El empleo femenino y el envejecimiento urgen un nuevo modelo de dependencia

Investigadoras de la Universidad Carlos III de Madrid y La Caixa han elaborado un estudio sobre los cuidados de las personas en España, en el que alertan de que la incorporación generalizada de la mujer al mercado laboral y el envejecimiento de la población pueden poner en peligro dentro de unos años la atención de mayores y dependientes.

Según los autores de este trabajo, que hace el volumen 28 de la Colección de Estudios Sociales de la Fundación La Caixa, "urge la adopción de medidas" hacia un nuevo modelo en el que el cuidado aparezca como un nuevo derecho social de la mano de políticas como la Ley de Dependencia y la Ley para la Igualdad de Género.

La directora del estudio, Constanza Tobío, explicó en su presentación que a pesar de que la Ley de Dependencia y la de Igualdad de Género están ya en vigor, el paso del modelo de cuidados familiares arraigado en España desde hace muchos años al de cuidados provenientes de las administraciones públicas, al menos en parte, "no se está llevando a cabo con todos los recursos necesarios".

Según concluyen estos expertos, estos expertos, factores como la sostenibilidad del Sistema de Dependencia, la distribución desigual de recursos en las diferentes autonomías, la falta de coordinación entre las políticas sociales de las comunidades autónomas, las dificultades de coordinación laboral y familiar y la inercia del cuidado en el hogar dificultan la consolidación de un nuevo modelo de atención de personas que se hace "imprescindible".

En peligro
Tobío, catedrática de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid, subrayó que actualmente más del 18% de la población española es mayor de 65 años, mientras que la proporción superará en 2050 el 30%. Este dato, incidió la investigadora, unido al que indica que en treinta años la tasa de ocupación de la mujer se ha duplicado en España, hace pensar que los cuidados de las personas que los precisen dentro de unos años pueden peligrar. Otro dato que confirma esta teoría es el de que en las dos últimas décadas el número de amas de casa a tiempo completo se ha reducido casi a la mitad, al haber pasado del 43% al 23% de las mayores de 16 años.

No obstante, en la actualidad el retrato robot del cuidador de personas mayores y dependientes sigue siendo el de una mujer (lo es en el 83% de los casos) casada, con estudios primarios, sin otra ocupación remunerada y en un 40% de las ocasiones hija del afectado. En este punto, la investigadora resaltó el hecho de que los hombres sólo ejercen como cuidadores de familiares "cuando no les queda más remedio" porque no haya en su entorno una mujer disponible para esta labor.

Si la persona dependiente es un hombre, detalló, la cuidadora suele ser su mujer, mientras que si es la esposa la que necesita ayuda, quien se ocupa de ella es habitualmente una hija.

La ley de Dependencia tendrá un déficit de 7.000 millones este año y de 12.000 en 2015

Las administraciones públicas prevén aportar 4.426 millones de euros para hacer frente a la ley de Dependencia en el año 2015, cuando el coste real de los servicios en dicha fecha oscilaría entre los 17.000 y los 20.000 millones de euros, según establece un estudio publicado en la revista «Estudios de Economía», realizado por Irene Albarrán y Pablo Alonso, de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad de Alcalá, respectivamente.

Las previsiones de aportación pública representan en torno al 25 por ciento del total presupuestado para 2015, año en el que las autoridades prevén que funcionará a pleno rendimiento el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en España. Según Irene Albarrán, profesora de la Carlos III , los resultados de su investigación implican para ese año «un desfase de 12.000 millones de euros, en el mejor de los casos».

El informe «La población dependiente en España» concluye que en el presente año «hay más de 890.000 personas con derecho a recibir ayudas públicas y, según las estimaciones, los costes de la población dependiente oscilan entre los 8.584 y los 9.276 millones de euros, cuando las administraciones calcularon un coste de 2.320».

La previsión se agrava para 2015, cuando el volumen de dependientes «será ligeramente inferior al millón de personas, por lo que la cifra de costes se situará entre los 15.000 y los 20.000 millones de euros, importe muy superior a los 4.426 millones que esperan aportar las administraciones, por lo que sólo se cubrirá la cuarta parte de lo que haría falta en atención asistencial, sin contar infraestructuras», explica Alonso.

El estudio estima que en 2020 el número de dependientes será ligeramente superior al millón -con un coste estimado entre los 22.000 y los 27.000 millones-. Y para 2015 pronostica que la cifra de potenciales beneficiarios oscilará entre 1,55 y 1,65 millones -algo más del tres por ciento de la población total- que acarrearán un gasto entre 135.000 y 161.000 millones.

