El Congreso de los Diputados ha acordado solicitar al Gobierno el aumento de la financiación prevista para la Ley de Dependencia, por encima incluso de lo aprobado en el último Consejo Interterritorial, así como implantar medidas que permitan la progresiva distribución territorial del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas destinado a fines sociales.
La enmienda, apoyada por todos los grupos a excepción del PP, reclama "aumentar la previsión presupuestaria en la memoria de la ley para garantizar el nivel mínimo de servicios y prestaciones" (aquel que fija una atención básica para todos los dependientes) e "incrementar para el ejercicio 2009 los recursos previstos aprobados en el Consejo Interterritorial para la financiación del nivel acordado con las comunidades autónomas".
Además, en el texto, pactado por socialistas y republicanos, se insta a dicho consejo a estudiar que en los Presupuestos Generales del Estado estén "separadas las partidas destinadas a financiar el nivel mínimo de aquellas otras establecidas para sufragar el nivel acordado con las autonomías".
El diputado de ERC Joan Tardà aplaudió esta separación porque "hasta ahora el presupuesto del Gobierno para hacer convenios con las comunidades autónomas estaba siendo comido por el nivel mínimo, que necesitaba más dinero" para garantizar las prestaciones básicas a los dependientes.
Otro de los puntos insta al Ejecutivo a "establecer medidas y criterios que permitan un proceso gradual de distribución territorial entre las comunidades autónomas de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, destinado a fines sociales, con efectos en la próxima convocatoria".
En este sentido, la moción aboga por la participación de los gobiernos autonómicos "en la gestión que la Administración General del Estado realiza con lo recaudado". "Cataluña es la comunidad en la que más se marca la casilla de fines sociales, pero también es la comunidad en la que menos revierten estas aportaciones al erario público. Después de años de batalla, el Gobierno reconoce que hay que ir a una territorialización para un reparto más justo", aseveró Tardà.
Por el contrario, el diputado del PP Miguel Barrachina aseguró que el Gobierno está realizando una "gestión calamitosa" de la Ley de Dependencia, y agregó que la territorialización del 0,7% del IRPF supone un "golpe mortal a las ONG y al tejido asociativo".
No hay comentarios:
Publicar un comentario