31 julio 2007
España va a ser dentro de unos años el país más viejo de Europa y del mundo
Antonio Mercero aborda el drama del Alzheimer en "¿Y tú quién eres?"
Protagonizada por Manuel Alexandre, Cristina Brondo, José Luis López Vázquez y Álvaro de Luna, ¿Y tú quién eres? cuenta la historia de los Rivero, una familia que se va de vacaciones, dejando en Madrid a su hija Ana que esta opositando (Cristina Brondo) y al abuelo Ricardo (Manuel Alexandre). Ricardo es acomodado en una residencia durante ese periodo. En la residencia, Ricardo, conocerá a Andrés (José Luis López Vázquez), su compañero de habitación y nuevo amigo. Juntos recordarán vivencias de la juventud, llegándose a producir episodios tiernos y divertidos. Durante el transcurso del verano el mal de Alzheimer acecha a Ricardo.
¿Y tú quién eres? es una película alegre, tierna, emocionante y real, contada sin engaños ni mentiras, con la intención de hacer un verdadero homenaje a las personas que cuidan y a aquellos que necesitan su ayuda.
Ha sido dirigida por Antonio Mercero y producida por Mono Films, en co-producción con Irusoin y Buena Vista Internacional.
30 julio 2007
Gobierto y sindicatos negocian un nuevo marco legal de empleadas de hogar
La reforma será paralela a la de su integración en el régimen general de la Seguridad Social y su entrada en vigor está prevista para 2008.
No tienen derecho a cobrar el paro; sólo les conceden un día de descanso a la semana; si enferman o se quedan embarazadas, algunos jefes las despiden de manera fulminante, y el régimen general de trabajo, del que ahora no forman parte, les niega la posibilidad de una jubilación anticipada. Es el panorama laboral al que se enfrentan a diario las más de 13,000 empleadas del hogar, que según fuentes sindicales, podrían subsistir en Asturias en la economía sumergida.
El régimen especial que cobija a estas personas ni siquiera obliga a la existencia de un contrato en condiciones. Casi siempre la relación se establece de forma verbal; por eso, muchas mujeres no están dadas de alta en la Seguridad Social.
Las que sí lo están, algo más de 6.000, es porque trabajan para varios empleadores. En la mayoría de los casos se pagan ellas mismas la Seguridad Social: 146 euros de media al mes, a pesar de que los sueldos van sólo de 300 a 800 euros.Si todo marcha según lo previsto, a partir del próximo año las cerca de 800.000 personas que trabajan en España en tareas del hogar verán mejorados radicalmente sus derechos laborales. La vía para hacerlo será doble. La regulación por una norma específica de la contratación laboral y la integración de su régimen especial en el General de la Seguridad Social, un proceso que podría durar ocho años. Derecho al paro, contrato por escrito, mayores indemnizaciones en caso por despido, cotizaciones a la Seguridad social más justas y posibilidad de jubilación anticipada son algunos de los capítulos que el Gobierno se propone abordar para este colectivo de trabajadoras, que en dos tercios de los casos se mantiene en la economía sumergida, según reflejan las estimaciones de la Encuesta de Población Activa (EPA) y las cifras de afiliación a la Seguridad Social.
La Seguridad Social contabiliza en Asturias, al cierre del pasado mes de junio, 6.057 cotizantes en el régimen especial de empleadas del hogar, una actividad desarrollada casi al 100% por mujeres. En España figuran en el registro algo menos de 300.000 cotizantes.
El Ejecutivo de Zapatero aborda así, dentro del diálogo social, la mejora de derechos de un importante colectivo -no sólo por su número, sino también por sus funciones insustituibles- después de haber encarrilado, con el estatuto del trabajador autónomo, la situación jurídica de otro de los regímenes históricamente marginado.La confluencia del régimen especial de trabajadores de hogar con el general fue pactada con los agentes sociales en el acuerdo de reforma de la Seguridad Social que se tramita en el Congreso. Ahora negocian el contenido del decreto que regulará esos cambios y otro sobre contratación, que debido a las características de esta ocupación tendrá una regulación particular inmediata.
Aunque aún están por acordar los plazos y los detalles de la reforma, el Gobierno ya ha dejado patente en varias ocasiones por dónde quiere que discurran los cambios en el sistema. El primero de todos será probablemente el incremento de la cotización a la seguridad Social, ya que el pago actual -146 euros al mes- será considerado mínimo y crecerá en función de la retribución. Como todo los años, esta cifra es actualizada y es previsible que a principios de enero se incremente en cinco euros al mes.Los empleados de hogar deberán realizar su contrato de trabajo por escrito, cuando hasta ahora era verbal, lo que dará a los trabajadores mayores garantías jurídicas, en opinión de Herminia Canillas, responsable del sector de la limpieza de UGT en Asturias.
Además, deberán disfrutar, en buena lógica, del seguro de paro, y la indemnización por despido pasará a ser de 20 días por año trabajado frente a los siete días actuales.La posibilidad de jubilarse anticipadamente, hasta ahora no reconocía a este colectivo, y la mejora de las condiciones en que perciben la baja por enfermedad -en la actualidad a partir del vigésimo noveno día- deberían también homologarse con las del régimen general, señala Canillas, tras recordar que la norma estaba en estudio desde 1984.
Horas extraordinarias
La jornada laboral máxima será, como la del resto de asalariados, de 40 horas semanales. Las que rebasen esta cifra deberán pagarse como extraordinarias y cotizar a la Seguridad Social. Además, mejorará la forma de disfrutar las vacaciones, que deberán conocerse con dos meses de antelación y podrán tomarse seguidas.
Otra novedad importante será la posibilidad de que las empleadas de hogar puedan ser contratadas por las empresas, además de por los particulares. La medida abre la puerta a la legalización de una serie de compañías que se dedican desde hace muchos años a este mercado en condiciones de semilegalidad. El Gobierno ha anunciado que potenciará la creación de cooperativas para dar cobertura al trabajo por horas que demandan los hogares, ya que de esta forma se garantizaría la prestación del servicio en caso de enfermedad de las trabajadoras.
Los sindicatos alertan no obstante sobre la necesidad de otros cambios y riesgos. Así, indica que debería regularse la situación de las interinas, que suelen estar disponibles las 24 horas del día y a las que se puede descontar el 45% de su salario -el mínimo interprofesional, 570,6 euros al mes- por alojamiento y manutención. También alerta de que un excesivo aumento de las cuotas podría elevar los casos de economía sumergida y recomienda fórmulas burocráticas que no sean costosas, ni en dinero ni en trámites, para el empleador.
Caída de afiliación
La afiliación a la Seguridad Social de las Empleadas de hogar está cayendo en picado durante el último año, como consecuencia del cambio a un empleo mejor, que conlleva cambio de régimen, de trabajadoras extranjeras que accedieron al permiso de residencia y de trabajo por esta vía, con motivo de la regularización de 2005. En la actualidad, las cotizantes son 277.000, de las que 161.000 son extranjeras. Hace un año, en mayo de 2006, estas cifras eran de 350.000 y 238.000 respectivamente. La Encuesta de Población Activa, en cambio, estimaba que en el primer trimestre del año había en España 764.000 trabajadores en actividades de los hogares, la cifra más alta conocida hasta ahora, junto con la del último trimestre de 2006.
La complejidad de la integración en el régimen general obligará a prolongarla durante un período transitorio de ocho años y a concretarla en futuros decretos. Pero debería erradicar por sí misma abusos que se han perpetuado, provocando, por ejemplo, que la mitad de las empleadas del servicio doméstico jubiladas precise de los llamados 'complementos mínimos' para redondear su exigua pensión, al no haber cotizado el tiempo suficiente. La reforma pretende aligerar una gran bolsa de economía sumergida, que actúa como un indeseado imán para los inmigrantes ilegales, y también regular el creciente nicho de empleo de atención a domicilio de las personas dependientes.
La eficacia de la nueva normativa dependerá de cómo asimilen las economías familiares la obligatoriedad de establecer unos lazos contractuales que equipararán los derechos de sus empleadas a los del resto de trabajadores. Lo que conllevará, a su vez, una previsible subida de las cotizaciones mensuales, de las que el empleador abona ahora 121,82 euros y el contratado, 24,63. La reforma vendría así a trastocar un sector que ha resultado fundamental para el progreso económico y social, ya que es indispensable para que millones de mujeres puedan compatibilizar su vida laboral y familiar.
12 julio 2007
Miles de empleadas de hogar trabajan en la economía sumergida
10 julio 2007
Instan a la Comunidad a aplicar la Ley de Dependencia
Hacia un diagnóstico más precoz del mal de Alzheimer
El mal de Alzheimer podría ser diagnosticado de forma más precoz, antes de la aparición de la demencia, con el cruce de varios criterios como exámenes de memoria y biológicos, afirma un equipo internacional de neurólogos en el semanario The Lancet Neurology.
Hacienda ve compatible rebaja fiscal con gastos sociales como Ley Dependencia
05 julio 2007
Ley de Dependencia: Los socialistas recomiendan guardar las facturas por los servicios prestados
Dado que el sistema configurado por la Ley de Dependencia es de garantía de derechos, la parlamentaria socialista aconsejó a todas las personas afectadas que se encuentren dentro de la fase de aplicación de la Ley (en 2007 le toca el turno a los grandes discapacitados) que conserven los recibos pagados a partir del día siguiente a la solicitud de reconocimiento. "Después las podrán repercutir a la administración competente", aclaró.
Celaá intentó visualizar el trabajo que el Estado ha realizado hasta ahora en favor del desarrollo de la Ley de Dependencia en Euskadi. Así, recordó que el Gobierno central asignó al País Vasco durante el año 2006 un total de 8,7 millones de euros para inversiones. De este dinero, 1,1 millones se destinaron a la construcción del centro residencial para personas con discapacidad de Basauri; 800.000 euros para construcción y equipamiento del centro de día de Santutxu y 444.000 para el centro de día de Abanto. "Hasta ahora, ni siquiera se ha hecho mención a la importante contribución del Estado a estos centros", se quejó.
De la misma forma, mostró su preocupación por el hecho de que la financiación procedente del Estado pueda utilizarse para "incrementar el superávit" de las haciendas forales, en lugar de invertirla en el sistema vasco "al que le queda mucho, todavía, por hacer en términos de calidad".
Como colofón, aseguró que su partido no está en condiciones de afirmar que todos los ciudadanos que sufren una gran dependencia estén siendo ya atendidos, tal y como estipula la Ley y ello "a pesar de la cobertura suficiente de servicios de los que disponemos". El PSE presentará tanto en el Parlamento como en las juntas generales de los tres territorios iniciativas a partir del próximo mes de septiembre (cuando se reabre el nuevo periodo de sesiones) para mejorar la aplicación de la Ley de Dependencia.
Desconcierto en la Administración ante los 2.500 euros por hijo anunciados por Zapatero
La expectación despertada por la nueva medida ha sido tal que cuando apenas había pasado una hora desde el discurso de Zapatero desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales relataban que habían recibido "infinitas llamadas".
La cascada de padres que se interesan por la prestación ha sido notable también en el teléfono de la Administración General del Estado de Atención al Ciudadano 060. Desde el martes, el departamento de 'Ayudas, becas y subvenciones' comunica con frecuencia y sus teleoperadores destacan que están recibiendo "muchas, muchas llamadas" sobre el tema.
Sin embargo, admiten que "todavía no se sabe nada" ya que los 2.500 euros por hijo son "un simple anuncio". "Hay que esperar a que el Real Decreto se apruebe en el Consejo de Ministros, que se tramite y que salga publicado en el BOE", explican, y piden que se llame al mismo número "la semana que viene, después de la celebración el próximo viernes del Consejo de Ministros".
Los empleados del 060 confiesan, ante la insistencia de los padres, que disponen de la misma información que ellos. Esto es, la que sale publicada en los medios de comunicación.
Razón tienen, pues poco antes de que en este servicio público se diese por bueno que el Real Decreto sería aprobado el próximo viernes, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, afirmaba en declaraciones a la Cadena Ser que el Gobierno lo firmaría "seguramente" la semana que viene.
'Ni idea de cómo se va a desarrollar'
Hasta entonces, son muy dudosos los detalles de las nuevas ayudas, tal y como se reconoce desde la Dirección General de las Familias y la Infancia, dependiente de Asuntos Sociales. En respuesta a las preguntas de una futura madre, una trabajadora del departamento afirma que no tiene "ni idea de cómo se va a desarrollar".
