La formación, ayer, del Consejo Territorial de Dependencia suscitó todo tipo de críticas, y alguna comparación al presupuesto que el Gobierno destinará a la ley en su primer año de aplicación.
Desde el Ayuntamiento de Madrid se puso de manifiesto que la cantidad que la Comunidad de Madrid pondrá durante este ejercicio a la atención de grandes dependientes ya iguala lo presupuestado por el Ministerio de Trabajo, 400 millones de euros, en toda España. Es más, si se suma esa cantidad a la que aporta el consistorio de la capital, 37 millones, se obtiene que sólo en esta región se destinarán más fondos a atender las necesidades de ancianos y discapacitados muy dependientes. Según informaron a LA RAZÓN fuentes de la Concejalía de Empleo de la capital, la Ley de Dependencia se implantará «de forma paulatina, por lo que su primer año de vigencia, 2007, sólo atenderá a los denominados grandes dependientes», personas que por su situación personal necesitan atención o supervisión de otras personas a diario.
Ana Pastor, secretaria de política social del PP, mostró por su parte la oposición de su partido a la composición del Consejo Territorial, «que no es tal, porque impone una mayoría de miembros del Gobierno, por lo que se hará lo que diga el ministro, vulnerando además la ley de órganos de cooperación». Según la ex ministra «popular», «el presupuesto destinado a la ley es pírrico, porque en España hay 800.000 personas grandes dependientes y, si el gasto está estimado en unos 10.000 euros al año, la cantidad necesaria serían 8.000 millones».
En la reunión inaugural de ayer se decidió el sistema bajo el que se regirá el Consejo.
No hubo ningún voto en contra, ya que los delegados autonómicos del PP se negaron a participar, al considerar «abusiva» la representación del Gobierno. La consejera de Bienestar valenciana, Alicia de Miguel, señaló incluso que estudiarán «acciones jurídicas». El Consejo Territorial estará compuesto por 11 representantes del Gobierno, 17 de las CC AA, 2 por Ceuta y Melilla y otros 2 por los municipios, representados en la FEMP. Las decisiones se tomarán por doble mayoría: simple y de las CC AA. El PP, por contra, exige que el Gobierno tenga 3 miembros y que las decisiones se tomen por unanimidad. La ley, que se aplicará en abril, establecerá un baremo para determinar el grado de dependencia, según la propuesta presentada ayer por Jesús Caldera y que ya había sido pactada con todas las comunidades. Cada beneficiario será evaluado por un tribunal que asignará una puntuación de entre 25 y 100 puntos, que determinará seis niveles, en función de la autonomía de los pacientes y de los cuidados que precisen. Los interesados podrán solicitar la evaluación a domicilio, que tendrá revisiones semestrales. Los menores de tres años tendrán un sistema de evaluación propio. El baremo distingue entre discapacidad física, psíquica, mental e intelectual. Se valorarán la «capacidad para comer y beber», regular la propia «micción y defecación», cuidados corporales, vestirse, el cuidado de la salud propia, sentarse, tumbarse o ponerse en pie, desplazarse dentro y fuera del hogar y tomar decisiones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario