Cargados de obligaciones a los 70

Un tercio de los mayores asegura que tiene demasiadas cargas y casi la mitad cuida a diario de sus nietos. Prácticamente uno de cada cuatro octogenarios vive en soledad.

 

En España hay más de 7,7 millones de mayores de 65 años, por primera vez una cifra superior a la de los menores de 14.

La jubilación a los 70 no va a pillar desprevenidos a los mayores españoles. Ya hoy, sin que tengan que trabajar de forma obligatoria, casi un tercio de los mayores de 65 años asegura tener «demasiadas obligaciones». Otro 52 por ciento afirma tener obligaciones, aunque de forma más moderada, y sólo un 15 por ciento asegura que no tiene «nada que hacer». Entre estos deberes, destaca, sobre todo, el cuidado de los nietos, al que se ve obligado el 70 por ciento de los mayores. Son algunos de los datos que se desprenden de la Encuesta Mayores 2010, presentada ayer por la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez.

Jiménez, que inauguró en Logroño la Conferencia sobre Envejecimiento Activo, destacó que por primera vez, en España hay más ciudadanos con una edad superior a los 65 años que los que aún no han cumplido los 15, en total, 7,78 millones de personas, por lo que este segmento de la población es cada vez más significativo.

Las dos caras
La titular de Sanidad recalcó los datos más positivos, como el aumento de la esperanza de vida (que en España supera los 80 años), la mejora de las condiciones de las viviendas y la disminución del riesgo de pobreza, que ha bajado un 19 por ciento en cinco años.  Por si fuera poco, a la pregunta de «¿a qué edad se es mayor?», la mayoría responde que no depende de la edad, y la siguiente respuesta es por encima de los 70 años, es decir, en total sintonía con los planes del Gobierno para retrasar la jubilación. Con todas  estas cifras, Jiménez propuso que 2012 sea el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional.

Sin embargo, no todos los nuevos datos son tan halagüeños. Las personas mayores viven más, sí, pero a medida que envejecen se encuentran más solos. En efecto, la solidaridad entre generaciones existe. Y a la vista de los datos, a las administraciones públicas les viene muy bien. Los hijos son responsables de la mitad del cuidado que reciben sus padres cuando son mayores. Pero los padres les corresponden con otra responsabilidad que va en aumento: el cuidado de los nietos. En este ámbito casi existe paridad, pues tanto abuelos como abuelas se ven abocados a esta responsabilidad, y casi la mitad de forma diaria. Las mujeres dedican 6,2 horas diarias a hacerse cargo de los más pequeños de la familia y los hombres, 5,3 horas.

Por otro lado, y a pesar de este apoyo mutuo familiar, la soledad es uno de los problemas de los mayores que persiste, y se agrava con la edad. Mientras solo el 10 por ciento de las personas de entre 65 y 69 años vive sola, en la franja de edad de mayores de 80 años, el colectivo más vulnerable, la cifra aumenta a un 22 por ciento. Las mujeres, especialmente en las zonas rurales, son las más afectadas.

Es cierto que casi el 90 por ciento de los ancianos asegura que prefiere vivir en su casa, aunque sea solo, que en residencias o domicilios de familiares. Pero también lo es que la mayoría asegura que le gustaría que su familia  (cónyuges o hijos) les cuidara en caso de enfermedad.


Tele, radio, paseo y misa
En cuanto a las actividades de ocio, la ministra destacó los programas de turismo social del Gobierno, en los que han participado 1,4 millones de personas entre 2009 y 2010. Sin embargo, para la mayoría de los mayores (el 87 por ciento), la principal actividad de ocio es ver la televisión. Escuchar la radio, pasear y acudir a la Iglesia alguna vez por semana (el 60 por ciento lo hace) son otras actividades frecuentes de los jubilados.


ANÁLISIS
Una tabla de salvación para muchas familias
- ¿Qué papel social cumplen los mayores?
– La mayoría somos gente inquieta que no por habernos jubilado perdemos facultades y queremos participar en la sociedad. Pero, además, en tiempos de crisis, al tener pensiones seguras, en algunas familias los abuelos se han convertido en una tabla de salvación.
- ¿Qué obligaciones tienen?
– Las personas jóvenes se rigen por una estructura diferente, en la que tanto hombres como mujeres trabajan. Por eso nos hemos convertido en gestores y cuidadores. Los jóvenes recurren al padre o a la madre para ir al banco o para cuidar a los nietos, que en cuanto cogen un catarro no pueden ir al colegio.
Por Jaime Moreno, secretario del Consejo Estatal de Mayores

Fuente: larazon.es

“La ley de dependencia es una gran conquista social, pero requiere un compromiso político diario”

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, asegura que “la ley de autonomía personal es una de las mayores conquistas sociales de los últimos 20 años, pero “requiere un compromiso político diario”.