El peso de los costes sobre el total de la actividad -prosigue la investigación-irá creciendo hasta situarse entre el 1,3 y el 1,6 por ciento del PIB en 2015 y el 2,2-2,6 por ciento en 2050. En ningún caso la aportación de la Administración supera el 30 por ciento del coste estimado, precisan los autores del trabajo.

 

Fuente: ine.es

Inaguracion del Vivero de Empresas de Carabanchel

El alcalde de la Ciudad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, inaugurará el Vivero de Empresas de Carabanchel. En este equipamiento tendrán cabida 31 proyectos para empresas de economía social. 

Esta sexta unidad de la Red de Viveros de Empresas municipal, tendrá más de 6.100 metros cuadrados de superficie, lo que lo convertirá en el más grande de todos. Nota: a las 10.15 horas saldrá un autobús desde la calle Montalbán para los medios que deseen asistir a este acto. 

Vivero de Empresas de Carabanchel 

c/ del Cidro, 3

Entre otras empresas se encuentra Serhogar System.

Listado de empresas: pinche aquí

Aprender a cuidar de personas dependientes a través de una unidad didáctica audiovisual

El 70% de los cuidadores de personasdependientes –entre ellos, de enfermos deAlzheimer y Parkinson- son mujeres preocupadas, sobre todo, por cómo atender correctamente las necesidades de sus familiares en esa situación. Lo que más les inquieta son cuestiones como la correcta movilización, el aseo y alimentación –véase, post cuidados básicos -, así como la necesidad de recibir unas nociones prácticas para detectar situaciones de urgencia en las que hay que pedir ayuda a un profesional sanitario.

Así lo constató el director general del Centro de Humanización de la Salud , José Carlos Bermejo, en una investigación con la que se ha llevado el segundo Premio Caja Madrid de Investigación Social 2009  –dotado con 12.000 euros-  y a partir del que ha creado la primera unidad didáctica audiovisual específica para el cuidado de personas mayores y dependientes.

Este trabajo mostraba la falta de tiempo y de medios que sufren los cuidadores informales y sus dificultades para relacionarse con su familiar en situación de dependencia , tanto en el manejo de actividades de la vida cotidiana como respecto a posibles trastornos de conducta, sobre todo delirios, alucinaciones y agresividad, especialmente en mayores que padecen algún tipo de demencia.

De ahí la puesta en marcha de la innovadora herramienta audiovisual de ayuda (puedes ver el vídeo y descargarlo aquí ). El  Centro Humanizar (Madrid) cuenta con un centro asistencial en el que se atiende desde 1983 a 135 personas mayores con diferentes niveles dedependencia física, psíquica o social, una residencia y centro de día, una unidad de cuidados paliativos y una fundación de ayuda a domicilio.

La reforma laboral no entra en casa

Los sindicatos exigen la inclusión "de una vez por todas" de las empleadas del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. Sujetas a una ley arcaica y discriminatoria, ahora no cuentan con ninguna protección social 

"Vengo de pedir de la iglesia porque no tengo ni para comer y trabajo como una bestia", afirma Pilar Díaz, una mujer de 60 años que lleva toda su vida limpiando casas. Nunca ha tenido derecho a paro, ni a baja por enfermedad, ni a vacaciones, ni sabe qué es un contrato. Ahora, cuando los huesos le fallan, tampoco puede jubilarse porque, al no haber cotizado, no puede cobrar una pensión. El Gobierno, en pleno debate de la reforma laboral, se ha olvidado año tras año no sólo de ella, sino del resto de las 700.000 empleadas del hogar que trabajan en España, la mayoría en la economía sumergida.

"Pero no es un olvido, es un intento de cargar el mayor tiempo posible sobre las espaldas de las mujeres pobres los costos del cuidado", puntualiza Isabel Otxoa, asesora de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia.

Desde 1985, estas mujeres se rigen por un régimen especial en el que no se aplica el Estatuto de los Trabajadores ni el del Trabajo Autónomo. "Están en desventaja con el resto de los trabajadores, por lo que el Gobierno no puede dejar fuera otra vez del nuevo Pacto de Toledo la inclusión de estas trabajadoras en el Régimen General. Ya es hora de que nos sentemos con la Administración", afirma la secretaria de política social de UGT, Carmen López.

La obligación de alta y cotización a la Seguridad Social desde la primera hora de trabajo, un contrato por escrito, la protección por accidente laboral y la prestación por desempleo son algunas de las reivindicaciones del colectivo. "Este régimen se basa en la previa situación de opresión de las mujeres, dependientes económicamente de sus maridos y en condiciones de aceptar muy malas condiciones de trabajo", añade Otxoa, que incide en la "vergonzosa utilización" de las mujeres inmigrantes.

Conciliación laboral

En Opción Luna, una asociación de Córdoba que ayuda a mujeres como Pilar a dignificar su trabajo, consideran que ese aplazamiento constante fomenta aún más la economía sumergida y refleja una discriminación "pura y dura" hacia estas trabajadoras.

