La puesta en marcha en las Comunidades autónomas de la Ley de Dependencia del Gobierno va a suponer sin dudas un cambio importante en la atención a las personas dependientes. Tanto que para su aplicación la Consejería de Bienestar Social procederá en las próximas semanas a contratar a 255 profesionales del sector. Esta nueva ley, que aunque entró ayer en vigor, sus primeros efectos tardarán aún meses, supondrá una inversión total de 1.200 millones de euros hasta la culminación de la última fase en 2015.
El consejero de Bienestar Social, Tomás Mañas, se ha encargado de explicar los pormenores de la ley y las etapas por las que pasará. Respecto a las contrataciones ha precisado que los 255 profesionales que van a ser contratados tendrán como cometidos principales reforzar los servicios de valoración del nivel de dependencia de los eventuales beneficiarios y fortalecer los servicios de base de mayores y discapacitados. Antes de que la ley tenga una aplicación efectiva, se deberá constituir el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para lo cual hay un plazo máximo de tres meses.
A partir de la fecha de la aprobación del citado Consejo Territorial, en el que estarán representados el Estado y las Comunidades Autónomas, habrá otro plazo de tres meses, con fecha tope de 30 de junio, para aprobar los reglamentos que fijen las nuevas baremaciones, condiciones de acceso, cuantía de las prestaciones y ayudas económicas para los cuidadores de los dependientes.
El titular de Bienestar Social ha recordado que la ley tiene tres etapas hasta 2015 y que su aplicación estará que función del grado de minusvalía, por lo que los primeros beneficiarios lo serán ya en este 2007 y afectará a los denominados 'grandes dependientes', o de nivel 3.El Gobierno regional calcula que en Castilla-La Mancha hay unas 10.000 personas con grandes dependencias físicas o psíquicas, es decir, aquellas que no pueden por si solas valerse para realizar las tareas básicas de la vida cotidiana, como vestirse, comer, caminar, etc. No obstante, Mañas ha indicado que buena parte de estos 'grandes dependientes' de la región tienen las necesidades cubiertas en centros o residencias especializados y que solo entre 1.000 y 1.500 están atendidos en sus casas.
Para estos, la ley prima su atención en centros o residencias, por lo que su atención domiciliaria será 'lo último', porque la calidad asistencial es mejor en el primero de los casos, ha dicho a preguntas de los periodistas.El segundo nivel de aplicación de la ley entrará en vigor en el 2008 y se prolongará hasta el 2011 para aquellas personas que tengan una 'dependencia severa' y en el periodo comprendido entre 2012 y el 2015 estarán incluidos los clasificados como 'dependientes moderados'.
En total y hasta el total cumplimiento de la ley de Dependencia en Castilla-La Macha se podrán beneficiar entre 55.000 y 70.000 personas y a lo largo de este periodo se van a invertir de forma extraordinaria entre el Estado y el Gobierno de Castilla-La Mancha un total de 1.200 millones de euros hasta el 2015. Para este año la inversión será de 390 millones de euros, y en este sentido Mañas ha adelantado que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales transferirá al Gobierno regional un total de 21 millones de euros para 2007, que se suman a otros 21 que aportará la Junta para personas dependientes, así como los 255 millones de euros para las personas mayores y los 92 para los discapacitados.Este dinero servirá para ampliar el número de residencias de mayores y discapacitados y centros especializados para las personas dependientes.Actualmente, en la comunidad autónoma hay unas 10.500 plazas en residencias para mayores, además de la nueva oferta que se completará con las previstas en localidades como Mora, Illescas, Sonseca, Bargas, Corral de Almaguer, Cuenca, San Clemente, Mota del Cuervo, La Solana, Villarrobledo, Hellín, Sigüenza y Guadalajara, entre otras. Con atención domiciliaria figuran en la región unas 23.000 personas y otras 27.000 reciben la ayuda de la teleasistencia, mientras que para discapacitados existen unas seis mil plazas en centros de día, residencias especializadas y viviendas tuteladas. La oferta se va a ampliar con nuevas residencias en Abenjibre, Hellín, La Solana, Cuenca, San Clemente, Talavera de la Reina, Toledo y Ciudad Real.
Mañas ha asegurado que Castilla-La Mancha ya tiene 'gran parte' del trabajo hecho y ha recordado que nuestra comunidad se encuentra entre las primeras en disponer de recursos para estos colectivos y que, por tanto, nada tiene que envidiar a otras regiones como País Vasco o Navarra.En este sentido ha indicado que la ratio de cobertura para dependientes esta en Castilla-la Mancha en un veinte por ciento, cuando la media nacional ronda el 12 por ciento, ha indicado el consejero.Aunque la ley marca un plazo máximo de seis meses para aprobar la nueva baremación, el consejero ha aventurado que en abril podría estar lista para comenzar a aplicar esta norma, que a juicio de Mañas marcará 'un antes y un después en los servicios sociales de España'.
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