Así lo asegura en el periódico ‘cermi.es’, órgano de expresión del Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad, Cermi, en una entrevista publicada en su número del mes de mayo.

De la Vega considera que “la Ley tiene aún mucho camino por recorrer, hasta 2015”, pero para su despliegue necesita “el compromiso, la coordinación y la cooperación de las comunidades autónomas”. Un compromiso político diario que “en ocasiones no hemos visto correspondido por algunas administraciones”, sentencia.

EMPLEO Y CRISIS ECONÓMICA
En el ámbito laboral, De la Vega asevera que “la recuperación económica española también pasa necesariamente por el acceso al empleo de las personas con discapacidad”. En este sentido, destaca algunas medidas que impulsará el gobierno como nuevas modalidades de empleo con apoyo, la contratación a tiempo parcial, planes de formación y de acceso a la formación profesional.

De la Vega anuncia en la entrevista que el Ministerio de Sanidad y Política Social y el Ministerio de Trabajo pondrán en marcha “muy pronto” un nuevo programa de intermediación laboral, con el que el INEM adaptará las ofertas de empleo a los perfiles de las personas con discapacidad y podrán inscribirse de manera voluntaria todas las personas que estén interesadas.

La vicepresidenta también ha destacado que “debemos aprovechar todo el potencial que nos ofrece el sector de la discapacidad para el empleo, y por tanto, para crear riqueza, con posibilidad de ofrecer valor añadido a nuestro tejido social, con posibilidad de aportar conocimiento”.

En esta línea, ha recordado que el Gobierno ya está aplicando políticas de buenas prácticas y cláusulas sociales en todos los procesos de contratación en la Administración General del Estado. Además, en los pliegos de contratos del sector público, se aplicará la preferencia en la adjudicación a aquellas que superen el dos por ciento de los trabajadores con discapacidad.

En la entrevista, De la Vega asegura que “el compromiso, solidaridad, promoción de los derechos de ciudadanía e inclusión social son los pilares sobre los que se fundamentan nuestras políticas en el ámbito de la discapacidad”.

MEDIDAS INTERNACIONALES
La vicepresidenta anuncia, además, que el Consejo de Ministros está estudiando un Informe para adaptar toda la normativa a los principios y obligaciones de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

También ha recordado que para el semestre de presidencia española de la UE, “España ha querido comprometerse firmemente con la ciudadanía y la igualdad”. Así, considera que “la crisis internacional no puede poner en cuestión, de ninguna forma, los sistemas de protección social y la apuesta por la equidad”.

De este modo, De la Vega resalta que su objetivo es impulsar políticas europeas que garanticen la igualdad de condiciones e impulsar la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. “Porque la Europa en la que creemos no se concibe sin el bienestar y la igualdad de oportunidades de todos los que formamos parte de ella”, concluye.

A través de esta publicación, el Cermi traslada a la sociedad las actividades, propuestas e inquietudes del sector de la discapacidad. Se trata de una publicación mensual de carácter gratuito, con una tirada superior a los 50.000 ejemplares. Después de cinco años, ‘cermi.es’ se ha convertido en la publicación de referencia del movimiento social de la discapacidad en España.  Además de en papel, está disponible en la página web del CERMI, www.cermi.es.

Fuente: discapnet.es

Aguirre y la Ley de Dependencia: Sin pruebas no hay delito

Las triquiñuelas de la presidenta de la CAM están a la orden del día cuando se trata de la Ley de Dependencia. La capital sigue en los últimos puestos a la hora de aplicar los procedimientos y los tiempos de espera son récord. Sin embargo la lideresa hace folletos publicitarios en los que manipula las cifras y elimina documentos para evitar denuncias.

Mientras la comunidad de Madrid mantiene su puesto de cola en lo que ayuda a la Dependencia se refiere, en otras comunidades autónomas como la catalana, aparecen sentencias en las que sí defienden los intereses de los pacientes. Es el caso de Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) quien ha reconocido a una persona dependiente su derecho a cobrar los atrasos de la ayuda que le corresponde desde el mismo día que entró en vigor la Ley de Dependencia (el 1 de enero de 2007), aunque la solicitud de la ayuda se presentó cinco meses después (el 29 de mayo del mismo año).

La sentencia se ha recurrido y la administración catalana se defiende y argumenta que hasta el mes de abril de 2007 no se estableció un baremo para fijar los grados de dependencia, por lo que no se podía evaluar a las víctimas. En los próximos meses se sabrá si la sentencia del TSJC es firme, sin embargo la importancia del caso es la posibilidad que tienen en otras comunidades autónomas de recurrir lo que no está bien hecho.

Volviendo a la Comunidad de Madrid, hay que reconocer que pese a los alarmantes retrasos de la puesta en marcha de la Ley, el principio de retroactividad siempre se ha contemplado en el procedimiento. “Aquí el problema no es ése. Es cierto que Madrid lo contempla, sin embargo sólo se puede producir cuando la ayuda es una prestación económica, ya que una plaza en una residencia no se puede ofrecer de forma retroactiva. Son justamente las prestaciones económicas las que menos se ofrecen, con lo cual el principio de retroactividad que ampara la Ley apenas se aplica, porque saben que si lo tuvieran que aplicar bien tendrían una deuda inimaginable”, le cuenta a nuevatribuna.es la secretaria de Política Social e Igualdad de CCOO Madrid, Ana González.

Los malabares de Esperanza Aguirre a la hora de aplicar la Ley son el campo de batalla de sindicatos y de la oposición , quienes ejercen de vigilantes ante una aplicación que “se mueve en el terreno de la ambigüedad”, especifica González. Pero lo peor es que apenas hay documentación que pueda servir a los dependientes y a sus familiares para denunciar el trabajo mal hecho.

Hace seis meses este periódico se hacía eco de cómo la Comunidad de Madrid una vez que reconocía una solicitud con su respectivo grado de dependencia se lo comunicaba al enfermo por teléfono y no a través de ninguna carta o documento que lo certificara. En esa ocasión Ana González explicó que era una fórmula para poder prolongar el plazo a la hora de darle la prestación o el servicio que necesitara: “Si el dependiente no tiene un papel con la fecha en la que dice que le dan la dependencia no puede denunciar en un juzgado que la Comunidad de Madrid ha superado el plazo para darle su prestación”. Sin pruebas no hay delito.

Actualmente a las llamadas telefónicas se le ha sumado una nueva triquiñuela, y es que hasta ahora el dependiente podía declarar en un papel que tipo de servicio preferiría recibir: “Ahora ese documento tampoco existe por lo que lo tienen muy difícil para demostrar qué tipo de ayuda habían solicitado”, señala González, quien insiste: “Las posibilidades de reclamar de los ciudadanos se ven muy limitadas”.

FALSOS DEPENDIENTES

La Comunidad de Madrid sigue ocupando los últimos puestos en el desarrollo de la norma. Es la última región en número de solicitudes registradas con una media del 1,12% frente al 2,69% nacional y la penúltima en dictámenes (personas valoradas), con un 1,10%, cuando la media nacional es de un 2,34%.

Según los últimos datos del mes de abril existen 71.629 personas registradas que han hecho la solicitud de dependencia. De este número hay un total de 70.291 que han sido dictaminadas (evaluadas), de las cuales sólo 51.257 podrían recibir en estos momentos la ayuda (la prestación de dependencia se está haciendo en función de los grados y en esta primera etapa sólo se ofrecen las prestaciones a los ‘gran dependientes’). Del total que ya podrían recibir la ayuda, sólo la tienen 31.852 personas, por lo que el 40% de los ciudadanos que en estos momentos deberían gozar de una prestación, no pueden acceder a ella, pese haber realizado los pasos adecuados.

En este sentido, CCOO le exigió hace una semana a Esperanza Aguirre que respetara el plazo máximo de 6 meses que establece el Consejo de Territorialidad, en el que se obliga a que el procedimiento de solicitud de la prestación no exceda estos 6 meses. “Los procedimientos para ser valorado como dependiente y recibir las prestaciones en la región duran entre 12 y 18 meses”, nos cuenta Ana González.