"En este país no está aún resuelta la conciliación laboral y familiar"

"No tener cubiertos unos derechos básicos no es culpa del empleador, sino de una ley y de quien no controla los abusos que se producen", zanja Antonia González Ríder, presidenta de la asociación. "El otro día, viendo una película en la tele de Adolfo Suárez pensé cuando salía con Santiago Carrillo: "lo hicisteis todo muy bien, pero se os olvidó esto", reflexiona. 

Desde aquellos primeros años de la Transición, la mujer ha derribado obstáculos inimaginables. ¿Por qué esta discriminación se resiste tanto? La razón, según la secretaria de la mujer de CCOO de Andalucía, Antonia Martos, es que este trabajo no está reconocido socialmente. "Siempre lo hemos hecho las mujeres de manera altruista", afirma. Sin embargo, paradójicamente, gracias a estas trabajadoras, otras mujeres pueden acceder al mercado laboral. Y aquí Martos incide en lo que ella considera el problema de fondo: "En este país no está aún resuelta la conciliación laboral y familiar. Es evidente que se ha avanzado mucho, pero no puede ser a costa de otras mujeres, ya sean empleadas del hogar o familiares como las abuelas". 

Isabel Otxoa cree que el debate hay que plantearlo de otra forma: "Es injusto e inexacto mencionar a las mujeres como si fueran las que se benefician del empleo doméstico. Las empleadas del hogar liberan de trabajo principalmente a los hombres". ¿Qué pasaría si las mujeres se pusieran en huelga? La Administración tampoco responde esta pregunta, pero todas saben la respuesta.

 

"Veo mi futuro muy negro"

Pilar Díaz. Empleada del hogar, 60 años

Su única vía para ganarse el pan siempre ha sido trabajando en casas. Pilar Díaz, una cordobesa de 60 años y sin estudios, sólo cobra 2,5 euros la hora –la media se sitúa en los 8 y los 9 euros–. “Estoy muy mal, con mis achaques, no tengo ni una vivienda y, claro, no puedo pedir más dinero porque si no llaman a una chica más joven”, lamenta. Hace de todo: limpia, cocina, plancha... Pero no cobra más de 300 euros al mes. Es diabética y necesita los cuidados de cualquier persona mayor machacada por una vida dura. Pese a llevar trabajando desde que era muy joven, nunca ha cotizado a la Seguridad Social. “Si me hubieran hecho un contrato como a cualquier trabajador normal, ahora me podría jubilar y tener mi paga. Pero es que, con esta edad, ahora tengo que seguir echando horas como una loca”, añade. Y lo peor, asegura, está por venir: “Tampoco veo un futuro mejor. Lo veo bastante negro todo, la verdad”. 

"Estoy como si fuera extranjera"

Antonia Pedregosa. Empleada del hogar, 51 años

Antonia Pedregosa sólo ha cotizado a la Seguridad Social tres temporadas en un hotel de Menorca y cuatro años en otro establecimiento del sector, del que fue despedida con la crisis. El resto del tiempo siempre ha trabajado como empleada del hogar. Y ahora, a punto de cumplir los 52 años, vuelve a limpiar casas. “No tengo ningún derecho, soy española, pero como si fuera extranjera”, afirma.  Actualmente cobra 8 euros por hora, pero con los desplazamientos en autobús, la primera se le queda en cinco. La situación no es muy boyante: su marido lleva un año de baja por enfermedad. “No me falta para comer, pero no me podría quedar en mi casa aunque quisiera”, añade. Gana 400 euros al mes. “Tendría que cambiar nuestra situación de una vez por todas, si no voy un día porque estoy enferma, no cobro, y si la familia decide que no quiere, porque la crisis le está afectando, pues tampoco”, concluye.

"Es igual que no haber trabajado"

Patricia Sánchez. Empleada del hogar, 24 años

Con sólo 16 años, Patricia Sánchez tuvo que dejar sus estudios y ponerse a trabajar. Su madre se puso enferma y necesitaba llevar dinero a casa. Desde entonces, y ahora tiene 24 años, trabaja por horas limpiando casas. “Me hubiera gustado estudiar auxiliar de enfermería porque con todo lo que llevo trabajado es como si no hubiera hecho nada”, afirma siendo plenamente consciente de lo que supondrá en un futuro no haber cotizado para poder recibir una pensión. Ahora gana unos 750 euros al mes y ha preferido que su empleadora no le diese de alta en la Seguridad Social porque tendría que pagar ella gran parte de la cuota. “Y eso me reduciría el sueldo”, explica. A su marido se le terminó la prestación por desempleo el mes pasado y necesitan dinero para lo más urgente: pagar la hipoteca de su casa. Confía, no obstante, en poder recuperar algún día sus estudios.

