Es muy sencillo (de verdad, realmente sencillo) y son muchos los niños que no tienen nada, a los que vamos a ayudar.
La iniciativa es la siguiente: Cualquiera de nosotros (no, cualquiera no, todo el que reciba este email, por favor) debe coger una simple caja de zapatos, envolverla con papel de regalo a modo de caja de regalos, de forma que tenga la apariencia de un paquete de Navidad... ¿Sencillo verdad?
Bien. Dentro depositáis un juguete (Cualquier juguete... no importa su coste, ni si está usado o si ya no lo quiere nuestro hijo o nuestro sobrino... Es para niños que no tienen nada, imaginaos si es importante...)
Vale cualquier cosa que le pueda gustar a un niño en Navidad, de verdad: Una pelota; caramelos; algún peluche... cualquier cosa. Un regalo para un niño que no tiene juguetes..
Posiblemente no tendrá padres... y no digamos Navidad ni regalos.
Bien. Pues cerráis esa caja con ese regalo y fuera ponéis si el regalo interior es para un "niño"o una "niña"y la edad aproximadaa la que corresponde lo que habéis introducido. Así sabrán a quien entregar el paquete sin necesidad de abrirlo.
Y lleváis esa caja a cualquier tienda IMAGINARIUM de cualquier centro comercial o calle de vuestra ciudad
DEL 1 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2009 (sábado).
¿Y sabéis qué hacen estas fundaciones?... Llevarán esas cajas con esos regalos a niños sin padres o sin recursos, para que estas Navidades TODOS TENGAN UN JUGUETE Y DESCUBRAN QUE EXISTE PAPÁ NOËL.
Podéis consultar toda la información en la web de Antena 3, o en
NIÑOS QUE NO TIENEN NIÑEZ, NI FAMILIA, NI RECURSOS.
Es mucho lo que podemos hacer con un poquito de nuestro tiempo. Espero que este mensaje te inspire a participar en esta iniciativa directa sobre el colectivo más desfavorecido del mundo en tiempos de crisis: LOS NIÑOS.
Rápido, pero en la dirección equivocada. Así parece que se ha corrido en estos casi tres años de aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Sobre todo, para algunos sectores como el residencial, que se las prometían muy felices y que ahora se ven abocados al cierre de centros.
Para el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (Fead), Alejandro Echevarría, el balance es "completamente negativo". En su opinión, la ley "se puso en marcha sin recursos, ni sostenibilidad económica y, por esta falta financiera, se está convirtiendo en una ley de subvenciones".
Y es que de las 672.000 ayudas reconocidas hasta la fecha, más de la mitad (el 51,36 por ciento) son para cuidados familiares en el domicilio del beneficiario, mucho más baratas que sufragar el coste de una residencia o apostar por la figura del cuidador profesional.
Convenio especial
Si en un principio se previó alcanzar los 15.000 cuidadores informales, en la actualidad, hay más de 240.000, de los que sólo 80.000 están dados de alta en la Seguridad Social. Esta paguita de la dependencia a la que aludió el ex ministro de Trabajo, Jesús Caldera, la cobran los jubilados y, además, no genera empleo.
Incluso se están concediendo altas laborales mediante el convenio especial previsto para los familiares a empleadas del hogar en "un claro fraude de ley", como ha reconocido el propio Imserso.
Plazas vacías
El resultado hasta ahora es una bomba de relojería para el sector residencial. Las plazas vacías entre estas empresas son un 8 por ciento más que cuando entró en vigor la ley, porque se está sacando a personas mayores de las residencias. En total, hay 60.000 camas menos de las 150.000 plazas existentes, y se han cerrado 1.000 centros en los últimos dos años, debido en buena parte al retraso de los pagos de los convenios firmados por las comunidades autónomas "que están poniendo al borde de la quiebra al sector", asegura Alejandro Echevarría.Lo peor es que la deriva de la ley está comprometiendo la calidad de la prestación al ser los propios jubilados o personas sin experiencia quienes asumen el cuidado de grandes dependientes y dependientes severos. En opinión del diputado de CiU, Carles Campuzano, "estamos gastando mucho dinero sin garantizar la calidad en los servicios".
Porque no hay que olvidar que, al final, se trata de "un mayor cuidando de otro mayor", recuerda el presidente de la Fead, que representa a un total de 14 patronales autonómicas, con 150.000 plazas residenciales, 28.000 plazas en centros de día, 230.000 beneficiarios de ayuda a domicilio y 315.000 usuarios de teleasistencia.
198 euros al mes
La partida de 1.598 millones de euros consignada en los Presupuestos de 2010 para dependencia es "insuficiente", según la diputada popular, Lourdes Méndez. Apenas suponen 198 euros al mes por cada una de las 672.000 personas que tienen reconocido el derecho, cuando el coste medio mensual de una plaza en una residencia es de 1.800 euros. Además la subida en un punto del IVA reducido que se aplicará a partir de mayo al sector residencial tampoco ayudará a enderezar la situación. Los usuarios tendrán que desembolsar 70 millones de euros más, 105 euros al año para los dependientes, "la misma cantidad que van a recibir por la subida de sus pensiones", denuncia Echevarría, que cifra el coste para el sector en más de 210 millones de euros.
Es un diagnóstico que también comparte el grupo de expertos que ha evaluado la aplicación de la Ley. En el informe presentado en el Congreso de los Diputados el 21 de octubre se constatan, entre otros desvíos, la desigualdad en la cartera autonómica de servicios, el sesgo hacia la concesión de prestaciones económicas que la propia norma considera excepcionales y la falta de sostenibilidad financiera del nuevo sistema de protección social a largo plazo.
El Gobierno, en cambio, pide tiempo y presenta el millón de solicitudes presentadas como aval de la ley, si bien reconoce la necesidad de ajustes para asignar con más precisión el tipo de servicio que necesita el dependiente, si una plaza residencial, un centro de día o una ayuda domiciliaria.
Fuente: eleconomista.es

La patronal calcula que hay un 60% de plazas libres - El servicio es poco demandado por inflexible, desconocido y por cuestión de mentalidad.
