Discriminacion ante las residencias privadas

La patronal privada de residencias para la tercera edad denuncia "discriminación" y afirma que "ahorra dinero al Estado"

La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), que aglutina al sector privado de residencias de la tercera edad, afirmó hoy sentirse "discriminada" porque, a pesar de que sus centros "ahorran dinero al Estado", la Ley de Dependencia "no tiene previsto ayudar a las personas que residen en ellos", según confirmaron a Europa Press fuentes de la FED. Desde la FED señalaron que la nueva legislación establece que "si una persona se encuentra atendida en una residencia privada, no le llegará ayuda", al contrario que si está atendida en su hogar o se encuentra en una residencia pública. Las mismas fuentes indicaron que "quedan por aclarar los baremos que se utilizarán para establecer el copago".

La Federación denunció que las personas que residen en sus residencias "están también discriminadas, porque han cotizado como todos a la Seguridad Social". La Ley de Dependencia define la figura de 'cuidador habitual', a la que podrán acogerse para recibir fondos públicos las personas que "lleven muchos años de convivencia con el enfermo". Pero, para la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia, "no es posible saber si el cuidador es alguien adecuado", además de que "no está establecido cómo se controlará que el dinero que reciba lo empleará en regularizar su situación, como exige la ley". El presidente de la patronal de residencias de la tercera edad, José Alberto Echevarría, denunció hoy a través de comunicado que las residencias privadas de tercera edad todavía "desconocen los criterios que se van a tener en cuenta" para la concesión de fondos por parte de la Administración en el marco de la recientemente aprobada Ley de Dependencia. Según indicó, "se han de conocer las necesidades y en función de ellas aplicar los recursos de forma lógica", pero consideró "no muy grandes" los recursos previstos de 400 millones de euros para el año 2007.

El presidente de la FED puso de relieve que se desconocen los criterios de concertación de centros, así como que "cada administración pública dice una cosa distinta, y eso deja muy preocupado".