El Consejo de Ministros aprueba el primero de los decretos que permitirá la aplicación parcial de la ley de Dependencia.
El baremo que mide el grado de dependencia de las personas con dificultades para valerse por sí mismas, y del que dependerá el nivel de asistencia que se les prestará, podrá empezar a aplicarse en los próximos días. El Consejo de Ministros aprobó este viernes el decreto que permitirá que la Ley de Dependencia comience a llegar a los ciudadanos, siquiera de manera parcial. “Sabemos que tienen prisa lógica y legítima por beneficiarse de la ley”, subrayó la vicepresidenta, Mª Teresa Fernández de la Vega.
El baremo es el ‘interruptor’ que pondrá en marcha del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD). Una vez se publique en el BOE, este sábado o en los primeros días de la semana próxima, los servicios sociales de las comunidades autónomas empezarán a evaluar a todos los ciudadanos en situación de dependencia que lo soliciten, aunque a lo largo de 2007 sólo recibirán ayuda y prestaciones los que sean catalogados como ‘grandes dependientes’, unos 200.000 en todo el Estado. El trámite no comenzará a la vez en todas las comunidades autónomas, encargadas de aplicar la ley y de cofinanciar su coste a partes iguales con el Gobierno. Algunas, caso de Asturias, han anunciado que empezarán en cuanto el decreto llegue al BOE, pero otras esperarán a que el Consejo Territorial del Sistema de Dependencia – Gobierno central y autonómicos- apruebe en las próximas semanas otros dos decretos cruciales, el catálogo de prestaciones y servicios, y el que regulará el copago, la parte de la factura que le tocará pagar al usuario según su nivel económico. Sin ellos, por mucho que un ciudadano obtenga su certificado de dependencia, difícilmente recibirá las ayudas o asistencia que se le prescriba. Las autonomías partidarias de demorar un poco la evaluación técnica pretenden evitar que, pasado el primer trámite, los dependientes tengan que esperar a recibir las prestaciones o las ayudas económicas a que sean acreedores. Otras creen que para cuando terminen de evaluar a sus ciudadanos los dos decretos estarán ya aprobados y no habrá interrupciones en la aplicación de la Ley de Dependencia. En un caso como en otro, es muy probable que los ciudadanos tengan que armarse de cierto grado de paciencia.
“Sabemos que la ley está generando muchas expectativas y esperanzas para muchas familias”, y los ciudadanos tienen “prisa lógica y legítima por beneficiarse de ella”, recalcó Fernández de la Vega.
Igualdad de criterios
El baremo hoy aprobado permitirá determinar quién es dependiente en qué grado, con criterios idénticos en todas las comunidades autónomas. Establece una puntuación de 25 a 100 puntos y, por tramos, cataloga los problemas y nivel de dificultad que tienen las personas –mayores con achaques, discapacitados o enfermos- para valerse por su cuenta en las actividades diarias. El catálogo valora aspectos como comer y beber, las necesidades fisiológicas, el aseo y cuidado personal, desplazarse dentro y fuera de la vivienda, etc.
La evaluación hará especial hincapié en las discapacidades intelectuales y mentales. Y tras el examen, el veredicto: tres grados de dependencia con dos niveles de gravedad cada uno.
- Dependencia moderada si obtiene entre 25 y 49 puntos;
- Dependencia severa, si la puntuación oscila entre 50 y 74 puntos.
- Grandes dependientes, los peores casos, entre 75 y 100 puntos, que serán los únicos beneficiarios este año.
Los demás se incorporarán de manera gradual al Sistema de la Dependencia entre 2008 y 2015.
El baremo se someterá a revisión dentro de un año por si necesitara retoques o mejoras. Incluye un capítulo específico para menores de tres años, que comparará su nivel de autonomía en relación a niños sanos de su misma edad, y que prevé revisiones de oficio cada seis meses antes de pasar al régimen general. Para solicitar una evaluación de dependencia a los servicios de bienestar social y familia de cada comunidad los usuarios deberán acompañar el formulario específico con el DNI, un informe médico de salud y certificado de empadronamiento.
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