Los centros de día, que se perfilaron como un servicio "fundamental" para implantar la Ley de Dependencia, se han quedado, sin embargo, como una prestación minoritaria. La patronal calcula que cerca de un 60% de las plazas están libres. Es la que menos se utiliza de todas las previstas en el catálogo de ayudas de la ley, por debajo de los geriátricos, la ayuda a domicilio, la teleasistencia o la muy recurrida prestación económica al cuidador familiar. Esta última, por cierto, es la más utilizada, cuando debería ser un recurso excepcional. Pero le sale barata y cómoda a las Administraciones. Y los ciudadanos también la demandan más.
Las personas de edad prefieren estar en casa, cuidadas por la familia
Algunas regiones sólo dan una ayuda: domiciliaria o institucional
Con las miles de mujeres que están hipotecando sus vidas al cuidado de ancianos, sin vacaciones ni apenas días de descanso, que un servicio como éste no llene sus plazas es algo insólito. Alberto Echevarría, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), cree que los ciudadanos no eligen este servicio por una cuestión de mentalidad. Prefieren estar en sus casas, al cuidado de sus hijos. "No creo que sea culpa de la Administración, simplemente es que las personas no lo demandan, pese a ser una de las mejores opciones", dice.
En esos establecimientos es donde el anciano pasa unas horas mientras sus familiares trabajan (como si se tratara de una guardería infantil) o donde está asistido si carece de ellos pero aún goza de autonomía para dormir en casa. Está considerado como un servicio que retrasa la dependencia total, y, por tanto, el ingreso en una residencia. Y, si el centro está bien dotado, el anciano encontrará compañía, rehabilitación, atención psicológica, peluquería, podología. Y los familiares, unas horas de respiro.
Pueblos pequeños
Que sobren plazas es algo sorprendente. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad y Política Social, de 2008, hablan de la existencia de 63.446 plazas en centros de día que darían cobertura al 0,83% de la población mayor de 65 años, el doble que en 2004. A pesar de esas endebles cifras, hay plazas vacantes. "Es por desconocimiento, sobre todo en los pueblos pequeños. Es un servicio muy reciente en algunas autonomías, como en Galicia, y la gente no lo conoce", afirma Eladio de Vicente, trabajador social en el concello de Vilalba (Lugo).
El servicio, efectivamente, no estaba muy extendido hace unos años, y era más común en ámbitos urbanos. Para llegar a ellos había que recorrer no cortas distancias, aunque el transporte está incorporado. Ahora empiezan a instalarse en pueblos más pequeños, cabeceras de comarca, y De Vicente opina que "el boca a boca irá extendiendo" las bondades de este servicio, una de cuyas ventajas es que no separa a la persona de su entorno, sus casas, la familia. "Los que han aceptado ir a un centro de día están encantados, nadie renuncia a ellos", dice el trabajador social.
El Gobierno asturiano ha puesto en marcha una campaña de información para dar a conocer estos centros y los servicios que prestan. Se repartirán 7.000 folletos en festejos para mayores, centros sanitarios, asociaciones. Asturias tiene tres centros de día construidos, pero no los ha abierto porque la demanda está parada. En los que están funcionando aún hay casi 200 plazas libres de las 1.085 que tienen. Es sólo un ejemplo de lo que ocurre en toda España, excepción hecha de las dos grandes capitales, Madrid y Barcelona. El Libro Blanco que se redactó como una enorme radiografía de los servicios sociales en España antes de la Ley de Dependencia recogía la necesidad de "incrementar el número de centros de día" y de "combinarlos con otros servicios domiciliarios". Pero he aquí el segundo inconveniente, que está alejando a los usuarios de este servicio: la imposibilidad en algunas comunidades, como la Valenciana, de sumar a un centro de día la ayuda a domicilio. Si el anciano no dispone de apoyo familiar de ninguna clase, quién lo asea cada mañana antes de montar en el autobús para ir al centro; quién se encarga de acostarlo y quién se cuida de que todo vaya bien en las horas que pasa en casa.
En la comarca valenciana de la Ribera Alta conocen bien este problema. Una trabajadora social que no quiere dar su nombre cree que esta incompatibilidad con la ayuda a domicilio no permite a muchos ciudadanos optar por el centro de día. "De todas formas, a la comunidad tampoco le interesa, están prescribiendo mayoritariamente la paguita para el cuidador familiar, que les sale más barato. Ni siquiera la ayuda a domicilio es cómoda para los ancianos, porque no llega directamente del ayuntamiento, sino que tienen que negociarla con empresas privadas, y todas esas trabas burocráticas les abocan a la prestación económica para el familiar cuidador", afirma.
En Logroño no ocurre eso (ni en muchas otras comunidades). Allí la ayuda a domicilio es compatible con un centro de día. A pesar de ello, sobran plazas, explica la trabajadora social Ana Campos. Cree que los horarios pueden ser una de las causas: "El límite de estancia en un centro es de unas siete horas, justo la jornada de cualquier trabajador. Si además tienes que hacer la compra, acompañar a tus hijos, el horario se queda muy corto. Hay que flexibilizar eso".
Y menciona otro escollo (ninguno de ellos son sólo propios de La Rioja): "Tienen derecho a transporte, pero si viven en el casco antiguo y hay escaleras en lugar de ascensor, ya no podrán optar por este servicio".
La crisis ha podido influir también en las preferencias de los usuarios a la hora de pedir una ayuda por dependencia: la paga al cuidador familiar "siempre es un ingresito más". "Pero las cuidadoras están sobrecargadas y van a tener una dependencia prematura ellas mismas".
La nueva ordenanza de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid ofrecerá ayuda a las personas "que no estén protegidas por ningún otro sistema de protección social" y garantizará " la igualdad mediante un procedimiento único de concesión de estos servicios para todos los ciudadanos, con independencia del distrito donde residan".
