El “cuarto pilar del estado del bienestar” anunciado en su día por el Ejecutivo de Zapatero bombo y platillo, o sea la Ley de Dependencia, hace aguas entre un baile de confusas cifras sobre el número total de dependientes y la falta de plazas y recursos económicos para atenderles.
La Ley de Dependencia fue aprobada el 30 de noviembre de 2006 y el pasado 20 de abril se dio luz verde en Consejo de Ministros al decreto en el que se fija el baremo estatal por el que se regirá. Todo ello sin conocer a ciencia cierta cuántos dependientes hay en España y su grado de dependencia (total, severa o moderada). Además, el Gobierno tan sólo aporta 1 de cada 4 euros de la nueva inversión que contempla la ley.
Un informe del Instituto de Estudios del Capital Social (INCAS) de la Universidad Abat Oliba CEU, Análisis de suficiencia económica de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, viene a constatar la confusión o el engaño con que el Gobierno ha puesto en marcha una ley que difícilmente cubrirá las expectativas que despertó en su presentación.
Confusas cifras
Como dice el informe, “las previsiones que se presentan sobre el número de dependientes y su distribución según la importancia de la discapacidad no están justificadas. Algo parecido sucede con los costes y con las previsiones financieras”.
“el problema está en el fundamento: las grandes y poco comprensibles discrepancias sobre el número de discapacitados”, dice el estudio del INCAS.
Las diferentes opciones que permiten analizar el baile de cifras según la fuente de la que provienen los datos. La opción ‘A’ se refiere a la Memoria de la Ley del Gobierno, en el apartado que utiliza para las previsiones económicas; la ‘B’ contempla los datos del estudio Longevidad y Dependencia en España (1999) de la Fundación BBVA; en ‘C’ se puede ver una proyección para 2005 del mismo estudio del BBVA; ‘D’ se refiere al Informe de Estrategia de España en relación con el futuro sistema de pensiones que el Ministerio de Trabajo envió en 2005 a la Comisión Europea con datos de 1999. Por último, en ‘E’ se muestran los datos, también de la Memoria de la Ley, en el apartado de impacto en función del género, de 1999.
El Gobierno hace servir para sus cálculos la Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud (EDDES). Así, en el estudio de previsión económica para la Ley considera que en España hay 565.111 personas con dependencia total o severa y 1.125.191 si se suma a quienes tienen dependencia moderada.
Misma fuente, casi el doble
Sin embargo, en la misma Memoria de la Ley, en el apartado de impacto de género, las cifras se incrementan hasta 841.886 personas con gran dependencia o dependencia severa y hasta 2.071.690 si se añaden las personas con dependencia moderada.
Partiendo de la misma fuente, el Gobierno presenta en este caso una cifra total de dependientes que casi dobla la anterior.
“La confusión sobre el número y grado de personas dependientes entre la Memoria de la Ley se extiende al ‘Informe de Estrategia de España en relación con el futuro del sistema de Pensiones’ (2005) enviado a la Comisión Europea, pese a que la autoría de los dos corresponde al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”, denuncia el informe del INCAS
BBVA, al alza
Los errores o engaños del Gobierno se hacen todavía más palpables cuando se observan las cifras del estudio del BBVA y su proyección para 2005 (columnas ‘B’ y ‘C’).
El estudio basado en los datos de 1999 ya situaba una cifra de dependencia total y dependencia severa de 1.431.202, más del doble que el Gobierno con datos previstos para 2005. Y la proyección del BBVA para 2005 multiplica por tres la cifra calculada por el Ejecutivo de Zapatero para estos dos tipos de dependencia.
Falta añadir que los cálculos del Gobierno hacen referencia a toda la población en 2005 a partir de los 6 años, mientras que el BBVA sólo incluye a los adultos a partir de los 65 años, lo que añade un plus adicional a las diferencias ya señaladas en cuanto al total de dependientes en España.
Sin plazas ante la demanda
De los dos modelos de ayudas a la dependencia que se utilizan, a las familias o ayudas externas, el Gobierno se ha decidido por este último, con dos opciones, los centros de día y las residencias, o las ayudas a domicilio. Los centros de día y residencias, por resultar más económicos, son la opción elegida.
Sin embargo, es una evidencia que actualmente no hay suficientes plazas para atender la gran demanda, sobre todo si se tienen en cuenta las cifras que doblan las previsiones del Gobierno; y la ley dice que las ayudas se han de empezar a hacer efectivas este mismo año.
Y con poco dinero
Por otra parte, el coste total del Sistema Nacional de Dependencia (SND) “para el 2015, año de su completa incorporación, se calcula en 9.355,5 millones de euros, de los que 1.778 corresponden al coste actual (19 por ciento) y 3.153 millones a las aportaciones de los beneficiarios (34 por ciento)”, informa el INCAS.
Las nuevas aportaciones, por tanto, “representan el 47 por ciento del coste total, 4.424,5 millones de euros”, añade. “Como se puede constatar, la aportación de los beneficiarios es alta, porque no sólo representa una tercera parte del coste total sino el 41,5 por ciento de las nuevas aportaciones”, concluye.
Si además se tiene en cuenta que el 47 por ciento de nuevas aportaciones es compartido con las Comunidades Autónomas, el Gobierno sólo invierte un 23,5 por ciento por este concepto, o sea menos de 1 de cada 4 euros de nueva inversión.
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