Por ejemplo, la fecha de nacimiento a partir de la cual se podrán beneficiar los niños ha dado lugar a versiones contradictorias que ninguno de los teléfonos ya citados da por buenas. Sin embargo, Jesús Caldera afirmaba un día después del anuncio que "se aplicará desde el día de ayer".
Tanto en la Dirección General de las Familias y la Infancia como en el 060 se cree que la medida tendrá un carácter universal y que por lo tanto se aplicará a todas las familias, coticen o no. Y sobre el procedimiento, aseguran que será "como los 100 euros que ya se pagan".
En este sentido, Caldera explicó ante los periodistas en el Congreso que el sistema para la ayuda será "ágil", de tal forma que las familias con residencia legal dispongan de ella en un pago único y "muy pocos días" después del alumbramiento o la adopción, por transferencia bancaria o cheque, informa Efe.
En cualquier caso, antes de equivocarse en todos estos servicios animan a los padres a esperar. "¿Cuándo puedo volver a llamar?", preguntan muchos padres. "La semana que viene va a ser un poco pronto", afirman en Asuntos Sociales, "es probable que hasta pasado el verano no vaya a pasar nada", aseguran. Así las cosas, toca esperar. Con un poco de suerte pasarán menos de nueve meses hasta que se pueda cobrar.
Los mayores reclaman a las comunidades coordinación para la Ley de Dependencia
La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) y Edad & Vida presentaron ayer en Madrid el documento 'La implantación y la gestión del sistema de atención a las personas con dependencia: las necesidades de los ciudadanos'. En él realizan a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos diversas advertencias que el colectivo entiende como necesarias en la aplicación de la citada ley, aprobada recientemente.
Entre ellas, el establecimiento de unos criterios mínimos consensuados que aseguren la igualdad de trato de los ciudadanos dependientes en todo el territorio (el 9% de la población, del cual cerca de 1.800.000 son mayores de 65 años). Según Paca Tricio, directora gerente de UPD, 'el Gobierno ha hecho los deberes, con la implantación de la ley, pero ahora son las comunidades las que tienen que resolver esto de una manera que haga que el ciudadano no se vuelva loco'.
Por otro lado, consideran que también deben resolverse problemas como la falta de información al respecto y prestar una especial atención a que no sea el ciudadano el que tenga que pagar las consecuencias de una falta de financiación (por parte del Gobierno central y de los autonómicos). Si bien, tanto Andalucía como la Comunidad Valenciana han respondido con prontitud a las solicitudes realizadas por el Gobierno central, con la creación de equipos de valoración, la tónica general 'es más bien la despreocupación', según denuncia el colectivo. Y no debería ser así, a su juicio, sobre todo, teniendo en cuenta que las asociaciones representan casi el 18% de los votantes.
Los dependientes tendrán que poner dinero de su bolsillo para acceder a las prestaciones. Las asociaciones de mayores creen que este copago sería 'excesivo' a partir de un 30%, por lo que han solicitado que se fije un límite máximo para todo el territorio.
02 julio 2007
Unas 800.000 empleadas de hogar serán incluidas en la Seguridad Social
- Derecho al paro,
- contrato por escrito,
- mayores indemnizaciones por despido,
- cotizaciones a la Seguridad Social más justas, y
- posibilidad de jubilación anticipada
Son algunos de los capítulos que el Gobierno se propone abordar para este colectivo de trabajadoras, que en dos tercios de los casos se mantiene en la economía sumergida, según reflejan las estimaciones de la Encuesta de Población Activa (EPA) y las cifras de afiliación a la Seguridad Social.
El Ejecutivo de Zapatero aborda así, dentro del diálogo social, la mejora derechos de un importante colectivo -no sólo por su número, sino también por sus funciones insustituibles- después de haber encarrilado, con el estatuto del trabajador autónomo, la situación jurídica de otro de los regímenes históricamente marginado.
La confluencia del régimen especial de trabajadores de hogar con el general fue pactada con los agentes sociales en la reforma de la Seguridad Social que se tramita en el Congreso. Ahora negocian el contenido del decreto para esos cambios.