Desde CCOO Madrid, su secretaria de Política Social e Igualdad, también solicitó a la Comunidad de Madrid que retirara “de inmediato” los folletos donde Aguirre presumía aplicación de Ley de Dependencia: “Publicitaba que más de 115.000 personas reciben teleasistencia, mientras que los datos oficiales señalan que son 1.457 las personas dependientes beneficiaras. En cuanto a la ayuda a domicilio el panfleto afirmaba que la reciben más de 75.000 personas frente a las 2.936 oficiales y 45.000 plazas residenciales y centros de día cuando los datos oficiales registran 22.812 personas dependientes beneficiarias de estos servicios”, explica González, quien además recuerda que estos datos son de atención en el ámbito de servicios sociales y no de atención a la dependencia: “Son los mismos datos que el propio Gobierno publicó en el año 2007 lo que lleva a pensar que la Comunidad de Madrid no ha realizado ningún esfuerzo extraordinario tal y como nos quiere hacer creer, más bien han utilizado datos de personas que ya eran atendidas en servicios sociales enmascarándolos como nuevos dependientes”.

Fuente: nuevatribuna.es

Laura Mañá retrata con humor en ‘La vida empieza hoy’ el buen sexo en la tercera edad

A la gente que practica el buen sexo le brillan la piel y los ojos. Esta no es la conclusión de ningún peregrino estudio científico sino el mensaje de La vida empieza hoy, una digna y simpática comedia firmada por Laura Mañá (Barcelona, 1968), donde se reivindica que nuestros abuelos también hacen el amor. La película se presentó ayer en el marco más idóneo para ello: el Festival de cine español de Málaga, que adora las propuestas comerciales que arrancan sonrisas al público.

Laura Mañá (Sexo por compasión, Morir en San Hilario) es una mujer desenvuelta que cuando tenía 15 años ya vendía mecheros para pagarse las vacaciones. Actriz, directora y madre de dos hijos, decidió volver a echar la mirada a las personas mayores, esos grandes olvidados de la sociedad y del cine. Su objetivo fue dar solución a una incómoda pregunta: ¿Los mayores todavía hacen el amor?, algo que no hace mucho contestó el director alemán Andreas Dresen en El séptimo cielo, infinitamente más cruda que la película de Mañá pero con un mensaje de fondo similar: somos sexuales desde que nacemos hasta que morimos.
La cineasta barcelonesa acudió a unas clases de sexo para mayores. Y allí descubrió la ignorancia brutal de muchas alumnas. Inspirándose en esa experiencia, se puso a escribir el guión de La vida empieza hoy, donde Rosa Maria Sardá da vida a la profesora, y Pilar Bardem, a una viuda amargada que no ha tenido un orgasmo en toda su vida.

DESNUDANDO A BARDEM / La cinta muestra mucha carne, pero sin ánimo de provocar. «He intentado ser exquisita en el tratamiento del sexo. Podía haber hecho un drama, pero he hecho una película de sensaciones con un mensaje optimista. Quiero arrancar sonrisas al público porque me da la impresión de que está aburguesado», reflexionó la directora. «Hagamos el amor y no la guerra», concluyó Bardem, orgullosa de que a sus 69 años una cineasta la haya desnudado.

Un reciente estudio de la Fundación Alternativas aseguraba que los extranjeros aprecian el cine español porque es variado, algo que no se termina de creer el público. Efectivamente, el Festival de Málaga demostró ayer que sí lo es. La siguiente película de la jornada, lejos de ser una comedia, fue un interesante e inclasificable filme (quizá thriller es lo más adecuado) titulado Rabia, que se estrena en salas el 28 de mayo.
El director Sebastián Cordero (Quito, 1972) adapta una novela para narrar la relación entre Rosa (Martina García), una inmigrante que trabaja para un matrimonio en un escalofriante caserío de Euskadi, y su novio, al que da vida Gustavo Sánchez Parra, que adelgazó 13 kilos para el papel. El reparto se completa con Concha Velasco, Xavier Elorriaga y Álex Brendemühl. Detrás del proyecto está Guillermo del Toro, que ya trabajó con Sebastián Cordero en Crónicas, premiada en el Festival de Sundance.

La economía sumergida permite a las rumanas capear mejor la crisis

Muchas empleadas domésticas son rumanas y cobran por horas.

Las mujeres rumanas capean mejor la crisis que sus compañeros varones, --muchos de ellos dedicados hasta la fecha a la construcción-- debido a la posibilidad que tienen ellas de trabajar limpiando casas en la economía sumergida, un sector desregulado en el que aún existe trabajo. Aunque la competencia es feroz, máxime porque ahora hay menos ofertas de trabajo en el servicio doméstico y muchas personas que necesitan urgentemente trabajar.