Así lo aseveró hoy la coordinadora general de Protección Social e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Dávila, en la comisión ordinaria del ramo, donde añadió que se establecerá un baremo de valoración que permitirá identificar las necesidades o carencias de las personas que soliciten los servicios municipales.
También se atenderán las situaciones de urgencia de forma inmediata dentro de una ordenanza de la que dijo que conllevará "el fortalecimiento de los servicios sociales municipales ya que con ella el Ayuntamiento de Madrid garantiza para el futuro los altos niveles de protección que ofrecen en la actualidad los servicios sociales municipales". La norma tiene que ser aprobada ahora por el Pleno.
Estos argumentos no fueron suficientes para la portavoz de IU de Familia, Milagros Hernández, que denunció hoy que en el nuevo texto prevalecen "los recursos presupuestarios a las necesidades sociales" y limita "la universalidad de los derechos de los menores, las familias en dificultades y los extranjeros".
PASO ATRÁS Y REDUCCIÓN DE HORAS
La nueva ordenanza municipal, que regulará buena parte de la atención social de la ciudad, desde el servicio de ayuda a domicilio, los centros de DIA y los apartamentos y residencias municipales, supone para IU "un paso atrás que perjudicará de manera notable la calidad de vida de los colectivos más vulnerables" porque "ni es el momento de redactarla ni, en ningún caso, es la ordenanza que necesita una ciudad con tantas necesidades sociales como Madrid".
La edil recordó que el nuevo texto coincide con la implantación de la Ley de Dependencia que se encuentra en un proceso aún no concluido en las autonomías y que en la Comunidad de Madrid "está siendo un auténtico desastre". En este escenario, Milagros Hernández abogó por "un convenio entre el Ayuntamiento y el Gobierno regional que acuerde el traspaso a los Servicios Sociales Generales de la financiación del sistema de dependencia.
IU criticó asimismo que entre las novedades de la nueva ordenanza se estipula la reducción de las horas de ayuda a domicilio a ancianos. De este modo podrán quedará reducidas "hasta a cinco al mes" las destinadas a mayores que residan en los apartamentos tutelados por el Ayuntamiento.
Por su parte, la coordinadora general de Protección Social e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Dávila, destacó que en los últimos años el Ayuntamiento de Madrid ha llevado a cabo un importante incremento en el número de Centros de Servicios Sociales, pasando de 26 a 31, un incremento del 83 por ciento del número de profesionales, de 325 a 595, y una mejora de los recursos materiales dedicados a estos servicios, dando paso a los 207 millones de euros de los 61 anteriores.
También detalló algunas de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular a la nueva ordenanza, como la relativa a evitar la extinción del servicio por ausencia del beneficiario durante un periodo superior a tres meses si se debe a causas de carácter sanitario y la posibilidad de prestar estos servicios a personas que hubieran sido reconocidas como dependientes por la Comunidad de Madrid a través de los convenios que se suscriban entre ambas administraciones.
Fuente: adn.es
En España, hay más de 460.000 mayores de 65 años con problemas de audición MADRID, 8 (SERVIMEDIA)
El Plan Avanza del Ministerio de industria, Turismo y Comercio está trabajando en un programa de teleasistencia para personas mayores sordas que pretende solucionar los problemas de comunicación que tiene esta parte de la población con los sistemas convencionales de asistencia remota.
El proyecto, denominado Telpes (Teleasistencia para personas sordas), se ha presentado dentro del curso de verano de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) "El Hogar Digital Accesible para Personas Discapacitadas", dirigido por el profesor Miguel Ángel Valero.
Además de la UPM, participan en el proyecto Cruz Roja, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y la Fundación Vodafone.
Según explicó a Servimedia Valero, Telpes, evaluado durante un mes por diez personas mayores sordas, integra luces, vibraciones y sistemas de videollamada y de videointerpretación con lengua de signos, con lo que permite a los ancianos con problemas graves de audición beneficiarse de la teleasistencia, como lo hace el resto de la población a la que va dirigido el servicio.
La iniciativa, desarrollada ya en sus tres cuartas partes, explicó Valero, pretende "resolver el problema de la teleasistencia inaccesible" a las personas mayores sordas, que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) son un total de 463.990, aunque no todas precisarán de este servicio por no vivir solas.
Para ello, el usuario dispone de una unidad de videollamada conectada a la televisión que le permite comunicarse con las personas de Cruz Roja a través de lengua de signos, si la conoce, imágenes y pictogramas sencillos diseñados para tal efecto.
Para terminar de probar y evaluar este sistema, un total de 30 personas de Madrid, Valladolid, Zaragoza y Valencia lo utilizarán el próximo mes de septiembre y, si todo va bien, la idea "es que forme parte de la teleasistencia real", concluyó Valero.
Fuente: economista.es
Un documento recomienda llevar ante el juez a algunas comunidades - El estudio plantea dudas sobre los fondos que dedican a las personas dependientes.
El Gobierno conocía las "desviaciones" que se estaban produciendo en varias comunidades al aplicar la Ley de Dependencia, pero se ha limitado a enviar algunas cartas, "renunciando a emprender la vía del recurso jurisdiccional" para corregirlas. Un informe encargado por el propio Gobierno para evaluar algunos aspectos del funcionamiento de esta ley afirma que la Administración central "debería ejercer su potestad" y acudir a los tribunales en caso de "flagrante incumplimiento por parte de las comunidades autónomas" de la ley.
Conceder ayudas económicas es más rentable para las Administraciones
Se ha incluido entre los beneficiarios a ciudadanos que no lo habían solicitado
El informe de la Agencia de Evaluación y Calidad, al que ha tenido acceso este periódico, afirma que ni siquiera "hay constancia de que se hayan entablado discusiones de carácter bilateral" con las comunidades para que realicen "los ajustes normativos correspondientes".
Que algunas comunidades estaban actuando al margen de la ley en la gestión de la dependencia era por todos conocido, y lo han denunciado los medios de comunicación y algunos colectivos en numerosas ocasiones. Pero han tenido que ser los propios ciudadanos, en algunos casos después de meses de total desamparo, los que se han organizado para acudir a los tribunales a denunciar. O el propio Defensor del Pueblo, que también lo ha hecho. Es política prioritaria del actual Ministerio de Sanidad y Política Social, como de los anteriores, no incomodar a las comunidades en aras del consenso.
El Estado es el garante de la igualdad de todos los españoles al ejercer sus derechos, pero en este caso no ha actuado como tal. Hay comunidades que han redactado una normativa (silencio negativo) para alargar los plazos, ya de por sí extensos, que debían pasar los ciudadanos dependientes para obtener una ayuda. Así lo han hecho en la Comunidad Valenciana y en la de Madrid, por ejemplo. Hay otras dos autonomías y una diputación foral en las que se ha utilizado un baremo propio para determinar el grado de dependencia de algunos solicitantes, haciendo caso omiso de la existencia de un baremo único para todas. En algunas regiones se han incluido de oficio en las listas de la dependencia a ciudadanos que no lo habían solicitado. El Imserso sólo envió cartas a estas comunidades.
La realización de este informe por parte de la Agencia de Evaluación (que ahora depende de la vicepresidencia) fue aprobado por Consejo de Ministros, siendo la voluntad del Gobierno la total "transparencia". Sin embargo, seis meses después de concluido, aún no se ha hecho público.
Algunas de las críticas que en él se recogen se han ido corrigiendo en ese tiempo. Por ejemplo, ya no se puede inscribir a personas dependientes, aunque estén atendidas en geriátricos, si no lo han solicitado ellas mismas o sus familiares.
Las comunidades tienen que dedicar el mismo dinero que el Gobierno a la Ley de Dependencia, pero el informe plantea dudas sobre las aportaciones que están haciendo al sistema y sobre cómo se está utilizando el dinero que el Gobierno les da para financiar la ley. "No es posible identificar en los presupuestos las dotaciones que dedica cada comunidad a la Ley de Dependencia", se afirma. Las dos vías de financiación del Gobierno plantean inconvenientes. Por un lado, el Ejecutivo da a las comunidades una cuantía fija por cada persona en función de su grado de dependencia sin tener en cuenta el coste del servicio. Por eso, las comunidades cada vez conceden más ayudas, que le salen "financieramente más favorables" que una plaza en un geriátrico, por ejemplo. La ley deja bien claro que las ayudas económicas deben darse sólo en casos excepcionales.
Además, si son grandes dependientes, la comunidad recibirá más dinero que si son dependientes moderados. "Esto puede suponer un incentivo para que las comunidades reconozcan dependientes en grado superior, obteniendo, de ese modo, mayores recursos" del Estado.
En segundo lugar, el Gobierno reparte unos fondos en función de la población potencialmente dependiente, no del número de personas atendidas. Y eso, dice el informe, tiene el efecto perverso de que "favorece a aquellas comunidades que han dado de alta a un menor número de beneficiarios", como ha sido el caso de las comunidades de Madrid, Valencia o Canarias. O sea, que han recibido más las que peor hacían los deberes. Eso se ha corregido recientemente en parte, porque ahora el 20% de estos fondos se reparten en función de las personas que tienen reconocido el derecho a una prestación. Pero hay comunidades con muchas personas dictaminadas, pero pocas atendidas.
Que las residencias de la tercera edad son un negocio es algo indiscutible. Que una cosa es la fachada y otra el día a día de quienes viven dentro, también. Que las autoridades sanitarias se desentienden del trato que reciben los ancianos, desbordadas por otras prioridades, es algo que no se debería tolerar por mucho más tiempo. En Alemania ayer se puso en marcha
En principio se trata de poner en marcha un sistema de visitas no anunciadas a estos centros para revisar y valorar cuatro apartados concretos: cuidado y atención médica, tratamiento de los ancianos con demencia, apoyo social y desarrollo de la convivencia cotidiana y condiciones de higiene, comida y habitabilidad. Se pondrá a cada una de las diez mil residencias autorizadas en este país una nota del uno al cinco, y esas notas se colgarán en Internet de manera que cada familia interesada se pueda hacer una idea del ranking de las residencias mejores. En qué medida esas visitas sorpresa lo vayan a ser de verdad y cuánto de puntillosos sean los inspectores se constatará en las próximas semanas y meses, y no se puede descartar que surja también una cierta picaresca al respecto.

¿A quién le importa el bienestar de los abuelos?
Los expertos consultados advierten que ese sistema de ITV´s no va a redundar en que los centros mejoren su calidad de manera voluntaria: se prepararán, en todo caso, para aprobar el examen, la visita de los inspectores, y después podrán hacer lo que les venga en gana. Obtenido el certificado de calidad, seguirá el negocio en el que, a veces, lo que menos importará será la calidad de vida del anciano.
No es sencillo -emocionalmente hablando- mandar a un padre o a una madre a un centro de la tercera edad. Y a menudo se hace con muy mala conciencia. La cosa se agrava si en las visitas se detecta que la calidad deja de desear, a pesar del dinero que cuestan. La tendencia, aquí en Alemania, y creo que en la mayoría de los países europeos, es que los mayores se queden en sus domicilios el mayor tiempo posible. Pero,además, aquí en
Sea cual sea la fórmula elegida, lo que está claro es que nos encaminamos a una sociedad en la que los seniors -y no precisamente los que aparecen en los anuncios- van a ser una minoría muy notable. Según los demógrafos alemanes, ahora hay 2,3 millones de ancianos en
Fuente: elconfidencial.com
Bailoterapia, Gimnasia, Ofimática, Escritura Creativa, Corte y Confección, Manualidades, Inglés Básico e Internet configuran nuestra propuesta para este verano, a un precio simbólico de 5 euros por taller. Los interesados en estas temáticas tendrán desde el 22 al 26 de junio para inscribirse, en el Centro de Mayores Reina Sofía (C/ Infanta Mercedes, 26), de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h..
Esta iniciativa forma parte del proyecto Envejecimiento Saludable con el que se pretende ofrecer a los mayores de 60 años una serie de pautas y habilidades que garanticen un envejecimiento activo, participativo, y un afrontamiento positivo de la jubilación. Obra Social Caja Madrid es la principal entidad que colabora en el desarrollo de esta iniciativa, que comenzó a funcionar en agosto de 2002.

Imagínese que se encuentra en una situación de vulnerabilidad por dependencia constante de familiares o amigos. Piense qué ocurriría si cada vez que quisiera realizar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, como comer, beber o ir al baño, necesitara la ayuda de alguien. Si es usted una de estas personas o el familiar de alguna de ellas debe tener en cuenta que la Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento aprobó el pasado martes 23 de junio de forma definitiva la contratación para la gestión del servicio de Ayuda Domiciliaria a favor de la empresa Seralia, destinando un importe de más de un millón de euros al año.
LOS DESTINATARIOS
El objetivo general del servicio de Ayuda Domiciliaria, promovido por la Concejalía de Familia, Salud y Servicios Sociales, es la prevención del riesgo laboral y personal ante las situaciones de dependencia que se puedan presentar. De este modo, a través de la inicitiva se prestan los apoyos necesarios a las familias que lo requieran para facilitar así la autonomía personal y familiar en el medio habitual. Por este motivo, los destinatarios son personas dependientes y residentes en Alcalá de Henares.
"Este servicio demuestra el profundo compromiso del equipo de Gobierno con las personas mayores y con la discapacidad, poniendo en marcha distintas políticas sociales municipales destinadas a favorecer su integración y mejorar la calidad de vida, tanto de las personas dependientes como de sus familias", señaló la edil de Servicios Sociales, Isabel Ruiz. Además, desde la Concejalía recuerdan que el Programa de Atención Integral a la Discapacidad se traslada al Centro Cívico María Zambrano. No obstante, también puede encontrar respaldo en la Asociacion de Padres con Hijos Minusvalidos Psíquicos o en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer.
LAS CUATRO MODALIDADES DE AYUDA
Actualmente, el Ayuntamiento ofrece cuatro modalidades de Ayuda Domiciliaria: Atención de carácter doméstico, Atención personal y asistencial, Servicio de Apoyo Domiciliario de Carácter Especial (fines de semana y festivos) y Programa de Respiro Familiar, además de servicios especiales ante situaciones de riesgo social para personas vulnerables y actuaciones coyunturales en periodos temporales específicos, como verano o navidad. Puede solicitar más información en la Concejalía a través del teléfono 91 877 17 40, por las mañanas de lunes a viernes.
Es el círculo vicioso de la crisis. En un lado, una administración que paga tarde a las empresas con las que trabaja. En el otro, estas mismas empresas que dejan de pagar a sus empleados. Y en medio, los trabajadores. "Es lo de siempre. El último eslabón de la cadena, el trabajador, es siempre el más frágil, y más en una época de crisis", explica la responsable de Ayuda Domiciliaria de CC OO, Esther Gumiel.
Alrededor de 140 trabajadoras de Pinto y Parla ya están sufriendo los rigores de ese círculo vicioso. Son las empleadas de las contratas que desarrollan el servicio de atención domiciliaria, del que se benefician alrededor de 800 mayores y dependientes en estos dos municipios del sur de Madrid. Aún no han cobrado el sueldo de mayo. Temen que no cobrarán el de junio. "Y de la paga extra ni hablemos", explican. Las empresas reconocen que no pueden pagar debido a que los ayuntamientos les deben mucho dinero.
El móvil le echa humo a Rosario Mateos. No para de recibir llamadas de sus compañeras. Trabaja desde hace años para la empresa Aser, que se encarga de la prestación domiciliaria en Parla. "No es nuevo. Llevamos varios meses así, cobrando tarde", señala. La empresa alega que su situación económica es muy delicada debido a que el consistorio paga con mucho retraso. "Antes, cuando los bancos aún iban adelantando dinero a las empresas, no lo notábamos, pero ahora el problema nos ha repercutido en primera persona", apunta su compañera Victoria Tejeda.El resultado de los impagos a las empresas ha afectado a otras dos compañeras a las que les han embargado el piso. Otras empiezan a tener problemas para ir a la compra o pagar las facturas.
El concejal de Hacienda de Parla, Mariano Sánchez, del PSOE, reconoce que deben a la empresa "cinco o seis mensualidades de unos 150.000 euros cada una". "Nos hemos comprometido a incluirla en un plan de pagos que estará aprobado en agosto", añade. En el Ayuntamiento recuerdan que la empresa dejará de prestar el servicio el 30 de junio e insinúan que ése podría ser uno de los motivos por los cuales no han pagado aún a sus empleadas.
Las trabajadoras, mientras tanto, están asustadas. "Nos tememos que al final tendremos que ir a los tribunales", se quejan. Y ahí está otro de los problemas: "Mucha gente no tiene dinero para pagar un abogado", dicen. Sus sueldos no alcanzan los 700 euros.
Una portavoz de la empresa recordó que el servicio "se ha prestado siempre" pese a los retrasos en el pago. "Es una deuda complicada de mantener, que nos ha obligado a llegar a un acuerdo para dejar el servicio", concluyó la portavoz.
El caso de Pinto es similar. Las 70 empleadas de Concierto de Bienestar, otra empresa dedicada al sector, siguen sin cobrar su nómina de mayo. Algunas trabajadoras acumulan retrasos de hasta tres meses. Tampoco sus sueldos sobrepasan los 700 euros al mes.
Como en el caso de Parla, la empresa, que lleva trabajando en Pinto desde el mes de junio del pasado año, dirige la mirada al Ayuntamiento de Pinto a la hora de hablar de responsabilidades. A 80.000 euros al mes, la deuda asciende a 400.000 euros. El gobierno local, del PSOE, no lo niega, pero deja claro que los retrasos se deben a "defectos en las facturas, que han provocado que se tarde más en pagar".
Mañana, las empleadas de Parla se concentrarán una hora frente al Consistorio. Lo mismo han pensado sus compañeras de Pinto. Todas se temen lo peor: que la solución tenga que darla un juez.
