La patronal de las residencias calcula el gasto para los casos graves en 1.800 euros al mes.
El Ministerio dice que «todos los ciudadanos tienen derecho a que se les evalúe ya»
Sólo cuatro de las diecisiete comunidades autónomas están aplicando la Ley de Dependencia. Así lo denuncia la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) -que aglutina 144.000 plazas residenciales, más de 72.000 usuarios de ayuda domiciliaria y 200.000 de teleasistencia, y tiene presencia en todas las comunidades autónomas-, desde donde se expresó gran preocupación por el desarrollo de una norma que «cinco meses después de su aprobación, carece de definición del nivel mínimo garantizado y financiado íntegramente por el Estado». La respuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ante esta denuncia no se ha hecho esperar: desde el pasado 23 de abril, «todos los ciudadanos tienen derecho a que se evalúe ya su grado de autonomía». Pero además el Ministerio asegura que así se está haciendo en todo el territorio español, no le consta ninguna queja al respecto, y de la FED lo define como «presunta patronal de residencias de mayores» vinculada «al PP».
800 euros más
Mientras, este colectivo empresarial mantiene que la ley sólo tendrá sentido cuando se desarrolle completamente su reglamento. Los presidentes de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia, Alberto Echevarría, de la Asociación Madrileña de la FED, Ignacio Fernández-Cid, y el de la Asociación Castellano Manchega, Miguel Ángel Vargas, precisaron que primero hay que ver las necesidades de los dependientes y después asignar recursos, y dijo que la cantidad necesaria para atender a un gran dependiente rondaría los 1.800 euros mensuales. Actualmente, el Estado destina una media de 1.014 euros mensuales a cada uno de los grandes depedientes. Para Alberto Echevarría el criterio de asignar una cantidad económica va en contra de la filosofía de prestación de servicio de la Ley de Dependencia, y que la cantidad mínima garantizada de 250 euros al mes designada para un gran dependiente -8 euros por día- «no garantiza la atención básica». También consideró inquietante la atención a los dependientes y dijo que «no es asumible» que lo cuidados que necesite un gran dependiente lo realicen personas que «no tienen una preparación adecuada», y recordó que desde la Federación se estima necesario que ésta, siempre que sea posible, se realice en sus hogares. Añadió que los cuidadores informales son necesarios, pero no para todo tipo de dependencias.
Preocupación patronal
La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) expresó su preocupación ante el desarrollo de la Ley de Dependencia, cinco meses después de su aprobación, y dijo que «falta definición del nivel mínimo garantizado y financiado íntegramente por el Estado», en una rueda de prensa celebrada ayer. Los presidentes de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia, Alberto Echevarría, de la Asociación Madrileña de la FED, Ignacio Fernández-Cid, y el de la Asociación Castellano Manchega, Miguel Ángel Vargas, coincidieronh en destacar la importancia del desarrollo reglamentario de la Ley de Dependencia, para «estar realmente ante el cuarto pilar» del Estado del Bienestar necesario para completar el modelo social del Estado que consagra la Constitución española.
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