Aunque se puede aplicar a todos los trabajos es un particular vía crucis en el colectivo de rumanas, que consiguen sobrevivir en dura competencia con sus propias compatriotas trabajando dentro de la economía sumergida como empleadas del hogar: por horas limpiando casas. La clave es sencilla y muy antigua: cobrar menos de lo que piden las demás. De esta forma han rebajado el precio hasta alcanzar la irrisoria cifra de tres euros la hora. Todo lo que sea necesario para lograr empleo y poder enviar dinero a casa.

Así de contundente y desencantada se expresa Angela Placsintar, presidenta de la Asociación de Inmigrantes de Países del Este (AIPE). “Muchos ciudadanos de Rumanía aguantan aquí la crisis porque si regresan, allí está peor, pero otros muchos se van. Aquí no pueden sobrevivir”, indica.

PRECIO EMOCIONAL ALTO // Una de las causas por las que vuelven a casa es el alto precio emocional que pagan. “Psíquicamente es muy difícil la situación, explica Plasintar. Estás fuera de tu hogar, allí tienes a tus hijos y te pierdes cómo crecen... y la situación aquí es mala”. Además, “tenemos un problema. Se roban el trabajo unas a otras y en el servicio doméstico hay conflictos entre las nuevas que llegan y que rebajan el precio hasta tres euros la hora y las antiguas. Y pierdes dinero o el trabajo”, matizó Placsintar.

¿Porqué aunque se conoce de la existencia del "trabajo sumergido", nadie hace nada para evitarlo? Conocemos que hay crisis. Sabemos que en el futuro no habrá garantías para cobrar las pensiones (algunos dicen que hablamos de 25 años). Aún así, muchas personas prefieren trabajar sin contrato, sin darse de alta en la Seguridad Social; incluso muchas de estas personas, están recibiendo ayudas del Gobierno y prefieren que se les pague en negro, para no perder estas ayudas.

¿Para cuándo se va a regularizar la situacion de las empleadas de hogar?

Formación sobre prevención de conducta suicida en mayores

La población en edad geriátrica presenta un mayor riesgo de suicidio que la población general y los intentos de suicidio en las personas de más de 65 años suelen ser más letales que en personas jóvenes. La mayor incidencia de suicidios consumados en la población geriátrica y el mal pronóstico de los casos de depresión en ancianos hace conveniente desarrollar estrategias preventivas y de temprana intervención.
Dentro de las actividades puestas en marcha por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid como desarrollo de las acciones del Plan Estratégico de Salud Mental 2010-2014, el doctor Jose Luis Ayuso Mateos, catedrático de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid y médico adjunto del Hospital Universitario de La Princesa, dirige un programa de formación para profesionales de salud y otros agentes sociales en la prevención y detección de riesgo de conducta suicida en personas mayores dada la mayor incidencia de suicidios consumados en este grupo de edad. 

Esta inicativa  formativa está dirigida a profesionales sanitarios y otros agentes sociales que trabajan con personas mayores en la Comunidad de Madrid y tiene como objetivo principal incrementar la capacidad de detección y prevención de la conducta suicida en este grupo de edad, entrenando a los profesionales sanitarios y no sanitarios en contacto con esta población en la identificación, manejo y posible derivación de los pacientes con riesgo de suicidio o intentos autolíticos.

El programa de actividades, que organiza la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario de La Princesa se oferta al personal de residencias geriátricas, hospitales y centros de día, así mismo a otros agentes sociales como los encargados del apoyo domiciliario, asociaciones de ayuda,  y en general a todos aquellos que se ocupan del cuidado de este grupo de población.

El PSM interpondrá 36 reclamaciones de fallecidos esperando la Ley de Dependencia

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, anunció hoy que los servicios jurídicos del PSM interpondrán esta semana un total de 36 reclamaciones judiciales por responsabilidad patrimonial contra la Comunidad de Madrid correspondientes a personas fallecidas mientras esperaban recibir las prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia. 

Durante la rueda de prensa al término de la Ejecutiva del PSM, Gómez hizo balance de las acciones judiciales llevadas a cabo por parte de los servicios jurídicos del partido atendiendo a ciudadanos a través de las plataformas creadas ad hoc para este cometido. En total, explicó que se han presentado 295 reclamaciones administrativas y se han abierto 486 expedientes. 

