Nadie duda de que la protección de las personas en situación de dependencia va a suponer un importante esfuerzo económico. Quizá por ello, en la memoria justificativa de la Ley de Dependencia, se aludía a la vertiente de inversión que la misma suponía. Efectivamente, se consideraba que en el análisis del nuevo Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), no solo había que tener en cuenta el gasto derivado de la protección dispensada sino también el fomento de la creación de empleo que supondría. De esta manera, se reduciría el coste final al producirse retornos en términos de menor coste social y mayor recaudación fiscal. Incluso, en algún momento de excesivo optimismo, se consideró que los retornos podrían alcanzar los dos tercios del coste global.
Según los cálculos efectuados por el Libro Blanco de la Dependencia, el empleo existente dedicado a atender a personas dependientes ascendía, en 2004, a 89.500 trabajadores, previendo que para 2008 el empleo necesario se elevaría hasta los 331.847 puestos de trabajo. De ser ciertas estas previsiones se habrían creado el presente año 169.643 nuevos empleos en este sector. Ahora bien, ¿quién podría o, simplemente, se atrevería a confirmar estas previsiones?.
Conocemos las dificultades objetivas existentes para que las previsiones del Libro Blanco puedan, alguna vez, ser realidad. En efecto, aún no existiendo estudios unívocos referidos tanto al coste real del SAAD como a su incidencia en la creación de empleo, se considera que para que este efecto beneficioso se produzca sería necesario un intenso programa de inversiones notablemente superior al previsto, que debería triplicarse en tan solo cinco años, pasando del actual 0,3% al 1,5% del Producto Interior Bruto, que es lo que dedican a dependencia otros países europeos de similar desarrollo económico que el nuestro.
Superada esta, a día de hoy, importante dificultad, se supone que el Sistema de Atención a los Dependientes podría liberar a un elevado número de mujeres de la carga que implica la atención directa de las personas dependientes, lo que, a su vez, les permitiría incorporarse al mercado de trabajo. Sin embargo esta, a priori, lógica conclusión, puede entrar en colisión con la realidad social de buena parte del colectivo de las cuidadoras que, al ser mujeres con una edad media 52 años, tienen difícil, cuando no imposible, la integración laboral.
Por otro lado, la supuesta creación de empleo pasa, como algunos autores han puesto de manifiesto, por desplazar esta actividad hacia mano de obra inmigrante, por lo que volverían a ser las mujeres quienes en mayor medida sigan llevando a cabo esta labor. De consolidarse esta circunstancia, buena parte del empleo creado sería ficticio en cuanto supondría más afloración de economía sumergida que creación neta de empleo.
Como puede comprobarse son muchos los factores que cuestionan o dificultan el cumplimiento de las previsiones del Libro Blanco, tanto en la creación de empleo como en la mejora de oportunidades para las mujeres, hasta el punto que podría considerarse que hoy día constituyen más mito que realidad.
A la vista de las dificultades expuestas cabe plantearse si debemos renunciar a estos objetivos, y la respuesta, hoy más que nunca, debe ser negativa. Se podrá crear empleo si se opta por implantar un modelo de gestión del SAAD coherente con las previsiones de la propia Ley de Dependencia y se afronta la formación y cualificación de profesionales y cuidadores informales.
Por lo que se refiere a la primera cuestión, se tendrían que ir priorizando, paulatinamente, las prestaciones técnicas, es decir, los servicios profesionalizados, sobre las prestaciones económicas. No deberíamos caer en la tentación de simplificar el Sistema y reducirlo a la mera gestión asistencial de una prestación económica, aún cuando esta solución haya alcanzado un cierto grado de conformidad entre las familias con personas dependientes a su cargo, porque ello supondría renunciar al modelo de atención integral y de calidad pretendido por la Ley de Dependencia y, en consecuencia, a la creación de empleo.
La segunda importante cuestión es la referida a la formación y cualificación de profesionales y cuidadores informales. La ley la contempla en su articulado, pero aún no ha sido desarrollada por las Comunidades Autónomas. Cuando se aborde esta materia deberían tenerse en cuenta las diferentes características de los intervinientes en el proceso. Es decir, debe distinguirse entre los familiares cuidadores que lo son con carácter temporal, las personas que se dedican profesionalmente a esta función en el seno del hogar y los prestadores externos de servicios, porque, dado que la exigencia no puede ser la misma, tampoco la formación (en algún caso, solo para poder prestar apoyo) y cualificación profesionales podrán ser idénticas.
A nadie debería extrañar la dificultad que está suponiendo la puesta en marcha de la Ley de Dependencia. Estamos ante la implantación de un Sistema de una envergadura similar a la del Sistema de la Seguridad Social, cuyo reto, quizá por un exceso de carga política, no fue valorado adecuadamente. Ahora, con la Ley aprobada y los posibles beneficiarios llamando a la puerta, no cabe sino intentar hacerlo bien, vista la importancia de los objetivos a conseguir y de los costes a soportar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario