Con ayuda de las CCAA, los ayuntamientos, el sector privado y las familias, el Gobierno universalizará la red de escuelas infantiles, lo que supondrá multiplicar por cuatro la oferta de plazas para niños de 0 a 3 años, anunció en una entrevista con EFE el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.
Será una de las propuestas 'estrella' del programa electoral que en estos momentos prepara Caldera -coordinador del mismo-, junto al objetivo del pleno empleo, la modernización del país y la prevención del cambio climático.
Recalcó que la implantación de la red universal de escuelas infantiles -en un plazo de 'cuatro a ocho años'-, generará empleo y reducirá la tasa de abandono del mercado laboral debido al nacimiento de un bebé.
'Ahora hay un 25 ó 26 por ciento de plazas, por tanto se trata casi de multiplicar por cuatro su número; ese es el gran objetivo a financiar por todos: ayuntamientos, CCAA, Estado, empresas y familias'.
Tras recordar que en 2008 se duplicará el presupuesto asignado a la Ley de Dependencia -casi 1.800 millones-, Caldera avanzó a EFE que las CCAA 'ya están valorando a 150.000' de las 200.000 personas con gran dependencia previstas en 2007.
En este contexto, se mostró persuadido de que en septiembre estarán valoradas todas las personas beneficiarias de los servicios y prestaciones de esta norma, que entró en vigor el 1 de enero pasado.
'Esperamos que a partir de ese mes empiecen todos ellos a recibir las ayudas, aunque no depende del Estado, sino de las comunidades autónomas', algunas de las cuales 'han ido más rápidas en el nombramiento de los equipos de valoración y selección de personal'.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales explicó, por otro lado, que la cuantía determinada en el proyecto de ley que regulará una prestación económica por nacimiento de hijo 'no es una cantidad caprichosa' sino que responde a los recursos públicos disponibles.
'Esto vale mucho dinero, cuesta 1.200 millones de euros al año, y no hay recursos infinitos. Los grupos parlamentarios tienen que entender que es una cantidad muy pensada y ajustada, pero es el Parlamento el que tiene que decidir. El Gobierno ha enviado su texto y lo va a defender pensando que es el mejor y que es viable'.
El ministro también consideró muy positivas las políticas desplegadas por el Gobierno para combatir la llegada de inmigrantes irregulares que -según dijo- se ha reducido 'de forma notable' con respecto al año pasado.
Entre estas actuaciones destacó la 'intensa colaboración' establecida con los países del África subsahariana, de donde acaba de regresar de una visita a Mauritania y Mali -los pasados días 25 y 26 de julio- y al que volverá los próximos días 8 y 9 de agosto, esta vez a Gambia y Guinea Bissau.
Tras ensalzar la labor del Ejecutivo en las repatriaciones de inmigrantes subsaharianos a sus países de origen, 'nunca conseguidas antes', concluyó que el año pasado 'fue el primero en el que entró más personas legales que ilegales desde 1998, o sea que el fenómeno se está ordenando de manera razonable'.
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