27 agosto 2009

Los centros de día para mayores están medio vacíos

La patronal calcula que hay un 60% de plazas libres - El servicio es poco demandado por inflexible, desconocido y por cuestión de mentalidad.


Los centros de día, que se perfilaron como un servicio "fundamental" para implantar la Ley de Dependencia, se han quedado, sin embargo, como una prestación minoritaria. La patronal calcula que cerca de un 60% de las plazas están libres. Es la que menos se utiliza de todas las previstas en el catálogo de ayudas de la ley, por debajo de los geriátricos, la ayuda a domicilio, la teleasistencia o la muy recurrida prestación económica al cuidador familiar. Esta última, por cierto, es la más utilizada, cuando debería ser un recurso excepcional. Pero le sale barata y cómoda a las Administraciones. Y los ciudadanos también la demandan más.


Las personas de edad prefieren estar en casa, cuidadas por la familia

Algunas regiones sólo dan una ayuda: domiciliaria o institucional

Con las miles de mujeres que están hipotecando sus vidas al cuidado de ancianos, sin vacaciones ni apenas días de descanso, que un servicio como éste no llene sus plazas es algo insólito. Alberto Echevarría, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), cree que los ciudadanos no eligen este servicio por una cuestión de mentalidad. Prefieren estar en sus casas, al cuidado de sus hijos. "No creo que sea culpa de la Administración, simplemente es que las personas no lo demandan, pese a ser una de las mejores opciones", dice.

En esos establecimientos es donde el anciano pasa unas horas mientras sus familiares trabajan (como si se tratara de una guardería infantil) o donde está asistido si carece de ellos pero aún goza de autonomía para dormir en casa. Está considerado como un servicio que retrasa la dependencia total, y, por tanto, el ingreso en una residencia. Y, si el centro está bien dotado, el anciano encontrará compañía, rehabilitación, atención psicológica, peluquería, podología. Y los familiares, unas horas de respiro.

Pueblos pequeños

Que sobren plazas es algo sorprendente. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad y Política Social, de 2008, hablan de la existencia de 63.446 plazas en centros de día que darían cobertura al 0,83% de la población mayor de 65 años, el doble que en 2004. A pesar de esas endebles cifras, hay plazas vacantes. "Es por desconocimiento, sobre todo en los pueblos pequeños. Es un servicio muy reciente en algunas autonomías, como en Galicia, y la gente no lo conoce", afirma Eladio de Vicente, trabajador social en el concello de Vilalba (Lugo).

El servicio, efectivamente, no estaba muy extendido hace unos años, y era más común en ámbitos urbanos. Para llegar a ellos había que recorrer no cortas distancias, aunque el transporte está incorporado. Ahora empiezan a instalarse en pueblos más pequeños, cabeceras de comarca, y De Vicente opina que "el boca a boca irá extendiendo" las bondades de este servicio, una de cuyas ventajas es que no separa a la persona de su entorno, sus casas, la familia. "Los que han aceptado ir a un centro de día están encantados, nadie renuncia a ellos", dice el trabajador social.

El Gobierno asturiano ha puesto en marcha una campaña de información para dar a conocer estos centros y los servicios que prestan. Se repartirán 7.000 folletos en festejos para mayores, centros sanitarios, asociaciones. Asturias tiene tres centros de día construidos, pero no los ha abierto porque la demanda está parada. En los que están funcionando aún hay casi 200 plazas libres de las 1.085 que tienen. Es sólo un ejemplo de lo que ocurre en toda España, excepción hecha de las dos grandes capitales, Madrid y Barcelona. El Libro Blanco que se redactó como una enorme radiografía de los servicios sociales en España antes de la Ley de Dependencia recogía la necesidad de "incrementar el número de centros de día" y de "combinarlos con otros servicios domiciliarios". Pero he aquí el segundo inconveniente, que está alejando a los usuarios de este servicio: la imposibilidad en algunas comunidades, como la Valenciana, de sumar a un centro de día la ayuda a domicilio. Si el anciano no dispone de apoyo familiar de ninguna clase, quién lo asea cada mañana antes de montar en el autobús para ir al centro; quién se encarga de acostarlo y quién se cuida de que todo vaya bien en las horas que pasa en casa.

En la comarca valenciana de la Ribera Alta conocen bien este problema. Una trabajadora social que no quiere dar su nombre cree que esta incompatibilidad con la ayuda a domicilio no permite a muchos ciudadanos optar por el centro de día. "De todas formas, a la comunidad tampoco le interesa, están prescribiendo mayoritariamente la paguita para el cuidador familiar, que les sale más barato. Ni siquiera la ayuda a domicilio es cómoda para los ancianos, porque no llega directamente del ayuntamiento, sino que tienen que negociarla con empresas privadas, y todas esas trabas burocráticas les abocan a la prestación económica para el familiar cuidador", afirma.

