El Tribunal de Cuentas ha constatado la existencia de diferencias en la prestación de servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia a mayores y personas dependientes que ofrecen las distintas diputaciones provinciales españolas, según consta en un informe aprobado el pasado 25 de Enero al que tuvo acceso Europa Press.
Se trata de aquellas prestaciones domésticas que se realizan de forma cotidiana en el hogar relacionadas con la alimentación, vestido y limpieza, entre otros, así como el servicio que se presta a través de la línea telefónica para caso de crisis de angustia y soledad, caídas o emergencias sanitarias. El Tribunal de Cuentas denuncia también la existencia de irregularidades y anomalías en los contratos existentes con las compañías que prestan los servicios e insta a las distintas administraciones que adopten las medidas necesarias, "máxime cuando puedan suponer incumplimientos de la legislación vigente".
Precisamente el Gobierno se ha fijado el compromiso de presentar este año un proyecto de Ley que regule la creación de un Sistema Nacional para la atención a personas dependientes, con el objetivo de que se convierta en una prestación universal y equitativa, con independencia de la comunidad autónoma en la que resida. De hecho, a partir del análisis de la normativa autonómica, el Tribunal de Cuentas detecta "importantes diferencias" en lo que se refiere al grado de implantación, contenido, calificación, costes, imputación presupuestaria y soporte normativo, así como desigualdades específicas respecto al coste, intensidad y contenido de las prestaciones.
Asimismo, algunas normas autonómicas prevén la obligatoria gratuidad del servicios a favor de los usuarios y otras exigen una contraprestación (variable según las circunstancias) por parte de los mismos. "Estas circunstancias se traducen en una diferenciada satisfacción de las necesidades sociales", subraya el informe.
Contratos
En lo que se refiere a los contratos, esta institución detecta irregularidades como la ausencia de ordenanzas reguladoras, falta de constancia de las prescripciones técnicas de la contratación, ausencia de control en la ejecución de los contratos. Es más, los sistemas de control en ocasiones no dan constancia de la realización de actuaciones (aún de forma aleatoria) para comprobar si los servicios realmente se prestan, la veracidad de las facturas presentadas y la calidad de prestaciones tales como el vestido, aseo, comida, control de medicación y acompañamiento. Anomalías similares se detectan en los convenios de teleasistencia. Por todo ello, el Tribunal de Cuentas realiza una serie de recomendaciones como la realización de estudios e informes dirigidos a controlar la realidad sobre la que se va actuar o la participación de otras administraciones locales para el control y seguimiento del contrato de gestión. En la misma línea, considera que se deben arbitrar procedimientos de control suficientes que permitan verificar la ejecución de los contratos, el número de personas atendidas, los profesionales, las horas empleadas, entre otros aspectos.
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