas en CC.OO., UGT y CEOE, se pretenden analizar todas las circunstancias que han cambiado desde la anterior renovación del ANC el 18 de diciembre de 2007. En lo que todos coinciden es en resaltar la necesidad, «más que nunca», de que haya acuerdo.
Los responsables de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, y de Empleo de CC.OO., Lola Liceras, coinciden en apostar porque los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, la única forma de lograr que se reactive la demanda y la economía y de que se cree empleo. Los sindicatos quieren, además, que en los convenios se a reestructuren los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), sobre los que Trabajo ya ha avanzado la intención de que los empleados prejubilados por ERE puedan compatibilizar una renta activa con un trabajo.
Cuestión a parte será la actualización del salario mínimo (SMI), situado en 600 euros y que al final de la legislatura deberá alcanzar los 800. CEOE ya ha pedido al Gobierno que se congele para 2009, mientras los sindicatos esperan que se eleve el porcentaje correspondiente para alcanzar la cuota.
Las otras mesas
Al contrario que en otras legislaturas, en la presente no habrá una nueva reforma laboral («no vamos a discutir del Estatuto de los Trabajadores», dice Liceras), en el que los interlocutores sociales se enzarcen en discusiones sobre el coste del despido o la jornada laboral. En esta ocasión se ha optado por buscar soluciones problema por problema.
Así. el primero a resolver es el funcionamiento de los Servicios Públicos de Empleo. En este apartado ya se han producido dos reuniones y se han fijado como objetivo la revisión de los programas de empleo, las políticas activas, la cobertura a los desempleados o formación profesional.
La actualización del SMI, un año más, será motivo de discrepancia entre empresarios y sindicatos
El gran problema de los Servicios Públicos de Empleo es su nulo papel como intermediador (apenas un 7% de los parados encuentra empleo a través de este servicio). Mientras en la CEOE se apuesta por reforzar las agencias privadas de colocación sin ánimo de lucro, Gobierno y sindicatos prefieren reformar en profundidad el sistema público, para que «deje de ser sólo un registro de parados», mejorando la atención a los demandantes, que les oriente y les forme y fije un itinerario para que vuelvan a la actividad laboral.
También han surgido algunas divergencias sobre la cobertura por desempleo, ya que el Gobierno no aporta la tasa real y lo primero que hay que diseñar es un «indicador más fiable». CC.OO. pide que después se identifiquen los grupos de parados con poca o nula protección y mejorar su situación.
El resto de las mesas ya creadas o a punto de hacerlo se centran en cuestiones que requieren soluciones a corto plazo, como la política de inmigración, de igualdad, formación e inversión, juventud, política industrial y sectorial, energías renovables, o de investigación y desarrollo.
Ferrer y Liceras consideran que será «básica» la de industria para reactivar la economía.
El otro gran asunto pendiente es el Pacto de Toledo, que deberá ser renovado en el Parlamento el próximo año. Todavía queda pendiente el traslado de los trabajadores del Régimen Especial Agrario y del Especial de los Trabajadores del Hogar al Régimen General.