Tres años sin cumplir los plazos de la ley de Dependencia

Las autoridades venden como avance su deber de dar las ayudas en seis meses 

Los responsables de política social de las comunidades llegaron la última semana de enero a un acuerdo: resolver las ayudas por Dependencia en un plazo de seis meses, desde que el ciudadano lo solicita hasta que se le concede (sobre el papel) la prestación de que se trate. Así pues, tres años después de ponerse en marcha la Ley de Dependencia, los responsables políticos se han reunido para adquirir el compromiso de cumplirla.

Porque en dicha norma ya se indica - artículo 28- que la tramitación de estas ayudas se hará de acuerdo al Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es decir, en un plazo de seis meses. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

La Ley de Dependencia está excesivamente lastrada con los procedimientos administrativos y ahí radica buena parte de los retrasos que sufren los ciudadanos. Pero algunas comunidades han ido encogiendo los trámites para aligerar el proceso.

Muy pocas, pero algunas, como Castilla y León ya tienen en marcha un expediente unificado, es decir, que en un solo paso el ciudadano conoce su grado de dependencia y la ayuda que le corresponde. Por eso tardan menos en resolver, muy lejos de la lamentable media española, que se sitúa entre los 12 y 18 meses, un periodo de tiempo excesivo para personas que requieren ayuda urgente. También en Guipúzcoa la espera es de las más reducidas. La Administración vasca habla de unos tres meses.

Pero puede afirmarse que la práctica totalidad de las comunidades emplean más que los preceptivos seis meses en conceder las ayudas a los dependientes. Y esa media española la alimentan comunidades como Madrid o Canarias, donde el usuario puede esperar casi dos años su ayuda, según el último estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Comunidades como Madrid o Valencia, que muestran algunos de los peores resultados en su gestión de la Ley de Dependencia, no sólo no aligeraron el procedimiento, sino que regularon el llamado silencio negativo: si el ciudadano no recibía respuesta se quedaba en un limbo administrativo que apenas le dejaba la opción de volver a solicitar su ayuda como si nada hubiera pasado antes. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad tumbó esa iniciativa por una cuestión de forma: no habían regulado con rango de ley.

Pero aún quedan otros resquicios para burlar lo que, en principio, plantea la ley. Por ejemplo, considerar que el procedimiento no es uno solo, sino tres: uno para que el ciudadano sea valorado, otro para determinar su grado y nivel de dependencia y un tercero para prescribir la ayuda. Si se entiende que son tres, podrían contar con seis meses para cada cosa. Y eso también ha estado ocurriendo. De hecho, en Madrid hay un recurso de casación planteado en el Tribunal Supremo -pendiente de admitirse o no a trámite- para que determine si es legal retrasar el procedimiento por la vía de dividirlo en dos o tres pasos.

Los trámites también se paralizarían si la Administración solicita algún documento al dependiente. Entonces los seis meses contarían de nuevo, algo que ha pasado en numerosas ocasiones, incluso pidiendo papeles que ya se habían entregado o que ya posee la administración.

"La situación se ha subvertido de tal forma que vamos hacia un sistema de protección social que utiliza la burocracia como arma para defenderse del ciudadano y el derecho de las personas a ser atendidas y apoyadas está por encima de los procedimientos", afirma Luis Barriga de la Asociación de Gerentes. "Otros sistemas como la sanidad o la educación ofrecen respuestas más inmediatas, sin necesidad de que cada decisión del profesional, del paciente o del alumno se diriman en forma de resolución administrativa", añade.

"En cualquier caso, es obligatorio informar al ciudadano que su solicitud ha sido recibida y del plazo máximo establecido para resolver, así como de los efectos del silencio administrativo", asegura Barriga.

El abogado José Ausín, que tramita casos de afectados de Alcorcón (Madrid), es quien ha presentado el recurso ante el Supremo. Y aunque se felicita de la voluntad política de agilizar los trámites, opina que "se está llegando a tal nivel de deterioro que no se propone la sanción de los que no cumplen sino el aplauso a los que se proponen cumplir la ley".

Las ayudas

- Atendidos. Las personas que ya reciben una ayuda por Dependencia superan ya los 500.000. Pero la lista de espera se acerca a los 250.000 dependientes.

- En casa. Del total de ayudas prestadas, más de la mitad se trata de una prestación económica para cuidar en casa al anciano o discapacitado. Las comunidades han acordado inspecciones anuales para estas ayudas.
- A la espera. Canarias, Madrid, Valencia, Baleares y Murcia son las comunidades donde hay menos ciudadanos atendidos en relación con la población. Están por debajo de la media española, que es un 1,08%.