Bajo el lema “Atención a la Dependencia. Situación actual y tendencias de futuro” más de 500 empresarios, profesionales, agentes sociales y representantes de la Administración se dan cita hoy y mañana, en el II Congreso Nacional de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), que se celebra en el madrileño recinto ferial de IFEMA.Esta nueva iniciativa representa para SerHogarsystem un acercamiento mayor a la búsqueda de la conciliación en el mercado laboral, abriendo el mercado a nuevos posibles clientes. Fiel a su intención de llegar a todas las personas de una manera mejor y con servios de mayor calidad, su política de acuerdos es una de su estrategia para el 2009.
La enseña SerHogarsystem opera en el mercado de servicios domésticos y asistenciales desde 1991, con gran ilusión y trabajo ha logrado convertirse en líder del sector. La excelencia en el servicio que ofrece le ha permitido no solo tener en sus manos el certificado de calidad en franquicia, sino también la confianza de empresas como Bankinter que hoy escogen sus servicios

La primera edición de BIDA, el salón para el sector de ayuda a la dependencia, comenzará mañana, día 3 de junio en la Feria de Madrid (Ifema) y se prolongará hasta el próximo viernes, 5 de junio, con el objetivo de dar a conocer las novedades surgidas en equipamientos, tecnologías y salud, y sus aplicaciones en el ámbito de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia.
Este nuevo salón está dirigido a profesionales del sector sociosanitario y de ayuda a la dependencia, y en él participarán 21 empresas que ofrecerán "una visión global" del sector, tanto en servicios de tecnología, como en movilidad y mobiliario para el colectivo dependiente.
Algunos de los productos y servicios que se ofrecen en esta feria son diferentes terapias, equipos de teleasistencia, domótica y software de gestión. Entre ellos, destaca un lector de pantallas para que los clientes ciegos o con visión reducida, que les permite acceder fácilmente a todos los menús y funcionalidades de su teléfono móvil, verbalizar todos los textos que aparecen en la pantalla del teléfono y también personalizar sus principales funciones.
Otro dispositivo presentado, del tamaño de un reloj, integra un sistema de telefonía móvil, alertas inteligentes y localización por satélite (GPS), que posibilita ubicar a un enfermo de Alzheimer en caso de pérdida o desorientación, así como establecer un contacto inmediato con él. También se muestra el denominado 'Puesto Adaptado', un equipo informático para personas con discapacidad, que permite trabajar con el ordenador presencial o remotamente (teletrabajo, teleformación) a personas con alguna discapacidad.
Asimismo, exhibirán un lector de pantalla y amplificador para personas con dificultades visuales, un software de reconocimiento de voz fácil y preciso que convierte la voz en texto y un ratón de cabeza con dispositivo señalador facial, que permite controlar el puntero con un simple movimiento de cabeza. Otro de los productos más demandados es el 'Sicla' (Sistema Comunicador de Lenguajes Alternativos) que ofrece un conjunto de aplicaciones informáticas que permiten a personas con discapacidad -generalmente parálisis cerebral- acceder al ordenador y comunicarse.
En Ifema también se desarrollarán una serie de jornadas relacionadas con este tema, entre las que se encuentra una sobre Domótica, Inmótica y Teleasistencia relacionada con la Ley de Dependencia y Autonomía y organizada por Casadomo.com.
En el marco de este feria se celebra el II Congreso Nacional de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), donde más de 500 empresarios, profesionales, agentes sociales y representantes de la Administración analizarán este sector, bajo el lema 'Atención a la Dependencia. Situación actual y tendencias de futuro'.
Actualmente este sector está integrado por 5.600 centros asistenciales públicos y privados, un total de 291.200 plazas y 140.000 profesionales. Esta iniciativa coincide con la entrada en vigor de la segunda fase de la Ley de Dependencia, en la que se prevé que suponga una inversión de 26.000 millones de euros hasta el año 2015.
A través de sigMayores se podrán realizar búsquedas de los servicios de atención residencial, centros de día, servicios de teleasistencia y de ayuda a domicilio, visualizar su ubicación geográfica y obtener información derivada. Los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia se han referenciado en todos los municipios españoles dado que pueden ser solicitados en ellos; ésto no supone que todos tengan usuarios actualmente, ya que pueden no haber surgido casos que lo necesiten.
Es una iniciativa del IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales)y el CSIC al amparo de la Ley de Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia) y la Directiva Europea INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe). También ha recibido financiación del Plan Avanza (Mº de Industria, Turismo y Comercio).
De acuerdo con la Directiva INSPIRE y las especificaciones de OGC (Open Geospatial Consortium), sigMayores se configura como una IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) temática de recursos sociales, ofreciendo como servicio WMS (Web Map Service) la ubicación geográfica de dichos recursos. La dirección del servicio es: http://www.sigmayores.csic.es/sig/
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La Comunidad de Madrid recibirá 37,9 millones del Estado para la atención y prevención de la dependencia, que permitirán adaptar 761 plazas en residencias para personas con alto grado de dependencia, financiar servicios complementarios y crear más de un millar de puestos de trabajo.
Así se establece en el convenio que han firmado hoy la Ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, con el que ambas han querido plasmar el clima de "colaboración y cooperación" que se proponen que exista entre las dos instituciones.
"Cuando se trata de estar al servicio de la gente, no puede haber diferencias políticas", ha dicho la ministra, a quien Aguirre ha definido como "una política de raza" en su comparecencia ante los medios, donde ambas han querido dejar patente el clima de cordialidad y la buena relación que mantienen, según han asegurado.
El dinero que recibe hoy Madrid del Ministerio de Sanidad y Política Social forma parte del Fondo Especial del Estado para la dinamización de la Economía y el Empleo, que ya ha sido transferido a todas las autonomías, excepto al País Vasco (donde estaba pendiente de la toma de posesión del nuevo Gobierno) y a Navarra, que está estudiando la manera de "encajar" la ayuda en sus planes de dependencia actuales, según ha indicado Jiménez.