"A cada vez que ponemos una reclamación, la Comunidad suele reaccionar y suele agilizar la deuda o los trámites pendientes. Por lo tanto, más de la mitad de las reclamaciones han tenido un resultado positivo para los reclamantes", manifestó Gómez. 

Asimismo, señaló que ya son 31 demandas judiciales las interpuestas, a las que se sumarán esta semana 36 reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la Comunidad de Madrid. "Son personas que han recibido la valoración de su grado de dependencia en 2007 pero que han fallecido entre 2009 y 2010 y no han recibido ni un solo derecho ni una sola prestación a las que está obligada la Comunidad de Madrid en función de una Ley que es aplicable a todo el territorio nacional", destacó.

 

Fuente: europapress.es

La Fiscalía toma medidas para frenar el aumento de los timos a ancianos

La Fiscalía General del Estado ha detectado en los últimos años un incremento de los timos a los ancianos por parte de sus familiares y cuidadores. Esta realidad, agudizada por la crisis, ha llevado al ministerio público a intensificar la protección de este colectivo a través de una serie de medidas: más visitas de inspección a las residencias; un llamamiento a notarios, médicos y asistentes sociales para que conecten con la fiscalía a la menor sospecha y una vigilancia especial sobre los cuidadores de los ancianos, sobre todo si son ajenos a la familia, que incluye en determinados casos la inspección de su patrimonio y cuentas corrientes. Un mínimo de dos fiscales atienden en cada provincia estas actuaciones.

La mayor esperanza de vida -77,7 años para los hombres y 84,1 para las mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2008- y la prevalencia de enfermedades incapacitantes en el último tramo de la vida -en España hay contabilizados más de 800.000 enfermos de alzhéimer, el 65% de ellos, mujeres- son factores que multiplican el riesgo de expolio en el colectivo de los mayores. Según fuentes de la Fiscalía General, la enfermedad discapacita a los ancianos y merma sus facultades mentales, lo que les convierte en presa fácil de abuso por parte de sus cuidadores. Los notarios han observado en los últimos años un mayor número de irregularidades en donaciones y testamentos. A este colectivo profesional le aconseja la Fiscalía que se entrevisten a solas con el anciano para corroborar que es consciente de la donación, se halla en pleno uso de sus facultades y no ha sido objeto de engaño.

El otro factor de riesgo se deriva de los cuidados que necesitan los ancianos discapacitados y los largos años que pueden vivir postrados. Esta circunstancia exige su ingreso en residencias especializadas, o si deciden seguir en sus domicilios, un acompañamiento constante, por lo que las hipotecas inversas -la vivienda a cambio de cuidados- se han generalizado y el patrimonio de la tercera edad se ve cada día mermado. Ambos factores, añaden las citadas fuentes, están haciendo desaparecer en la práctica la legítima -la parte estipulada por ley para los hijos en las herencias- lo que "genera gran nerviosismo en las familias y contribuye a la picaresca".

La juez Rocío Pérez Puig, secretaria del Foro Justicia y Discapacidad y miembro del Consejo General del Poder Judicial, comparte la constatación de los fiscales: "El expolio económico de los ancianos se da más en las familias que en las residencias. Equivocadamente, los hijos creen que heredar es un derecho".

En unas recientes jornadas organizadas por este Foro, se evaluó una experiencia pionera llevada a cabo por la fiscalía de la Comunidad Valenciana durante el pasado año. Los representantes del Ministerio Público en esa comunidad extremaron el control sobre los ancianos y su entorno y animaron a todos los colectivos sociales que los rodean a alertar ante la policía o la fiscalía por cualquier posible anomalía.

También se facilitó el mecanismo de denuncia: "Es suficiente con un aviso verbal", dice el protocolo de actuación de los fiscales. El plan dio buenos resultados. La inspección de las cuentas corrientes de los mayores y sus cuidadores -datos obtenidos tras requerir a Hacienda- demostró un elevado número de casos en los que la pensión del anciano se transfería a la cartilla del cuidador sin conocimiento del pensionista. También aumentó el seguimiento de quienes fueron designados para actuar en nombre de los mayores. Les fue exigida rendición de cuentas como a cualquier tutor legal.

En la Fiscalía General tienen la convicción de que dicho plan ha aumentado la protección a los más desvalidos, por lo que han decidido extender el plan experimental de la Comunidad Valenciana al resto de las autonomías.