En Logroño no ocurre eso (ni en muchas otras comunidades). Allí la ayuda a domicilio es compatible con un centro de día. A pesar de ello, sobran plazas, explica la trabajadora social Ana Campos. Cree que los horarios pueden ser una de las causas: "El límite de estancia en un centro es de unas siete horas, justo la jornada de cualquier trabajador. Si además tienes que hacer la compra, acompañar a tus hijos, el horario se queda muy corto. Hay que flexibilizar eso".

Y menciona otro escollo (ninguno de ellos son sólo propios de La Rioja): "Tienen derecho a transporte, pero si viven en el casco antiguo y hay escaleras en lugar de ascensor, ya no podrán optar por este servicio".

La crisis ha podido influir también en las preferencias de los usuarios a la hora de pedir una ayuda por dependencia: la paga al cuidador familiar "siempre es un ingresito más". "Pero las cuidadoras están sobrecargadas y van a tener una dependencia prematura ellas mismas".

19 agosto 2009

La Comunidad de Madrid pone en marcha más de 1.300 plazas para dependientes

ABC | MADRID

La Comunidad ha puesto en marcha este mes 400 plazas para dependientes con discapacidad y otras 925 para ancianos en situación de dependencia, mientras que durante el verano están siendo remodeladas unas 750 plazas residenciales de mayores para adaptarlas.
Con la creación de estas nuevas plazas, la Comunidad alcanza más de 45.000 recursos específicos para atender a aquellas personas que tienen gravemente afectada o limitada su autonomía personal. De ellos, más de 20.000 permiten la atención y asistencia de menores, jóvenes y mayores con discapacidad o enfermedad mental. Según el director general de Coordinación de la Dependencia, Miguel Ángel García, Madrid cuenta con la red de servicios sociales más extensa y con mayor número de plazas dentro del Sistema de Atención a las Personas con Dependencia.

07 agosto 2009

La nueva ordenanza de Servicios Sociales ofrecerá ayuda a quienes no estén protegidos por otros sistemas

La nueva ordenanza de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid ofrecerá ayuda a las personas "que no estén protegidas por ningún otro sistema de protección social" y garantizará " la igualdad mediante un procedimiento único de concesión de estos servicios para todos los ciudadanos, con independencia del distrito donde residan".

Así lo aseveró hoy la coordinadora general de Protección Social e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Dávila, en la comisión ordinaria del ramo, donde añadió que se establecerá un baremo de valoración que permitirá identificar las necesidades o carencias de las personas que soliciten los servicios municipales.

También se atenderán las situaciones de urgencia de forma inmediata dentro de una ordenanza de la que dijo que conllevará "el fortalecimiento de los servicios sociales municipales ya que con ella el Ayuntamiento de Madrid garantiza para el futuro los altos niveles de protección que ofrecen en la actualidad los servicios sociales municipales". La norma tiene que ser aprobada ahora por el Pleno.

Estos argumentos no fueron suficientes para la portavoz de IU de Familia, Milagros Hernández, que denunció hoy que en el nuevo texto prevalecen "los recursos presupuestarios a las necesidades sociales" y limita "la universalidad de los derechos de los menores, las familias en dificultades y los extranjeros".

PASO ATRÁS Y REDUCCIÓN DE HORAS

La nueva ordenanza municipal, que regulará buena parte de la atención social de la ciudad, desde el servicio de ayuda a domicilio, los centros de DIA y los apartamentos y residencias municipales, supone para IU "un paso atrás que perjudicará de manera notable la calidad de vida de los colectivos más vulnerables" porque "ni es el momento de redactarla ni, en ningún caso, es la ordenanza que necesita una ciudad con tantas necesidades sociales como Madrid".

La edil recordó que el nuevo texto coincide con la implantación de la Ley de Dependencia que se encuentra en un proceso aún no concluido en las autonomías y que en la Comunidad de Madrid "está siendo un auténtico desastre". En este escenario, Milagros Hernández abogó por "un convenio entre el Ayuntamiento y el Gobierno regional que acuerde el traspaso a los Servicios Sociales Generales de la financiación del sistema de dependencia.

IU criticó asimismo que entre las novedades de la nueva ordenanza se estipula la reducción de las horas de ayuda a domicilio a ancianos. De este modo podrán quedará reducidas "hasta a cinco al mes" las destinadas a mayores que residan en los apartamentos tutelados por el Ayuntamiento.

Por su parte, la coordinadora general de Protección Social e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Dávila, destacó que en los últimos años el Ayuntamiento de Madrid ha llevado a cabo un importante incremento en el número de Centros de Servicios Sociales, pasando de 26 a 31, un incremento del 83 por ciento del número de profesionales, de 325 a 595, y una mejora de los recursos materiales dedicados a estos servicios, dando paso a los 207 millones de euros de los 61 anteriores.

También detalló algunas de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular a la nueva ordenanza, como la relativa a evitar la extinción del servicio por ausencia del beneficiario durante un periodo superior a tres meses si se debe a causas de carácter sanitario y la posibilidad de prestar estos servicios a personas que hubieran sido reconocidas como dependientes por la Comunidad de Madrid a través de los convenios que se suscriban entre ambas administraciones.

Fuente: adn.es