En la Comunidad de Madrid, la cantidad que aporta el Estado se sumará a los más de 830 millones de euros que el Gobierno regional dedica a la atención y prevención de la dependencia y permitirá adaptar a la Ley estatal a la normativa regional de servicios sociales, así como valorar otras circunstancias más allá de la situación económico-social del beneficiario, que era lo que primaba ahora, ha explicado Aguirre.
Jiménez ha explicado que son casi 400 millones de euros los que el Estado pone en manos de las Comunidades autónomas para ayudar al desarrollo de la Ley de Dependencia.
La presidenta regional ha indicado que de los 37,9 millones que recibe Madrid del Estado, 24,6 millones serán para transformar 761 plazas residenciales ya existentes y adaptarlas a mayores asistidos, mientras que los 13,3 millones restantes cubrirán diversos servicios (ayuda domiciliaria o teleasistencia) y permitirán crear 743 nuevas plazas en residencias y centros de día, que estarán habilitadas en el segundo semestre de este año.
Aguirre ha destacado el "esfuerzo" que hace Madrid en la aplicación de la Ley de Dependencia y ha puesto como ejemplo que esta es la Comunidad "con más plazas residenciales reconocidas en el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia" ya que reúne el 18% del total nacional.
La Ministra ha admitido que la puesta en marcha de la Ley de Dependencia ha presentado dificultades debido a la "complejidad del Estado de las autonomías" y a la coordinación con los servicios sociales municipales, pero se ha mostrado "convencida" de que se cumplirá el compromiso de que en 2015 se haya implantado de manera definitiva.
Ha subrayado también que la Ley de Dependencia "estimula la economía y el empleo" pues ha permitido crear 22.000 puestos de trabajo, muchos de ellos para cuidadores, en tanto que Aguirre le ha recordado que el convenio de hoy "no sufraga" los salarios de esos trabajadores, sino que se les paga con los 830 millones que pone la Comunidad.


Más de 500 empresarios del ámbito de la dependencia, profesionales y representantes de las administraciones debatirán hoy y mañana en Madrid sobre la situación actual de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y se detendrán en aspectos como la sostenibilidad económica del sistema creado por esta norma. Será en el II Congreso Nacional de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), que analizará también el grado de implantación de la Ley de Dependencia por comunidades y estudiará las "incertidumbres" que plantea la norma en aspectos como la falta de profesionales, la coordinación sociosanitaria, la calidad de centros y servicios o la excepcionalidad del cuidador informal. El presidente de la FED, Alberto Echevarría, ha explicado que la reunión retomará aspectos que "aún están por aclarar", con el objetivo de definir unas tendencias de futuro que permitan al sector contar con unos cimientos estables sobre los que mantenerse y seguir creciendo. Por otra parte, la patronal de la dependencia aprovechará este congreso para entregar, durante la cena de gala del encuentro, los primeros premios FED, que reconocen la labor realizada por empresas e instituciones en favor de las personas dependientes y de sus familias. Se concederán premios en las categorías de "Proyecto empresarial", "Profesional de asistencia a la dependencia", "Poesía o relato corto escrito por los usuarios", "Personaje, institución o iniciativa que haya destacado en su apoyo a los dependientes y sus familias" e "Iniciativa periodística sobre la dependencia".
Fuente: Discapnet.es
Las comunidades dicen cumplir el carácter retroactivo de la ley, incluso si el ciudadano ha fallecido. El dinero, a posteriori, llega con cuentagotas a las familias.
Manuel Cortés cuidó de su esposa, Teresa Viera, víctima de una enfermedad degenerativa, hasta que un derrame cerebral la condenó a no valerse por sí misma. Fue en 2006. En julio de 2007, siete meses después de que la Ley de Dependencia entrara en vigor, el hombre, de 83 años de edad, solicitó a la Comunidad de Madrid beneficiarse de sus ayudas.
En octubre de ese año se vio obligado a llevar a su mujer a una residencia, ya que Manuel era incapaz de hacer frente a la situación. Pero el tiempo pasaba, la ayuda no llegaba y el anciano no podía pagar los 1.800 euros mensuales que le costaba el centro. Por eso, en diciembre de 2008 dejó su casa de Getafe (Madrid) y se trasladó con su esposa a un piso que alquiló a pocos kilómetros, en Fuenlabrada, con pasillos amplios y luminosos que permitían movilidad a la silla de ruedas de Teresa. Entonces, contrató a una mujer para que cuidara de ella. Aun así, le salía más barato que la residencia, explica el hombre mientras ordena los documentos que demuestran el largo periplo en el que continúa inmerso.
Sólo las pensiones económicas se dan a los herederos tras la muerte del enfermo. Larga espera
Pero desde que Manuel pidió la ayuda, nada ha ido como debería. Tuvo que recurrir la primera valoración que le hicieron a su esposa, ya que en un principio no le reconocieron el grado más alto de dependencia. Teresa murió el pasado mes de marzo, antes de que la Comunidad de Madrid determinara qué tipo de ayuda le concedía (el llamado Plan Individual de Atención, PIA), y Manuel Cortés sigue esperando el dinero.
La situación que vive Manuel se repite en otras comunidades autónomas. Las subvenciones tardan tanto en llegar que, cuando los dependientes fallecen, son sus parientes quienes se deben pelear por conseguir que se cumpla el carácter retroactivo que marca la Ley de Dependencia, y que todas las comunidades recogen en sus respectivas normativas.
"¿Para qué reclamar?", critica la hija de una afectada valenciana
Manuel Cortés piensa llevar el caso a los tribunales si la Comunidad de Madrid no le devuelve parte del gasto que tuvo que asumir. En cambio, Ana no moverá un dedo. "¿Para qué?", critica. Y eso que la Conselleria de Bienestar Social sí había determinado, justo 20 días antes de que su madre muriera, la ayuda que esta debía recibir: una pensión de 506 euros al mes.
