08 julio 2009

Diseñan un sistema de teleasistencia para personas mayores sordas

En España, hay más de 460.000 mayores de 65 años con problemas de audición MADRID, 8 (SERVIMEDIA)

El Plan Avanza del Ministerio de industria, Turismo y Comercio está trabajando en un programa de teleasistencia para personas mayores sordas que pretende solucionar los problemas de comunicación que tiene esta parte de la población con los sistemas convencionales de asistencia remota.

El proyecto, denominado Telpes (Teleasistencia para personas sordas), se ha presentado dentro del curso de verano de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) "El Hogar Digital Accesible para Personas Discapacitadas", dirigido por el profesor Miguel Ángel Valero.

Además de la UPM, participan en el proyecto Cruz Roja, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y la Fundación Vodafone.

Según explicó a Servimedia Valero, Telpes, evaluado durante un mes por diez personas mayores sordas, integra luces, vibraciones y sistemas de videollamada y de videointerpretación con lengua de signos, con lo que permite a los ancianos con problemas graves de audición beneficiarse de la teleasistencia, como lo hace el resto de la población a la que va dirigido el servicio.

La iniciativa, desarrollada ya en sus tres cuartas partes, explicó Valero, pretende "resolver el problema de la teleasistencia inaccesible" a las personas mayores sordas, que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) son un total de 463.990, aunque no todas precisarán de este servicio por no vivir solas.

Para ello, el usuario dispone de una unidad de videollamada conectada a la televisión que le permite comunicarse con las personas de Cruz Roja a través de lengua de signos, si la conoce, imágenes y pictogramas sencillos diseñados para tal efecto.

Para terminar de probar y evaluar este sistema, un total de 30 personas de Madrid, Valladolid, Zaragoza y Valencia lo utilizarán el próximo mes de septiembre y, si todo va bien, la idea "es que forme parte de la teleasistencia real", concluyó Valero.

Fuente: economista.es

06 julio 2009

Un informe oficial insta al Gobierno a denunciar a las autonomías por la Dependencia

Un documento recomienda llevar ante el juez a algunas comunidades - El estudio plantea dudas sobre los fondos que dedican a las personas dependientes.


El Gobierno conocía las "desviaciones" que se estaban produciendo en varias comunidades al aplicar la Ley de Dependencia, pero se ha limitado a enviar algunas cartas, "renunciando a emprender la vía del recurso jurisdiccional" para corregirlas. Un informe encargado por el propio Gobierno para evaluar algunos aspectos del funcionamiento de esta ley afirma que la Administración central "debería ejercer su potestad" y acudir a los tribunales en caso de "flagrante incumplimiento por parte de las comunidades autónomas" de la ley.

Conceder ayudas económicas es más rentable para las Administraciones

Se ha incluido entre los beneficiarios a ciudadanos que no lo habían solicitado

El informe de la Agencia de Evaluación y Calidad, al que ha tenido acceso este periódico, afirma que ni siquiera "hay constancia de que se hayan entablado discusiones de carácter bilateral" con las comunidades para que realicen "los ajustes normativos correspondientes".

Que algunas comunidades estaban actuando al margen de la ley en la gestión de la dependencia era por todos conocido, y lo han denunciado los medios de comunicación y algunos colectivos en numerosas ocasiones. Pero han tenido que ser los propios ciudadanos, en algunos casos después de meses de total desamparo, los que se han organizado para acudir a los tribunales a denunciar. O el propio Defensor del Pueblo, que también lo ha hecho. Es política prioritaria del actual Ministerio de Sanidad y Política Social, como de los anteriores, no incomodar a las comunidades en aras del consenso.

El Estado es el garante de la igualdad de todos los españoles al ejercer sus derechos, pero en este caso no ha actuado como tal. Hay comunidades que han redactado una normativa (silencio negativo) para alargar los plazos, ya de por sí extensos, que debían pasar los ciudadanos dependientes para obtener una ayuda. Así lo han hecho en la Comunidad Valenciana y en la de Madrid, por ejemplo. Hay otras dos autonomías y una diputación foral en las que se ha utilizado un baremo propio para determinar el grado de dependencia de algunos solicitantes, haciendo caso omiso de la existencia de un baremo único para todas. En algunas regiones se han incluido de oficio en las listas de la dependencia a ciudadanos que no lo habían solicitado. El Imserso sólo envió cartas a estas comunidades.

La realización de este informe por parte de la Agencia de Evaluación (que ahora depende de la vicepresidencia) fue aprobado por Consejo de Ministros, siendo la voluntad del Gobierno la total "transparencia". Sin embargo, seis meses después de concluido, aún no se ha hecho público.

Algunas de las críticas que en él se recogen se han ido corrigiendo en ese tiempo. Por ejemplo, ya no se puede inscribir a personas dependientes, aunque estén atendidas en geriátricos, si no lo han solicitado ellas mismas o sus familiares.