"El reconocimiento del derecho contenido en las resoluciones de las Administraciones públicas competentes generará el derecho de acceso a los servicios y prestaciones (...) desde el momento de su solicitud de reconocimiento por el interesado", recoge la ley.
Opinión sindical
Eso sí, la secretaria de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, recuerda que, cuando el beneficiario ha muerto, la norma sólo es retroactiva si se trata de ayudas económicas. Este periódico intentó, sin éxito, que el Ministerio de Política Social detallara cuándo se contempla la retroactividad.
Todas las comunidades han asegurado a Público a excepción de Galicia, inmersa en su cambio de Gobierno que cumplen la ley, y las ayudas que no llegaron en vida a los dependientes las recibirán sus herederos. La gran mayoría sostiene, además, que el procedimiento se hace de oficio.
Pero las historias concretas ponen de manifiesto que muchas promesas se quedan en el papel. Por ejemplo, en la Conselleria de Bienestar Social valenciana afirman que los herederos de los dependientes fallecidos podrán cobrar las ayudas de forma automática. Ana espera que cumplan su palabra, diez meses después de la muerte de su madre.
Además, la letra pequeña crea comunidades de primer y de segundo grado. Los herederos de los dependientes del País Valenciano, Castilla y León, Navarra, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y el País Vasco podrán cobrar las ayudas a posteriori, si se determinó en vida que tenían un grado de dependencia reconocido en esta fase de implantación de la ley. En cambio, en el resto de autonomías, para tener este derecho es necesario haber recibido la resolución que determina qué tipo de ayuda corresponde a quien la solicita (el PIA).
Esto explica que Manuel Cortés tenga pocas esperanzas en que la Comunidad de Madrid le devuelva parte del dinero que él avanzó al llevar a su esposa a una residencia y, luego, contratando a una mujer. El retraso en su caso fue tal que nunca recibió el esperadoPIA. "No sé si podré seguir", lamenta.
Fuente: Publico.es


LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR RECLAMAN EL RECONOCIMIENTO DEFINITIVO DE SUS DERECHOS LABORALES
Este es el texto íntegro del comunicado:
«En septiembre de 2007, el Ministerio de Trabajo anunció una reforma legal con la que desaparecía la discriminación del empleo doméstico, al reconocer para este sector las condiciones laborales del Estatuto de los Trabajadores y abrir un proceso dirigido a equiparar sus derechos con los del Régimen General de la Seguridad Social.
Dicha reforma suponía un avance, aunque insuficiente. De ahí que, desde distintos sectores, desde el sindical hasta el sector social (que representa, entre otros, la Plataforma de Trabajadoras de Hogar), se presentaron distintas propuestas de mejora.
Sin embargo y, pese a haber realizado este previo trabajo de análisis y propuesta sobre una nueva base legal de convergencia con el Estatuto de los Trabajadores y el Régimen General, las propuestas presentadas no se han concretado en ningún cambio legislativo.
En el plano laboral, continúan siendo legales aspectos, entre otros, como el tiempo de presencia de las trabajadoras de hogar en sus puestos de trabajo, los descuentos de hasta el 45% en su remuneración por alojamiento y manutención, la falta de contrato escrito o las jornadas laborales interminables…
Con relación a la Seguridad Social, sigue sin reconocerse la existencia de accidentes laborales o la prestación por desempleo, mientras que la baja de enfermedad no se cobra hasta pasados los primeros 28 días o el sistema de cotización penaliza el trabajo cuando se realiza en más de un domicilio,…
Constatamos además que la contratación de las empleadas de hogar se ha dejado en gran parte en manos de agencias privadas de colocación con ánimo de lucro, que actúan sin cobertura o amparo legal, aunque son perfectamente conocidas y visibles. Se está permitiendo la intermediación laboral de agencias que no garantizan condiciones legales en la contratación y que se dedican simplemente a traficar con la mano de obra al cobrar comisiones, en muchos casos abusivas, por el mero hecho de intermediar. Esta práctica supone un claro abuso tanto para el trabajador como para el empleador.
Por todo ello, las organizaciones firmantes exigimos que el Gobierno convoque nuevamente y de manera urgente la Mesa de Diálogo Social y abra un espacio de interlocución con las entidades que representan al sector del Trabajo de Hogar con objeto de que se reconozca definitivamente a las trabajadoras de hogar:
- La equiparación de derechos laborales con el Estatuto de los Trabajadores.
- La desaparición del régimen especial de Seguridad Social y su integración en el Régimen General.
- La oferta y demanda de empleo a través de los servicios públicos de colocación y el cierre de las agencias privadas ilegales con ánimo de lucro.
- La búsqueda de fórmulas que permitan la concesión de autorización a las personas extranjeras en situación irregular en nuestro país y que trabajan, de hecho, en este sector de actividad.
Madrid, 30 de Abril de 2009.
Entidades firmantes: Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia / Asociación de Trabajadoras de Hogar de Granada / Asociación de Trabajadoras de Hogar de Valladolid / Asociación de Trabajadoras de Hogar de Madrid / Asociación de Trabajadoras de Hogar de Illas Ballears / Asociación Sociocultural de Empleadas “Vicenta María”. Madrid / Asociación de Traballadoras do Fogar “Xiara” de Galicia / Mensajeros de la Paz / Cáritas Española / Andalucía Acoge.»
Fuente: cope.es
SerHogar Sysstem, franquicia especializada en los servicios asistenciales, estará presente en Expofranquicia 09.
La Feria de Franquicias de Madrid se celebrará los días 7, 8 y 9 de mayo en Ifema, el recinto ferial de la capital.
SerHogar System ocupará el stand E03A, en el pabellón 5, donde presentará a los candidatos el modelo de negocio de la franquicia.
La enseña presentará una nueva cartera de servicios orientada al cuidado personal y de la casa. Así, la firma ha incorporado en sus centros el servicio de peluquería a domicilio y el de jardinería y cuidado de mascotas.
SerHogar System nace en 2001 con el objetivo de dignificar y profesionalizar el sector de los servicios domésticos y asistenciales.