Las comunidades tienen que dedicar el mismo dinero que el Gobierno a la Ley de Dependencia, pero el informe plantea dudas sobre las aportaciones que están haciendo al sistema y sobre cómo se está utilizando el dinero que el Gobierno les da para financiar la ley. "No es posible identificar en los presupuestos las dotaciones que dedica cada comunidad a la Ley de Dependencia", se afirma. Las dos vías de financiación del Gobierno plantean inconvenientes. Por un lado, el Ejecutivo da a las comunidades una cuantía fija por cada persona en función de su grado de dependencia sin tener en cuenta el coste del servicio. Por eso, las comunidades cada vez conceden más ayudas, que le salen "financieramente más favorables" que una plaza en un geriátrico, por ejemplo. La ley deja bien claro que las ayudas económicas deben darse sólo en casos excepcionales.

Además, si son grandes dependientes, la comunidad recibirá más dinero que si son dependientes moderados. "Esto puede suponer un incentivo para que las comunidades reconozcan dependientes en grado superior, obteniendo, de ese modo, mayores recursos" del Estado.

En segundo lugar, el Gobierno reparte unos fondos en función de la población potencialmente dependiente, no del número de personas atendidas. Y eso, dice el informe, tiene el efecto perverso de que "favorece a aquellas comunidades que han dado de alta a un menor número de beneficiarios", como ha sido el caso de las comunidades de Madrid, Valencia o Canarias. O sea, que han recibido más las que peor hacían los deberes. Eso se ha corregido recientemente en parte, porque ahora el 20% de estos fondos se reparten en función de las personas que tienen reconocido el derecho a una prestación. Pero hay comunidades con muchas personas dictaminadas, pero pocas atendidas.

02 julio 2009

¿Residencias o Aparcamiento de Ancianos?

Que las residencias de la tercera edad son un negocio es algo indiscutible. Que una cosa es la fachada y otra el día a día de quienes viven dentro, también. Que las autoridades sanitarias se desentienden del trato que reciben los ancianos, desbordadas por otras prioridades, es algo que no se debería tolerar por mucho más tiempo. En Alemania ayer se puso en marcha la primera ITV de residencias de ancianos, pensada para prevenir y evitar abusos. Paralelamente ya han surgido también las primeras críticas y dudas acerca de su efectividad.

En principio se trata de poner en marcha un sistema de visitas no anunciadas a estos centros para revisar y valorar cuatro apartados concretos: cuidado y atención médica, tratamiento de los ancianos con demencia, apoyo social y desarrollo de la convivencia cotidiana y condiciones de higiene, comida y habitabilidad. Se pondrá a cada una de las diez mil residencias autorizadas en este país una nota del uno al cinco, y esas notas se colgarán en Internet de manera que cada familia interesada se pueda hacer una idea del ranking de las residencias mejores. En qué medida esas visitas sorpresa lo vayan a ser de verdad y cuánto de puntillosos sean los inspectores se constatará en las próximas semanas y meses, y no se puede descartar que surja también una cierta picaresca al respecto.

Quien tenga experiencia personal con alguna residencia de la tercera edad sabe que los ancianos, sobre todo aquellos que intelectualmente siguen en perfectas condiciones, se lamentan muy a menudo de la falta de profesionalidad de las personas que les atienden, de las condiciones higiénicas no siempre óptimas, especialmente de aquellos que no pueden abandonar el lecho o no se valen por sí mismos, de comidas que recuerdan a los cuarteles o internados de los años cincuenta y de esperas interminables cuando piden ayuda o una asistencia especial, sobre todo por la noche.

¿A quién le importa el bienestar de los abuelos?

Los expertos consultados advierten que ese sistema de ITV´s no va a redundar en que los centros mejoren su calidad de manera voluntaria: se prepararán, en todo caso, para aprobar el examen, la visita de los inspectores, y después podrán hacer lo que les venga en gana. Obtenido el certificado de calidad, seguirá el negocio en el que, a veces, lo que menos importará será la calidad de vida del anciano.

No es sencillo -emocionalmente hablando- mandar a un padre o a una madre a un centro de la tercera edad. Y a menudo se hace con muy mala conciencia. La cosa se agrava si en las visitas se detecta que la calidad deja de desear, a pesar del dinero que cuestan. La tendencia, aquí en Alemania, y creo que en la mayoría de los países europeos, es que los mayores se queden en sus domicilios el mayor tiempo posible. Pero,además, aquí en la República Federal, desde hace veinte años se están llevando a cabo otra serie de experiencias: por ejemplo, las ‘comunas’ de gente mayor. Porque el temor a la soledad es enorme y especialmente en los países que no comparten nuestras tradiciones mediterráneas. El Foro de la Vida Comunitaria ha puesto en marcha aquí cuatrocientos proyectos con personas que a partir de los sesenta años deciden vivir juntas y ayudarse mutuamente. Bien en una casa de pequeños apartamentos, bien transformando el hogar propio en una pensión en la que viven otros coetáneos que dejaron ya los cincuenta años bastante atrás.

Sea cual sea la fórmula elegida, lo que está claro es que nos encaminamos a una sociedad en la que los seniors -y no precisamente los que aparecen en los anuncios- van a ser una minoría muy notable. Según los demógrafos alemanes, ahora hay 2,3 millones de ancianos en la RFA necesitados de ayuda. En el 2050 serán 4,3 millones. Visto el panorama, se intenta desarrollar al máximo la asistencia a domicilio, y se insiste en que los profesionales de este sector no conocerán el desempleo, pero se teme que el problema desbordará todas las previsiones. La tercera edad seguirá siendo, sin duda, un gran negocio, pero probablemente en este sector el cliente nunca será el rey.